La primera y más importante
tarea de las fuerzas democráticas de México, en este momento, frente al nuevo
gobierno, es la lucha por restablecer la vigencia de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, y por la aplicación de sus postulados más avanzados
en beneficio del pueblo:
Restablecer la vigencia de
las normas que contienen las garantías individuales, muchas de ellas canceladas
o conculcadas por los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. De manera
inmediata derogar aquellas figuras que niegan en la práctica el ejercicio de
esas garantías.
Exigir la vigencia de las
garantías sociales, como la establecida en el artículo tercero en materia de
educación, aplicando sus postulados filosóficos. Las que contiene el artículo cuarto
de la misma Ley Suprema: derecho a la alimentación nutritiva, derecho a la
protección de la salud, derecho a un medio ambiente sano, derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, derecho a
disfrutar de una vivienda digna y decorosa.
Exigir la vigencia plena de
los derechos de la niñez que contiene la misma disposición constitucional, así
como el derecho al acceso a la cultura, el derecho a la cultura física y a la
práctica de los deportes.
Cualquier declaración o
acuerdo gubernamental que no se oriente claramente a conseguir que las
garantías individuales y sociales se
cumplan y apliquen, cae en el terreno de la demagogia.
Además debe respetarse el
contenido de los artículos 24 y 130, para que el clero se abstenga de
intervenir en la vida política y se concrete a la función que le es propia.
Por salud de la República es
urgente el restablecimiento de los mandatos del artículo 27 constitucional en
materia de petróleo y electricidad, cancelando los contratos otorgados a
intereses privados en violación de esa norma. Hay que restablecer la soberanía
plena en materia energética, y combatir, con firmeza, las intenciones del
gobierno federal que pretende desnacionalizar la riqueza petrolera y privatizar
Pemex.
A Pemex hay que rescatarlo de
las garras de las empresas petroleras extranjeras que ya lo penetraron por las
acciones fraudulentas y anticonstitucionales desde el poder público; rescatarlo
de la corrupción, privada y gubernamental, que materialmente han saqueado a
dicha empresa, desde 1982, y robado la renta petrolera propiedad de los
mexicanos, y parar la sangría que significa el robo descarado de los fluidos de
gas y petróleo, sin que el gobierno haga nada, ubicándose como cómplice de los
delincuentes.
Las fuerzas democráticas
tienen también la tarea impostergable de luchar para derogar la contrarreforma
laboral, aprobada por panistas y priistas recientemente, que es violatoria del
artículo 123 de la Carta Magna y de instrumentos internacionales en materia
laboral.
Es contradictorio o más bien
demagógico que por una parte se hayan aprobado las reformas reaccionarias a la Ley
del Trabajo, que no generarán los empleos que se requieren, que institucionaliza
los salarios de hambre, que revive el trato que los trabajadores recibían
durante la dictadura de Porfirio Díaz, y, por otra, se diga que se va a combatir la pobreza. “Combatir”
la pobreza con bajos salarios, derivados de esa contrarreforma, muestra la
verdadera concepción del nuevo gobierno.
Además, debe rescatarse la
seguridad social de manos de los mercaderes inescrupulosos y restablecer el
sentido solidario con que se concibió. La privatización de la seguridad social
es un crimen de lesa patria.
En política exterior urge restablecer
los principios históricos que señala el artículo 89 de la Constitución
nacional, abandonando los sueños de gran potencia que ocultan la pobreza, la
miseria y la pérdida de soberanía generadas por 30 años de neoliberalismo.
También
hay que decir que el nuevo gobierno no va a rescatar ningún liderazgo en
América Latina si sigue sujeto a los yanquis y si aplica medidas neoliberales
que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos están abandonando.
Antes de proponerse convertir
a México en una potencia mundial, o un país de clase media hay que rescatar a
los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la miseria.
Por un sentido elemental de
dignidad nacional, el gobierno federal tiene la obligación de expulsar del país
a las policías yanquis que se encuentran en el territorio nacional en violación
flagrante de la soberanía nacional, investigar y castigar la felonía de los
funcionarios traidores que han permitido la injerencia yanqui en cuestiones que
sólo competen a los mexicanos.
Hay
que precisar que el prestigio de México en la arena internacional no la
construyó el PRI como partido. Se construyó fundamentalmente con dos gobiernos
ejercidos con sentido popular y nacional: el gobierno de Lázaro Cárdenas,
emanado del Partido de la Revolución Mexicana, que por sus principios y lucha
no era el PRI, con una actitud anticolonial, antimperialista, antifascista,
solidario con las luchas de los pueblos por la independencia, la soberanía y el
progreso social, y el gobierno de López Mateos, también anticolonial y
antimperialista que, entre otras cosas, mostró firmeza solidaria con Cuba al
negarse a romper relaciones con el naciente gobierno socialista encabezado, en
la Isla, por Fidel Castro.
Esos
gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, condujeron una política
internacional digna de un pueblo que proclamó y reclamó principios
fundamentales en la convivencia mundial. En las relaciones internacionales no
se comportaban como vulgares mercaderes, promoviendo los intereses de los
sectores acaudalados, como sí ocurrió con todos los gobiernos neoliberales
desde 1982.
Recatar
esa presencia de México a nivel internacional no será posible si, además, no se
ejerce con dignidad y respeto el gobierno en el interior del país, si se
reprimen las manifestaciones justas de los jóvenes que representan la
indignación de millones de mexicanos. La represión de la protesta
social constituye un acto de provocación y un mensaje dictatorial que los
mexicanos rechazamos con la mayor energía.
En materia del crimen
organizado y la brutal inseguridad que sufre el pueblo, hay que impedir -por
dignidad y vigencia plena de nuestra soberanía como nación- que los yanquis
sigan metiendo las manos, en una abierta actitud intervencionista, consentida y
auspiciada por los neoliberales, en cuestiones exclusivas de los mexicanos.
Rechazar con energía y
firmeza que México siga siendo tratado como conejillo de indias en materia de
narcotráfico. Se debe entender que son los yanquis, a través de sus múltiples
agencias de espionaje y desestabilización, los que administrar el gran negocio
que representan la producción, la comercialización y el consumo de drogas.
Los gringos han colombianizado
a México, y le han impuesto una guerra que no resuelve ni resolverá el
problema, sino que lo agravará. Los yanquis ponen las armas y México pone los
muertos. Los yanquis saben quiénes son y dónde están los grandes capos, por eso
cuando les conviene los detienen sin disparar un tiro.
Los yanquis le han dado a
México el trato que le dan a Afganistán y Paquistán. La guerra conviene a los
gringos, está en sus intereses económicos y políticos que esa guerra desastrosa
continué.
Los cómplices de los gringos como
Felipe Calderón y su gobierno merecen ser juzgados y castigados con severidad
ejemplar. Si quienes deben hacerlo no actúan contra los responsables de casi
cien miel muertes y miles de desparecidos y desplazados; si se deja impune la
conducta traidora de quienes consintieron que México haya sido invadido por las
armas yanquis; si no se castigan los delitos cometidos desde el poder público contra
el pueblo y la Nación se estará invitando al pueblo para que tome justicia por
su propia mano.
En cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales, -si el gobierno ajusta sus actos a los mandatos de la
Constitución nacional- debe retirar inmediatamente al ejército y a la Marina de
las funciones policíacas que, de manera anticonstitucional, les otorgó el
gobierno reaccionario de Calderón, pues son funciones ajenas a su competencia y
con ello han invadido facultades que la Constitución confiere a otros órganos
del Estado.
En materia fiscal sería
criminal que se aumente el IVA y se generalice a los alimentos y medicamentos.
De nada servirá el llamado sistema universal de salud si la mayoría de los
mexicanos no tienen acceso a la asistencia médica y a un cuadro básico de
medicamentos, así como a una alimentación sana. Por hoy, y visto el contenido
del articulo cuarto de nuestra Constitución cualquier medida o impuesto que
haga nugatorio el derecho a la alimentación y a la salud debe rechazarse de plano
por ser anticonstitucional y antipopular.
En el terreno fiscal hay que
combatir cualquier intento de seguir gravando el consumo. Hay que gravar al
capital, que ha amasado cuantiosas fortunas a costa del hambre, la salud y la
vida misma del pueblo.
Restablecer la vigencia del
mandato constitucional -burlado de mil maneras por los funcionarios públicos y
los intereses privados- según el cual los mexicanos deben contribuir de acuerdo
con su capacidad económica. Como ya se dijo en el pasado con mucha insistencia
y total claridad: que pague más el que más tiene, que pague menos el que menos
tiene y que nada pague el que nada tiene. Y por un elementa sentido de
justicia, derogar todas las disposiciones que otorgan privilegios a los
adinerados, muchos de los cuales no pagan impuestos, y cuando los pagan se los
regresan. Son principios elementales de justicia social.
Como de elemental justicia
social es atender la vida de los campesinos mexicanos, abandonados por los
neoliberales a su suerte y a sus recursos, y no se diga a los ejidatarios
obligados por los tecnócratas a malbaratar sus parcelas para sobrevivir, sin
ninguna posibilidad de tener acceso al crédito porque el sistema bancario
entregado por los tecnócratas al intereses extranjeros se los niega.
Como se aprecia por lo
expuesto, no se trata de un programa, sino de acciones urgentes e inmediatas
que las fuerzas democráticas deben impulsar y, de esa manera, cerrar el paso a
los intentos gubernamentales de cancelar el debate nacional mediante acuerdos
cupulares.