jueves, 6 de diciembre de 2012

TAREAS URGENTES DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS DE MÉXICO




La primera y más importante tarea de las fuerzas democráticas de México, en este momento, frente al nuevo gobierno, es la lucha por restablecer la vigencia de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y por la aplicación de sus postulados más avanzados en beneficio del pueblo: 


Restablecer la vigencia de las normas que contienen las garantías individuales, muchas de ellas canceladas o conculcadas por los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. De manera inmediata derogar aquellas figuras que niegan en la práctica el ejercicio de esas garantías.

Exigir la vigencia de las garantías sociales, como la establecida en el artículo tercero en materia de educación, aplicando sus postulados filosóficos. Las que contiene el artículo cuarto de la misma Ley Suprema: derecho a la alimentación nutritiva, derecho a la protección de la salud, derecho a un medio ambiente sano, derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

Exigir la vigencia plena de los derechos de la niñez que contiene la misma disposición constitucional, así como el derecho al acceso a la cultura, el derecho a la cultura física y a la práctica de los deportes.

Cualquier declaración o acuerdo gubernamental que no se oriente claramente a conseguir que las garantías  individuales y sociales se cumplan y apliquen, cae en el terreno de la demagogia.

Además debe respetarse el contenido de los artículos 24 y 130, para que el clero se abstenga de intervenir en la vida política y se concrete a la función que le es propia.

Por salud de la República es urgente el restablecimiento de los mandatos del artículo 27 constitucional en materia de petróleo y electricidad, cancelando los contratos otorgados a intereses privados en violación de esa norma. Hay que restablecer la soberanía plena en materia energética, y combatir, con firmeza, las intenciones del gobierno federal que pretende desnacionalizar la riqueza petrolera y privatizar Pemex.

A Pemex hay que rescatarlo de las garras de las empresas petroleras extranjeras que ya lo penetraron por las acciones fraudulentas y anticonstitucionales desde el poder público; rescatarlo de la corrupción, privada y gubernamental, que materialmente han saqueado a dicha empresa, desde 1982, y robado la renta petrolera propiedad de los mexicanos, y parar la sangría que significa el robo descarado de los fluidos de gas y petróleo, sin que el gobierno haga nada, ubicándose como cómplice de los delincuentes.

Las fuerzas democráticas tienen también la tarea impostergable de luchar para derogar la contrarreforma laboral, aprobada por panistas y priistas recientemente, que es violatoria del artículo 123 de la Carta Magna y de instrumentos internacionales en materia laboral.

Es contradictorio o más bien demagógico que por una parte se hayan aprobado las reformas reaccionarias a la Ley del Trabajo, que no generarán los empleos que se requieren, que institucionaliza los salarios de hambre, que revive el trato que los trabajadores recibían durante la dictadura de Porfirio Díaz, y, por otra, se diga  que se va a combatir la pobreza. “Combatir” la pobreza con bajos salarios, derivados de esa contrarreforma, muestra la verdadera concepción del nuevo gobierno.

Además, debe rescatarse la seguridad social de manos de los mercaderes inescrupulosos y restablecer el sentido solidario con que se concibió. La privatización de la seguridad social es un crimen de lesa patria.

En política exterior urge restablecer los principios históricos que señala el artículo 89 de la Constitución nacional, abandonando los sueños de gran potencia que ocultan la pobreza, la miseria y la pérdida de soberanía generadas por 30 años de neoliberalismo.

También hay que decir que el nuevo gobierno no va a rescatar ningún liderazgo en América Latina si sigue sujeto a los yanquis y si aplica medidas neoliberales que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos están abandonando.

Antes de proponerse convertir a México en una potencia mundial, o un país de clase media hay que rescatar a los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la miseria.

Por un sentido elemental de dignidad nacional, el gobierno federal tiene la obligación de expulsar del país a las policías yanquis que se encuentran en el territorio nacional en violación flagrante de la soberanía nacional, investigar y castigar la felonía de los funcionarios traidores que han permitido la injerencia yanqui en cuestiones que sólo competen a los mexicanos.

Hay que precisar que el prestigio de México en la arena internacional no la construyó el PRI como partido. Se construyó fundamentalmente con dos gobiernos ejercidos con sentido popular y nacional: el gobierno de Lázaro Cárdenas, emanado del Partido de la Revolución Mexicana, que por sus principios y lucha no era el PRI, con una actitud anticolonial, antimperialista, antifascista, solidario con las luchas de los pueblos por la independencia, la soberanía y el progreso social, y el gobierno de López Mateos, también anticolonial y antimperialista que, entre otras cosas, mostró firmeza solidaria con Cuba al negarse a romper relaciones con el naciente gobierno socialista encabezado, en la Isla, por Fidel Castro.

Esos gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, condujeron una política internacional digna de un pueblo que proclamó y reclamó principios fundamentales en la convivencia mundial. En las relaciones internacionales no se comportaban como vulgares mercaderes, promoviendo los intereses de los sectores acaudalados, como sí ocurrió con todos los gobiernos neoliberales desde 1982.

Recatar esa presencia de México a nivel internacional no será posible si, además, no se ejerce con dignidad y respeto el gobierno en el interior del país, si se reprimen las manifestaciones justas de los jóvenes que representan la indignación de millones de mexicanos. La represión de la protesta social constituye un acto de provocación y un mensaje dictatorial que los mexicanos rechazamos con la mayor energía.

En materia del crimen organizado y la brutal inseguridad que sufre el pueblo, hay que impedir -por dignidad y vigencia plena de nuestra soberanía como nación- que los yanquis sigan metiendo las manos, en una abierta actitud intervencionista, consentida y auspiciada por los neoliberales, en cuestiones exclusivas de los mexicanos.

Rechazar con energía y firmeza que México siga siendo tratado como conejillo de indias en materia de narcotráfico. Se debe entender que son los yanquis, a través de sus múltiples agencias de espionaje y desestabilización, los que administrar el gran negocio que representan la producción, la comercialización y el consumo de drogas.

Los gringos han colombianizado a México, y le han impuesto una guerra que no resuelve ni resolverá el problema, sino que lo agravará. Los yanquis ponen las armas y México pone los muertos. Los yanquis saben quiénes son y dónde están los grandes capos, por eso cuando les conviene los detienen sin disparar un tiro.

Los yanquis le han dado a México el trato que le dan a Afganistán y Paquistán. La guerra conviene a los gringos, está en sus intereses económicos y políticos que esa guerra desastrosa continué.

Los cómplices de los gringos como Felipe Calderón y su gobierno merecen ser juzgados y castigados con severidad ejemplar. Si quienes deben hacerlo no actúan contra los responsables de casi cien miel muertes y miles de desparecidos y desplazados; si se deja impune la conducta traidora de quienes consintieron que México haya sido invadido por las armas yanquis; si no se castigan los delitos cometidos desde el poder público contra el pueblo y la Nación se estará invitando al pueblo para que tome justicia por su propia mano.

En cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, -si el gobierno ajusta sus actos a los mandatos de la Constitución nacional- debe retirar inmediatamente al ejército y a la Marina de las funciones policíacas que, de manera anticonstitucional, les otorgó el gobierno reaccionario de Calderón, pues son funciones ajenas a su competencia y con ello han invadido facultades que la Constitución confiere a otros órganos del Estado.

En materia fiscal sería criminal que se aumente el IVA y se generalice a los alimentos y medicamentos. De nada servirá el llamado sistema universal de salud si la mayoría de los mexicanos no tienen acceso a la asistencia médica y a un cuadro básico de medicamentos, así como a una alimentación sana. Por hoy, y visto el contenido del articulo cuarto de nuestra Constitución cualquier medida o impuesto que haga nugatorio el derecho a la alimentación y a la salud debe rechazarse de plano por ser anticonstitucional y antipopular.

En el terreno fiscal hay que combatir cualquier intento de seguir gravando el consumo. Hay que gravar al capital, que ha amasado cuantiosas fortunas a costa del hambre, la salud y la vida misma del pueblo.

Restablecer la vigencia del mandato constitucional -burlado de mil maneras por los funcionarios públicos y los intereses privados- según el cual los mexicanos deben contribuir de acuerdo con su capacidad económica. Como ya se dijo en el pasado con mucha insistencia y total claridad: que pague más el que más tiene, que pague menos el que menos tiene y que nada pague el que nada tiene. Y por un elementa sentido de justicia, derogar todas las disposiciones que otorgan privilegios a los adinerados, muchos de los cuales no pagan impuestos, y cuando los pagan se los regresan. Son principios elementales de justicia social.

Como de elemental justicia social es atender la vida de los campesinos mexicanos, abandonados por los neoliberales a su suerte y a sus recursos, y no se diga a los ejidatarios obligados por los tecnócratas a malbaratar sus parcelas para sobrevivir, sin ninguna posibilidad de tener acceso al crédito porque el sistema bancario entregado por los tecnócratas al intereses extranjeros se los niega.

Como se aprecia por lo expuesto, no se trata de un programa, sino de acciones urgentes e inmediatas que las fuerzas democráticas deben impulsar y, de esa manera, cerrar el paso a los intentos gubernamentales de cancelar el debate nacional mediante acuerdos cupulares.