LUCHAR CONTRA LA IMPOSICIÓN Y CONTRA EL NEOLIBERALISMO

Es evidente que la cúpula del PRI apuesta a la desmovilización de las fuerzas que rechazan la imposición. También le apuesta a la impunidad y al olvido. Y a pesar de los sectores populares que lo conforman sigue pensando que estamos en el siglo XX.

También se aprecia que en tres semanas se ha diluido la figura de Peña Nieto como el vencedor –con la legalidad en entredicho y la legitimidad perdida- de las elecciones presidenciales. En amplios sectores sociales se ha consolidado la percepción de que se trata de una imposición de los grandes intereses económicos. La elección presidencial está, hoy, más que desprestigiada a nivel nacional e internacional.

Al mismo tiempo, la irritación social crece cada día ante el cúmulo de elementos que confirman, para grandes sectores de la población, la certeza de un fraude de enormes proporciones. Un fraude que se realizó antes y durante el proceso electoral, es decir, ya no se consumó estrictamente en las urnas, y sin embargo se volvieron a dar el día de la elección antiguas artimañas, donde el PRI, ”maestro del fraude” (Peña Nieto dixit) superó con mucho a sus alumnos (el PAN se rindió frente a su maestro, decía con sorna un estudiante universitario). El resultado fue la burla a la voluntad ciudadana.

En este ambiente, el IFE y el TRIFE desarrollan su actividad en medio del mayor desprestigio y de la más amplia desconfianza ciudadana. Gran parte de la opinión pública considera, además, que esos organismos electorales están al servicio del PRI, con la complicidad abierta del PAN, y que todos ellos están jugando con fuego, porque a ninguno importa provocar un incendio nacional con tal de que los neoliberales conserven el poder.

Llamar a la cordura y a la sensatez a esas instituciones y a esos partidos sería una ingenuidad. Están dispuestos a llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias, por el tipo de intereses que representan, contrarios a los del pueblo.

Los dinosaurios panistas están apostando las mismas cartas que el PRI. Fernández de Ceballos (verdadera voz de ultratumba en las condiciones actuales), un ser repulsivo, antediluviano y fascistoide, se convierte en vocero de ambos partidos al entrar cínicamente al terreno de las descalificaciones contra la movilización social, contra el #YoSoy132 y contra el movimiento progresista de López Obrador.

El panista ha recibido enormes beneficios del neoliberalismo como para quedarse callado.

Destaca que la lucha contra la imposición ha dejado de tener carácter nacional para insertarse en el movimiento internacional antineoliberal. Es una batalla que encaja en los grandes movimientos del mundo en contra del neoliberalismo, que fortalece ese gran frente mundial y que se nutre de la solidaridad de los millones de ciudadanos del mundo que se encuentran en lucha. Esta es una gran fortaleza.

Para muchos mexicanos, al lado de la demanda por invalidar la elección presidencial, el gran movimiento social tiene que plantearse un programa mínimo inmediato para reconstruir a la nación mexicana, destruida por los neoliberales fundamentalistas que mal gobiernan este país desde 1982, durante largos 30 años, un tiempo similar al de la dictadura porfiriana.

Rescatar la vigencia de la Constitución mexicana sería una de sus demandas fundamentales, porque significaría restablecer el Estado Laico; otorgar a la educación pública el papel rector en el desarrollo nacional; sujetar al clero político a la soberanía estatal y restablecer el papel del Estado en el desarrollo económico, entre otras cosas.

Significará, también, parar en seco las llamadas reformas estructurales. No dar ni un paso atrás en las conquistas nacionales y populares. Ningún retroceso en la propiedad originaria de la nación sobre el suelo y el subsuelo, restableciendo la soberanía nacional en el manejo del petróleo y la electricidad. Y mantener las conquistas de los trabajadores plasmadas en el artículo 123 constitucional, sin ninguna concesión a las políticas que agreden a la clase trabajadora.

De manera muy clara y enfática el movimiento tiene que plantearse la lucha decidida contra los propósitos neoliberales de privatizar la seguridad social. Privatizar la seguridad social es un crimen de lesa patria.

Y en materia fiscal, simple y llanamente debe restablecerse el principio constitucional que obliga a los mexicanos a contribuir a los gastos públicos según su capacidad económica, y derogar, pero ya, las disposiciones que violan este mandato constitucional, al otorgar privilegios indebidos -es decir, ilícitos- a los dueños del dinero.

El movimiento social también debe incorporar a su agenda la demanda para castigar las felonías de la administración de Felipe Calderón. Nadie en su sano juicio puede decir que aquí no pasó nada cuando el panista, de manera anticonstitucional, fomentó la penetración del capital privado a Pemex y a la CFE, y utilizó al ejército en funciones de policía, sin existir el marco jurídico que le otorgue esa función.

Atender los reclamos, cada vez en mayor número, que exigen castigar a Calderón -calificado ya como el “carnicero de Morelia”- por la enorme cantidad de muertos durante su fallida administración y por haberse prestado dócilmente para que los gobiernos yanquis impusieran su política para “enfrentar” el problema del narcotráfico, convirtiendo el territorio mexicano en escenario de una cruenta guerra, como en su momento la impusieron en Colombia y en otras latitudes del mundo.

No hay que esperar más tiempo. Se impone una gran alianza de sus fuerzas democráticas para derrotar a los neoliberales. Esa gran alianza se va perfilando en las masivas, permanentes y combativas movilizaciones, que se han dado a nivel nacional e internacional contra la imposición.

Pero sólo la unión de las fuerzas políticas y sociales que luchan contra la imposición, y aquellas de clara orientación antineoliberal, le darán al pueblo la posibilidad real de derrotar a los neoliberales y lograr profundas transformaciones en beneficio de la nación y del pueblo.

PROCEDE LA NULIDAD DE LOS VOTOS OBTENIDOS MEDIANTE EL FRAUDE, NO LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN

 Desconozco el recurso de invalidez de la elección interpuesto por los partidos que postularon, como su candidato presidencial, a López Obrador, y no se requiere formar parte de alguno de ellos para entender, como patriota, la gravedad de la situación provocada por los neoliberales y los grupos de poder que han cerrado filas en torno al candidato del PRI, y que han resultado beneficiarios por los sucesivos gobiernos federales, desde 1982.

Como ciudadanos tenemos la obligación de levantar la voz, porque los atropellos cometidos contra la voluntad popular adquieren una dimensión pocas veces vista en la historia nacional. Se trata ni más ni menos de un agravio parecido al de 1988 y al de 2006, pero ahora con nuevas y novedosas agravantes que lo hace más repudiable.

Los neoliberales han metido al país en un verdadero atolladero, en un escándalo de dimensiones internacionales que nos afecta como pueblo, y que pone en peligro la incipiente vida democrática de México, herida de muerte si se consuma la imposición.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el párrafo segundo de su fracción I que el sufragio será universal, libre, secreto y directo.

Son principios constitucionales que deben observarse y, por lo tanto, deben prevalecer en todo tipo de elección, tanto federales, como estatales y municipales. Esos principios, repito son: la universalidad del voto, el voto libre, el voto secreto y el voto directo.

Que el voto sea libre significa, como se entiende, que no sea obtenido mediante presiones; que el votante no sea sujeto de violencia física o moral; que la voluntad del que sufraga no sea comprada por el dinero u otros medios.

Si se violan esos principios –y de manera especial el voto libre- se diga lo que se diga, se argumente lo que sea, no habrá elección que sea válida, o mejor dicho, los votos obtenidos  violando la libertad del voto no serán validos.

Si durante el proceso electoral se perfilaron dos bloques de fuerzas, los neoliberales y los antineoliberales, desde hace dos semanas la sociedad mexicana se ha polarizado entre los que dicen haber obtenido la victoria con procedimiento al margen de la ley, y una enorme mayoría de mexicanos que no reconocen esa supuesta victoria.

En sólo 15 días se ha ampliado la percepción en el seno de la sociedad de que el PRI recurrió a la compra de votos mediante distintos mecanismos, a pesar de que los medios de información, en su inmensa mayoría, mantienen una brutal ofensiva contra López Obrador.

También se ha clarificado para millones de personas, que generalmente permanecen ajenos a los acontecimientos de la vida política nacional, la percepción de que se trata de una imposición de los sectores económicamente poderosos.

Ha quedado claro que el madruguete del PAN, a través de Josefina Vázquez, levantando la mano a Peña Nieto el domingo 1 de julio, la actitud irresponsable del IFE señalando datos que no se sabe de donde salían, la perversión de medios de comunicación declarando la victoria del priista, la apresurada e indebida intervención  de Calderón, declarando (o legitimando, como dijo la secretaria general del PRI) a Peña Nieto como ganador, intervención que, se informa, fue grabada a las 4 de la tarde del 1° de julio sin conocer, siquiera, los resultados de las encuestas de salida, y en seguida la autoproclamación de Peña Nieto, aparte de colocarse al margen de la legalidad, abonaron para que se hable, con absoluta razón, de imposición.

Hoy existe un amplio movimiento que abarca a los partidos que postularon a López Obrador como su candidato presidencial, organizaciones sociales de origen popular, la inmensa mayoría de los integrantes del #YoSoy132, profesionistas, intelectuales, amas de casa, obreros y gentes de otras actividades económicas, que desconocen a Peña Nieto como ganador de la elección presidencial.

Nunca en la historia reciente del país se habían presentado la cantidad de protestas contra un candidato, como se presentaron contra Enrique Peña durante el proceso electoral y nunca, tampoco, después de la elección se habían dado manifestaciones masivas como las que se han presentado contra el candidato priista.

Hasta este momento los partidos que postularon a López Obrador recurren el camino legal para pedir la invalidez de la elección. Otra gran parte, la que ha realizado y mantienen la movilización –que ya han rebasado a los que plantean la invalidez- desconocen como ganador al candidato priista, y se empieza a general el movimiento que está abiertamente en contra de Peña Nieto, anunciado su decisión de oponerse a que llegue a la presidencia de la República, por el conjunto de anomalías denunciadas.

En el momento en que el movimiento, hoy disperso, acuerde una estrategia común cambiará cualitativamente la correlación de fuerzas políticas en México, y para muchos ese momento ya llegó, convocando a las fuerzas democráticas del país a unificarse para impedir que se consume esa violenta agresión a la voluntad popular. Es cuestión de tiempo.

 En esta situación se abre otra vertiente distinta a la que sostienen los partidos que plantean la invalidez de la elección. Constitucionalmente es exigible la anulación de la votación obtenida por las fuerzas políticas que recurrieron a la compra de votos, como mecanismo para ganar la elección, porque no se puede meter en el mismo costal a los  que compraron los votos y a los que no cometieron ese ilícito.

También, en las circunstancias actuales, se ha confirma la complicidad del PAN frente a las violentas agresiones a la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. A pesar de que cuenta con elementos para impugnar y demostrar esas violaciones ha reculado poniéndose a las órdenes del PRI. El si, pero no panista vuelve a manifestar, con absoluta claridad su carácter de alcahuete del neoliberalismo y peón de los oligarcas.

LAS ELECCIONES DEL ABUSO, LA HUMILLACIÓN Y LA ANTIDEMOCRACIA

  

El lunes 2 de julio se percibía un ambiente de desolación entre la gente del pueblo. No había alegría y menos entusiasmo por la “victoria” de Peña Nieto. Y se empezaron a escuchar, en todas partes, cosas verdaderamente increíbles, o al menos difíciles de creer en torno a la compra de votos: entrega de tarjetas telefónicas, entrega de dinero en efectivo, reparto de celulares, distribución entre los electores de tarjetas de la tienda Soriana, acarreo de votantes presionados.

La gente sencilla se preguntaba si las tarjetas de Soriana, entregadas por el gobierno de la entidad a los estudiantes de las escoltas ganadoras en el Estado de México, en el mes de marzo, alcanzaban para tanto, y si eran la causa de las largas colas y el desabasto de mercancías en esa tienda.

Causó verdadera indignación ver cómo abusaron de la gente de condición humilde que abarrotó las tiendas Soriana, con la angustia reflejada en sus rostros, ante los rumores de que esas tarjetas que les entregaron serían canceladas, o el coraje incontenido de quienes llevaban su mercancía con la certeza de que tenían más dinero del que les resultó en cajas.

Y empezó, no la suspicacia de la gente, sino la certeza de que se utilizaron esas tarjetas para comprar votos. Así, la información en los medios de comunicación complementó lo que ya era comidilla entre toda la gente.

De un escándalo nacional, la compra de votos se transformó rápidamente en un escándalo mundial.

 Los autores de la masiva compra de votos convirtieron a México en el hazmerreir a nivel internacional, a grado tal que desde el exterior se nos calificó simple y llanamente como una República bananera, término despectivo que se refiere a aquellos países de América Latina que, en el pasado, fueron gobernados por dictadores asesinos, a los que el pueblo despreciaba llamándoles gorilas, y que en su totalidad fueron producto de  sangrientos golpes de Estado.

La nobleza del pueblo mexicano -de sus mujeres, niños, jóvenes y adultos- humillada como pocas veces en nuestra historia. Y así de la estupefacción del domingo por la noche, en que el candidato presidencial priista fue declarado vencedor de facto y él se autoproclamó como presidente, sin esperar los términos de ley, se pasó a la indignación que desde el lunes va creciendo cada día.

A estas alturas si se prueba jurídicamente o no el fraude, puede importar a los que tengan espíritu de leguleyo, pero el pueblo mexicano tiene su propia percepción y su propia opinión, que es la que vale y, a la postre, la que cuenta.

 Lo grave, lo verdaderamente grave, lo políticamente grave es que hoy todo mundo habla de la elección presidencial corrompida por la compra masiva de votos. Bueno, hasta los niños, que ahora tienen mucha información, están enterados como nunca antes, de esa situación.

Y esto quedará como un estigma, como una mancha imposible de borrar. Quedará para siempre en los anales de la historia mexicana. Esto es, también, lo grave. Ya no se corregirá ni se borrará con una decisión judicial.

Me causó una gran impresión la conversación de unos jóvenes adolescentes que se preguntaban, palabras más, palabras menos: ¿qué sentirán las personas que ocupan un puesto de representación popular cuando saben que compraron los votos para ganar? “No creo que tengan remordimiento” contestó uno. “Entonces son unos cínicos, ¿verdad?” dijo otro.

Ahí queda la pregunta y la carga histórica de la sencilla  reflexión de estos jóvenes, así como la obligación que tienen los involucrados de responder a este que es, también, un juicio severo.

Hoy por hoy la percepción de que existió un gran fraude está en todas partes y ha penetrado hondo entre los mexicanos, en todos sus poros.

Y la percepción de que se trata de imponer a Peña Nieto en la presidencia de la República por televisa, denunciada por las maniobras evidentes desde hace meses;  la compra masiva de votos y el fraude generalizado, no sólo es la de los que están participando en las marchas masivas. Es la opinión de millones de mexicanos, y esa opinión va ganando espacios rápidamente a nivel mundial.

Y porque las elecciones tienen que ver con la voluntad popular, es decir, por no ser el tema electoral sólo una cuestión jurídica, el que está obligado, política y moralmente, a probar que no recurrió a la compra de votos es el PRI (lo que a estas alturas ya se ve imposible, por el cúmulo de pruebas reunidas), es decir, la carga de la prueba la tienen los priistas. Jurídicamente prevalece el principio general del derecho de que el que afirma o acusa, prueba. Este no es el caso, porque el respeto que debe merecer la voluntad popular rebasa con mucho lo jurídico y se establece sólidamente en el ámbito político y moral.

Por salud de la República el PRI no puede eludir esa responsabilidad y debe abandonar la actitud de barandilla de Ministerio Público.

Si no se limpia la elección, el IFE, el Tribunal Federal y los priistas, con la sucia complicidad del PAN, pueden generar una crisis política de dimensiones no conocidas, crisis que empieza a tener ya sus primeras manifestaciones.

Los representantes de ese “nuevo” PRI que no se ven por ninguna parte, muchos de ellos verdaderos párvulos de la política, cínicos, soberbios y prepotentes, tienen una gravísima responsabilidad con la nación mexicana.

 Por otra parte, Enrique Peña anunció el lunes 2 de julio que lo electoral quedaba atrás, sin haber agotado los pasos constitucionales que ponen fin al proceso electoral, y que lo que seguía eran las reformas estructurales, para lo cual formaba ya un equipo especializado para implementar la reforma energética, la laboral, la fiscal y la de la seguridad social, es decir,  las reformas neoliberales exigidas por el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, los empresarios y otras fuerzas contrarias a los intereses del pueblo.

En esa declaración está la explicación del contubernio PRI-PAN que llevó a los medios de comunicación y a Josefina Vázquez a levantarle anticipadamente la mano a Peña Nieto, y que Calderón, atropellando violentamente la legalidad, lo declarara presidente.

Como se recordará, el candidato presidencial del PRI cayó precipitadamente en posiciones de derecha, contraviniendo los documentos básicos de su partido, con las pretendidas reformas estructurales, compromiso que fue, también,  la razón de sus alianzas antinaturales con el ala ultraderechista del PAN, representada por Manuel Espino de El Yunque y el sinarquista anacrónico, Vicente Fox, y que explica, a su vez, los compromisos con el PAN de Calderón y Josefina, que de un día para otro vieron una elección limpia que no merece ser impugnada, a pesar de las denuncias contra el PRI durante la campaña.

 El silencio y la complicidad panista con el PRI, frente a los atropellos a la voluntad popular, quedan ahí también para engrosar los archivos de la ignominia.

Tiene que quedar bien claro que, en este momento, México no tiene presidente electo que haya surgido de la elección del  primero de julio. Nadie se puede ostentar como tal. Resulta un despropósito jurídico y político hacerlo.

El párrafo tercero de la fracción II del artículo 99 constitucional, en relación con las facultades de Tribunal  Electoral (Federal), establece:

“La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos”.

Resulta por demás evidente que cualquier acción que se realice en contravención a esta disposición es nula de pleno derecho y, por lo tanto, carece de validez.

En fin, que entre abusos, humillaciones, excesos, errores garrafales y pruebas que surgen como hongos cada día, se van acumulando elementos suficientes para exigir la anulación de la elección presidencial, demanda que por lo demás ya está en las calles.

¿GOLPE DE ESTADO ELECTORAL EN MÉXICO?

Esta es la crónica.

Los mexicanos presenciamos, con cierto estupor, los acontecimientos posteriores a la votación el primero de julio. Muchos nos quedamos con la sensación de que el siempre invocado y siempre violado Estado de Derecho, pasaba una vez más a formar parte del anecdotario político de este país.

Sin escrúpulos de ninguna naturaleza, distintos actores se movieron coordinadamente para violentar una vez más la legalidad electoral, pasando sobre las normas que, con gran alharaca, todos dicen respetar.

Y en el frenético, pero eso sí, bien coordinado movimiento, las encuestadoras llevaron mano: salieron precipitadamente a presentar como resultados definitivos e irreversibles los datos manipulados a favor del candidato presidencial del PRI, con una pequeña variante de las cifras abultadísimas que manejaron en toda la campaña. Ya no hablaron de 15 o 20 puntos de ventaja del priista, sino de una cómoda ventaja de 10 a 12 puntos sobre el segundo lugar. Las encuestas de salida –obvia y claramente manipuladas-marcaron la pauta de una “democrática victoria”.

Sobre esos porcentajes alterados (ilegales, podría decirse) se montó una feroz campaña, al margen de los resultados reales, que prendió, como el fuego, en los medios electrónicos, sobre todo en la radio y la tv, para declarar anticipadamente vencedor a Peña Nieto y perdedor a Andrés Manuel.

El juego de siempre de los poderosos intereses económicos que convierten en víctimas a los televidentes y radioescuchas.

Ya antes de las 8 de la noche del domingo primero de julio, sin que el prep empezara a funcionar  había, para ellos, un vencedor y un perdedor. Su sentencia era definitiva, irreversible y, por lo tanto, inatacable. Causarían envidia al Santo Oficio.

La maniobra caminaba. El PAN y su descompuesta candidata volverían a jugar el sucio papel que desempeñaron en 1988: se convirtieron en comparsas, en trabajadores eficientes -y siempre bien retribuidos- de las cañerías y los albañales. Vázquez Mota no salió a reconocer su derrota, sino a levantar la mano anticipadamente a Peña Nieto, en una actitud como la de la muchacha solícita.

La panista salió a vender el reconocimiento anticipado al candidato del PRI, cuando el prep apenas empezaba a dar alguna información sobre el resultado electoral presidencial, adelantando dos horas una conferencia que estaba anunciada para después de las 10:30 de la noche. Ya después vendrán las componendas, como ocurrió en 88; ya después se pondrán de acuerdo sobre las reformas estructurales que tanto interesan al PRI y al PAN para acabar de desmantelar a la nación mexicana, ya después apoyarán la privatización de Pemex y la CFE que está en las propuestas del priista.

Entre la aparición de Josefina y las cifras del Conteo Rápido del IFE se generó un espacio que fue cubierto por una verdadera jauría en los medios. Todos al unísono exigiendo que López Obrador reconociera ¡ya! los resultados… de las encuestadoras.

La pinza la cerraron el presidente del IFE –por cierto  miembro del PMT de Heberto Castillo- y Felipe Calderón. Zurita Valdez presentando cifras distintas a las que aparecían en el prep, que daban una diferencia de 3% entre el primero y segundo lugar.

Y sobre esas cifras Felipe Calderón tejió un discurso pronunciado con cara de alegría, declarando a Peña Nieto vencedor y próximo presidente de la República. Se constituyó así en máxima autoridad electoral sustituyendo en sus funciones al Tribunal Federal Electoral, cuya declaratoria, si es que todavía la hace, ya no tendrá ninguna importancia, aunque haya quienes le atribuyan validez jurídica.

Sin embargo cuando las cosas habían llegado a este nivel, se podría esperar una intervención de Peña Nieto, dentro de la legalidad, mesurada, con absoluto respeto a las leyes que norman los procesos electorales y a las instituciones encargadas de realizarlos.

Pero para sorpresa de muchos, Enrique Peña culminó lo que algunos comentaristas consideran un golpe electoral de Estado. El priista se autoproclamó presidente sin esperar “el largo proceso que aún falta” (el entrecomillado es una expresión textual del presidente del IFE en una entrevista con un canal de TV el lunes 2 de julio por la mañana), es decir, los cómputos distritales del miércoles 4 de julio, y menos esperar la declaratoria  del Tribunal Federal Electoral.

Quien tenga duda puede buscar en la red el discurso que pronunció donde se asume ya como presidente de la República, sin  serlo.

Y los cómputos distritales que lo declaran vencedor, ¿dónde están? Y la declaratoria del Tribunal Federal Electoral, ¿dónde queda? Se cancela así la culminación del proceso electoral. Es un acto de fuerza que violenta la Constitución y las leyes electorales.

Avasallar al adversario, parece ser la consigna, así sea violando la normatividad legal. Dar, de hecho, por concluido el proceso electoral  e impedir que se presenten y prosperen los recursos ante el cúmulo de irregularidades que se denunciaron en la campaña, durante la elección y después de ésta.

Más que un acto democrático, lo que ocurrió en la tarde noche del domingo primero de julio, fue un acto de provocación. ¿Y así quieren la reconciliación nacional?