martes, 15 de mayo de 2012

BRUTAL OFENSIVA CONTRA PEMEX EN LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL


Desde 1982, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid cambió el modelo económico emanado de la Revolución Mexicana, caracterizado por la intervención del Estado en la economía, y se inició el neoliberalismo, rematando el patrimonio nacional bajo el pretexto del Estado obeso, se colocó a Pemex en el centro de las políticas depredadoras de los tecnócratas.

Ha sido permanente el trabajo de neoliberales, priistas y panistas, por destruir la empresa a través de la cual tomó cuerpo la expropiación y nacionalización del petróleo decretada por el presidente patriota, Lázaro Cárdenas.

En los dos sexenios panistas –la llamada docena trágica- el propósito por destruir a Pemex ha llegado hasta lo inimaginable. Han sido documentados infinidad de casos de corrupción cometidos por los funcionarios panistas que colocan a la empresa de los mexicanos al borde de la quiebra, o al menos con agudos problemas económicos.

También los gobiernos panistas han sido omisos en la detección de la “ordeña” de que ha sido objeto Petróleos Mexicanos. Se nota, a todas luces, la complicidad del PAN en esos hechos delictivos que atentan directamente contra el patrimonio de los mexicanos.

Y de manera abierta los panistas han continuado la política de los neoliberales priistas de entregar a particulares actividades reservadas exclusivamente a la Nación por mandato expreso del artículo 27 constitucional.

A pesar de la política antinacional seguida contra Pemex, la empresa ha aguantado 30 años de constantes saqueos, ha soportado políticas agresivas que buscan destruirla, y el propósito no confesado de entregar nuevamente la riqueza petrolera a empresas norteamericanas y, ahora a las españolas, principalmente.

Pemex sigue estando en la mira de los intereses transnacionales, pues saben que cuentan con la complicidad de los gobernantes mexicanos. Se frotan las manos –en medio de la campaña presidencial en México- al escuchar los pronunciamientos de tres de los cuatro candidatos que se declaran partidarios de abrir petróleos mexicanos a los intereses privados o de plano decididos a privatizar Pemex como lo proponen la reaccionaria y escuálida candidata del PAN o el locuaz empresario del Panal, que se ha ganado bien el calificativo de mercenario.

Quienes no hablan de privatización, pero sí de abrir Petróleos Mexicanos a la iniciativa privada, como lo hace Peña Nieto, saben bien que en México no existen empresarios con capacidad técnica para incursionar en actividades de exploración, extracción y transformación de los recursos petroleros de nuestro subsuelo.

Hablar de abrir Pemex a la inversión privada, es hablar de abrir a la empresa petrolera de los mexicanos a la inversión extranjera, concretamente a las empresas petroleras yanquis y españolas; es hablar de regresar lo que con muchos sacrificios recuperó el pueblo mexicano en 1938. Significa regresar a la política porfirista entreguista. Ni más ni menos.

Hace tiempo, cuando el Licenciado Peña Nieto ya se colocaba en las preferencias electorales, según las encuestas, el grupo que comanda Carlos Salinas de Gortari le planteo la privatización de Pemex.

El gobierno del Licenciado Peña Nieto realizó, en Toluca, los Foros de Reflexión “Compromiso por México” (que aparecieron en internet y se encuentran publicados en una edición especial). Precisamente en materia económica y particularmente en materia energética aparecen las intervenciones de tres conocidos y reconocidos neoliberales salinistas: Pedro Aspe Armella, Guillermo Ortiz y Francisco Gil Díaz quienes desfachatadamente pontificaron sobre la urgencia de penetrar la empresa estatal con capital privado, vale decir, desnacionalizar lo que queda de Pemex.

Precisamente ese es el sentido que tiene la demanda de la llamada reforma  en materia energética, que junto con la laboral y la fiscal, integran las tres “reformas estructurales” (siempre el lenguaje pedante de los neoliberales) que tienen como bandera para terminar de privatizar electricidad y petróleo, desaparecer las conquistas y derechos fundamentales de la clase obrera mexicana y sacar sangre  de los pobres para inyectarla al sistema fiscal. Ya hasta el Nobel de Economía 2008, Paul Krugman les dijo que México, más que reformas estructurales –que ya mostraron su ineficiencia para promover el crecimiento económico- necesita poner énfasis en atacar el problema de la pobreza y la desigualdad social.

Bien. La punta de lanza de ese grupo neoliberal que ha cercado al candidato presidencial del PRI es Luis Videgaray Caso, un funcionario obscuro en el gobierno de Peña Nieto, tecnócrata por origen, formación e inclinación política, preparado en la universidad privada, que de la noche a la mañana se convirtió en el “hombre detrás de Peña Nieto” según un periódico yanqui, publicación que también lo califica como  “el mexicano más influyente que casi nadie conoce” y “ el verdadero cerebro detrás del priista” menospreciando al equipo cercano del candidato priista.

Videgaray es hechura de Pedro Aspe Armella y responde claramente a la política del grupo neoliberal salinista cuyos integrantes, a estas alturas, han ingresado al grupo de la tercera edad, pero tan tercos en sus políticas antinacionales como en sus tiempos de gobierno.

Por cierto que Videgaray sintiéndose ya Secretario de Hacienda, en un lapsus intencional que expresa su verdadero sentir, y quizá con el propósito de medir la resistencia de los mexicanos, además de que carece de experiencia política y no tiene absolutamente una inclinación social, dejó ver lo que a su juicio debe hacerse en México.

Ahí, a mediados de marzo pasado, lo dicho por Luis Videgaray corrió como un reguero de pólvora. Dijo que una reforma fiscal de Peña Nieto incluiría gravar con el IVA alimentos y medicinas, lo que permitiría elevar fuertemente la recaudación tributaria, y amenazó con implementar una gran reforma al inicio de la administración, refiriéndose al tema fiscal y energético, según la agencia Reuter, aunque luego le enmendaron la plana los priistas, en cuyos sectores populares causó molestia. Sin embargo la amenaza sigue viva.

La terquedad de llevar la inversión privada (es decir, la inversión de las petroleras extranjeras) a Pemex coincide, en esencia, con la demanda histórica de los panistas para desmantelar a Petróleos Mexicanos, demanda a la que se une de manera  desparpajada e irresponsable Quadri que, además dejó ver, en el llamado debate, sus inclinaciones fascistoides al plantear que en México se organice una policía como la de los  carabineros de Chile,  que ha reprimido los movimientos populares en aquel país.

El grupito de neoliberales cercano al candidato presidencial del PRI debería leer con cuidado el decreto de nacionalización de las acciones de Repsol en Argentina. Ahí se da cuenta de las maniobras que realizó esa empresa española, sin importarle los intereses del pueblo argentino.

Las petroleras, señores Aspe, Ortíz, Gil Diáz y Videgaray no son hermanas de la caridad. Siempre han saqueado los recursos naturales de los países donde se instalan. No se hagan los ingenuos.

sábado, 5 de mayo de 2012

EL IFE INSINÚA QUE SE VIOLE LA CONSTITUCIÓN


Los neoliberales han arreciado la ofensiva contra Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. En el marco de la campaña presidencial se multiplicaron las publicaciones donde “recomiendan” que México entregue petróleo y electricidad a la iniciativa privada (léase: capital extranjero). Y hasta el órgano electoral se presta al juego.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE (que preside un neoliberal de origen mexicano) han echado la carne al asador para lograr sus propósitos.

Los mexicanos no debemos bajar la guardia en la defensa de nuestros energéticos.

Viendo las preguntas que les formularán a los candidatos presidenciales, en el debate del domingo 6 de mayo, el IFE deja ir, como quien no quiere la cosa, una pregunta mal intencionada o con toda la intención para empujar la desnacionalización de PEMEX y de la CFE.

Por esta razón envié, de manera individual, a los consejeros del Instituto Electoral el correo electrónico con el siguiente texto:



C. Consejero del IFE

Al leer las preguntas que harán a los candidatos presidenciables en el debate de mañana, me parece muy lamentable que se les formule la siguiente:

4.1. ¿Considera usted conveniente permitir la inversión privada en PEMEX y CFE?

¿Qué no hay alguien entre quienes formularon las preguntas, o entre los responsables de publicarlas, que haya leído el artículo 27 constitucional, que reserva para la nación las actividades que señala para PEMEX y la CFE?

Ahí podrán advertir que la Constitución Nacional prohíbe expresamente la inversión privada en las actividades –remarco- que, también, de manera expresa, señala la norma. Si fuera otro el marco constitucional y legal, cabría la pregunta. En el actual no cabe.

Es vergonzoso que el IFE, como institución ciudadanizada, con facultades precisas y claras en materia electoral, se convierta en una caja de resonancia del modelo neoliberal que está exigiendo la privatización de PEMEX, que es una empresa de los mexicanos, no del gobierno.

Ojalá valore las graves implicaciones que tiene el sólo insinuar que se viole la norma constitucional invocada, cuya vigencia debe permanecer para garantizar la soberanía energética de México.

Atentamente
Lic. Alfredo Reyes Contreras
Egresado de la UNAM

martes, 1 de mayo de 2012

NACIONALIZACIÓN ELÉCTRICA EN BOLIVIA


DECRETO QUE NACIONALIZA ACCIONES DE RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL SAU.

El presidente  de Bolivia, Evo Morales promulgó, el martes primero de mayo, en Palacio de Gobierno el Decreto Supremo 1214 que nacionaliza las acciones de la Red Eléctrica Internacional SAU, en la Empresa Transportadora de Electricidad

El jefe de Estado firmó el decreto 1214 en un acto realizado en Palacio de Gobierno en conmemoración al Día Internacional del Trabajo.


El texto del decreto es el siguiente:


Considerando, que el Articulo 20 de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios, entre otros, de electricidad y es responsabilidad del Estado en todos los niveles de gobierno la provisión de este a través de entidades públicas, mixta, cooperativas o comunitarias; también establece que en los casos de electricidad y otros se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada, y su provisión debe responder a criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, eficiencia, eficacia, tarifas, equitativas y cobertura necesaria, con participación y control social.

Que el Artículo 311 del Texto Constitucional, dispone que el Estado puede intervenir en toda la cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todas las bolivianas y bolivianos.

Que el Parágrafo I del Articulo 351 de la Constitución Política del Estado, señala que el Estado asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas.

Que el Artículo 378 del Texto Constitucional, establece que las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico y es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución; la cadena productiva energética no puede estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá concesionarse, y de acuerdo con el Articulo 379, el Estado debe garantizar la generación de energía para el consumo interno.

Que el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por Decreto Supremo Nº 29272, de 12 de septiembre de 2007, establece que dentro las políticas y estrategias del Sector Eléctrico se encuentra la consolidación de la participación del Estado en el desarrollo de la industria con soberanía y equidad social.

Que el Artículo 3 del decreto Supremo Nº 29644, de 16 de julio de 2008, dispone que la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, en representación del Estado Boliviano, tiene como objetivo principal el rol estratégico la participación en toda la cadena productiva de la industria electrica, así como en actividades de importación y exportación de electricidad en forma sostenible, con criterios de promoción del desarrollo social y económico del País.

Que la empresa TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA - TDE S.A. es transportadora de electricidad del Sistema Interconectado Nacional - SIN.

Que en el marco de la Constitución Política del Estado y el Plan Nacional del Desarrollo, la política de gobierno está dirigida a recuperar el control, administración y dirección de las empresas estratégicas, entre estas la empresa transportadora de electricidad, por lo que se hace necesaria la recuperación, control, dirección y administración de la empresa transportadora de electricidad que era de propiedad del Estado.

El consejo de Ministros, se decreta:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto nacionalizar a favor de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el paquete accionario que posee la sociedad RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A.U. en la empresa TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA - TDE S.A. y las acciones en propiedad de terceros provenientes de esta sociedad.

ARTÍCULO 2.- (NACIONALIZACIÓN).- I. Se nacionaliza la totalidad de las acciones que conforman el paquete accionario que posee la sociedad RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A.U., debiéndose transferir y registrar las acciones a favor del Estado Plurinacional de Bolivia bajo la titularidad de ENDE.

II. En caso de que los accionistas señalados en el Parágrafo precedente hubieran transferido sus acciones a terceros, se nacionalizan dichas acciones en su totalidad.

III. Se instruye a ENDE pagar por el monto correspondiente al total del paquete accionario de la sociedad RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A.U. en la empresa eléctrica TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. y/o a los terceros señalados en el párrafo precedente, cuyo valor será establecido como resultado de un proceso de valuación a ser realizada por una empresa independiente contratada por ENDE en el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.

IV. El presente Decreto Supremo se constituye en un documento suficiente para acreditar la titularidad de las acciones de ENDE a la empresa nacionalizada TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A.


V. El pago del mencionado valor será efectivizado en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, deduciendo del mismo los montos que correspondieren a los conceptos señalados en el artículo del presente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 3.- (CONTROL Y ADMINISTRACIÓN). Se instruye al Gerente General de ENDE realizar todas las acciones, medidas societarias y administrativas para asumir el control, administración, dirección y operación del paquete accionario que posee la sociedad RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A.U. y/o terceros señalados en el Párrafo II del articulo precedente, con la finalidad de de dar cumplimiento al presente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 4 (CONTINUIDAD DEL SERVICIO) I. Se garantiza la continuidad y calidad del servicio del transporte y suministro de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional SIN por parte de la empresa TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A siendo responsabilidad de ENDE y de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad AE, velar por el cumplimiento de los dispuesto en el presente Decreto Supremo, en el marco de sus competencias.

II. En resguardo del interés público, el Gerente General de ENDE contará con el apoyo de la fuerza pública para garantizar la continuidad del transporte y suministro de electricidad por parte de la TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A al Sistema Interconectado Nacional SIN.

III. Las personas que de cualquier modo impidan o perturben el normal desenvolvimiento del servicio de trasporte y suministro de energía eléctrica de la empresa nacionalizada o las que incurran en actos que denoten perjuicio o detrimento a su desenvolvimiento serán denunciadas ante el Ministerio Publico y procesadas de conformidad con lo dispuesto por el Código Penal y normativa aplicable.

ARTÍCULO 5 (PASIVOS).- Los pasivos financieros, tributarios, laborales, comerciales, regulatorios, ambientales y sociales de la empresa TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A tanto exigibles como contingentes, serán deducidos del monto de las acciones a tiempo de efectuar el pago señalado en el artículo 2 del presente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 6.- (SITUACIÓN LABORAL). I. Se garantiza la continuidad laboral y demás derechos de todos los trabajadores de la empresa nacionalizada TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A., con relación a su antigüedad y demás derechos y beneficios sociales, de conformidad al Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, y demás legislación laboral y social vigente en el país.

II. Se exceptúan de la continuidad laboral dispuesta en el párrafo precedente a los funcionarios jerárquicos y directivos de la empresa TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A.

ARTÍCULO 7.- (NATURALEZA JURÍDICA). La empresa nacionalizada mediante el presente Decreto Supremo mantendrá su naturaleza jurídica de sociedad anónima, regida por el Código de Comercio hasta en tanto entre en vigencia una normativa específica que regule las empresas del Estado.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

El señor Ministro de Estado en el despacho de Hidrocarburos y Energía, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.