Dice el marxista italiano Antonio Gramsci que en política el mejor método pedagógico es la repetición. Me atengo a esta aseveración, que es correcta, para reiterar varias reflexiones sobre la situación de México, y las propuestas urgentes que deben aplicarse para superar los graves problemas que aquejan a los mexicanos.
La globalización mundial que se manifiesta en la exigencia de las grandes potencias capitalistas de nuevos y más amplios mercados, en el libre tránsito de mercancías, capitales, bienes, servicios y personas tiene, entre otro de sus objetivos, una nueva división internacional del trabajo que adjudica a los países pobres también un nuevo papel, no sólo como surtidores de materias primas y exportadores de capital, sino como receptores de plantas productivas obsoletas, lo que profundiza la brecha tecnológica entre los poderosos y los débiles, afectando peligrosamente la soberanía de éstos últimos.
Se ha dicho, con razón, que la guerras del futuro serán de carácter económico más que militar, no sólo por la lucha que se da entre las grandes potencias capitalistas, sino por la acción conjunta y concertada que realizan esas potencias para repartirse los mercados mundiales.
Particularmente el proceso globalizador exige se borren política y económicamente las fronteras de los Estados que integran la comunidad internacional. Su poder es tal que, por ejemplo, al gobierno mexicano le impusieron condiciones leoninas para aplicar el neoliberalismo es su más criminal dimensión.
Alguien llegó a señalar que algunas de las acciones de los gobiernos sometidos fueron propiamente una rendición en tiempos de “paz”.
La cada vez más amplia brecha tecnológica y científica impuesta por los poderosos, la pretensión de desaparecer las fronteras materiales y la consolidación del dominio económico sobre los países pobres, constituyen una violenta ofensiva contra la soberanía de las naciones, atributo estatal que estorba el total y absoluto dominio de los países imperialistas.
Por lo tanto cualquier programa y toda acción de las fuerzas políticas de México, particularmente aquellas que se precien de representar y defender los intereses nacionales, tiene que colocar en primer lugar un capítulo relativo a la defensa de la soberanía nacional, lo cual significa que además de luchar para mantener la integridad territorial de México, hay que hacerlo para garantizar la paz en el mundo, condición esencial para el desarrollo de los países y el progreso social de los pueblos.
La defensa de la soberanía comprende, también, la necesidad de aplicar, en las relaciones internacionales, los principios como el de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de la controversias, la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la abolición de las armas y de los ensayos nucleares, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, entre otros.
En el caso concreto de México, la defensa de la soberanía pasa por la cancelación de la impagable e incobrable deuda externa, que se ha convertido en un mecanismo de saqueo de nuestros recursos y de las riquezas generadas por los trabajadores mexicanos.
Al mismo tiempo la soberanía nacional será posible y sólo se fortalecerá si existe un importante desarrollo de las fuerzas productivas de la nación y si dejamos de ser rehenes de la inversión extranjera, la cual requiere una regulación legal de tal manera que juegue, en realidad, un papel complementario y en los renglones que lo requiera el desarrollo del país.
También es urgente que México establezca relaciones económicas y, particularmente, comerciales con todos los países del mundo en un plano de igualdad y mutuo beneficio, porque hoy estamos más sujetos y, en consecuencia, somos más dependientes de la economía norteamericana, con el peligro que esto entraña para el ejercicio real de la soberanía nacional.
Sin duda, un aspecto fundamental en los tiempos modernos que tiene que ver con la verdadera soberanía, es la capacidad tecnológica y científica para asegurar el desarrollo y el progreso. Se requiere urgentemente canalizar un elevado presupuesto, en la investigación, con recursos públicos, para desarrollar nuevas tecnologías y conocimientos en la producción de bienes y servicios.
La real y verdadera defensa de la soberanía nacional requiere abandonar el neoliberalismo, regresar a la inversión pública y planear el desarrollo económico teniendo en cuenta, en primer lugar, los intereses de la nación y del pueblo, como requiere, también, la intervención del pueblo en la aprobación de los acuerdos internacionales, muchos de los cuales lesionan sus intereses.
En fin, la defensa de la naturaleza y la cooperación más amplia a nivel internacional para impedir la degradación del medio ambiente, es otra medida que debe aplicarse para una eficaz defensa de nuestra soberanía, sin la cual ningún avance es posible.
martes, 31 de enero de 2012
domingo, 22 de enero de 2012
SE ACUSA A CARLOS SALINAS POR VIOLAR LA CONSTITUCIÓN
Trabajo Parlamentario
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Año I México D. F., martes 6 de diciembre de 1988 No. 31
SE ACUSA A CARLOS SALINAS POR VIOLAR LA CONSTITUCIÓN
La C. Presidenta: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista
El C. Alfredo Reyes Contreras: -Con la venia de la presidencia.
Honorable asamblea: el primero de diciembre, formalmente se hizo el cambio del titular del Poder Ejecutivo Federal; al tomar posesión de su cargo el nuevo titular protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
La protesta no es sólo una fórmula legal, sino un mandato constitucional para respetar y hacer cumplir la propia Constitución y las leyes que sólo tienen fuerza obligatoria si se apegan al contenido y al espíritu de la Carta Magna.
No queda a juicio de ningún funcionario, cualquiera que sea su nivel o competencia, cumplir o no cumplir la Constitución General de la República.
En el discurso pronunciado por Carlos Salinas de Gortari el pasado primero de diciembre, ante una parte de esta soberanía, dijo textualmente: "El estado moderno es aquel que mantiene transparencia y moderniza su relación con los partidos políticos, con los sindicatos, con los grupos empresariales, con la Iglesia, con las nuevas organizaciones en el campo y en las ciudades".
Al incluir como interlocutor del Estado a la Iglesia, al considerarla como la otra parte, se comete una flagrante violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un lamentable olvido de la historia nacional.
Hay que recordar, en consecuencia, el contenido de nuestra Constitución en relación con este tema, porque ella recoge, en sus normas, disposiciones esenciales derivadas de nuestra historia. Ninguna norma constitucional fue incluida por capricho o por equivocación, todas sin excepción tienen plena justificación.
El artículo 130 constitucional es una de las normas más importantes de nuestra Carta Magna, su contenido es muy claro- En su quinto párrafo dice textualmente: "La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias".
Todo mundo aunque no sea estudioso del derecho entiende el contenido de este párrafo. Las agrupaciones religiosas denominadas iglesias, no tienen ni personalidad política ni personalidad jurídica; es decir, jurídicamente, constitucionalmente, la Iglesia como persona moral, no existe en México.
Quien asume la Presidencia de la República tiene la obligación de conocer la Constitución General de la República y, en este caso, saber que para el Estado mexicano la iglesia no existe por expreso y claro mandato constitucional.
Resulta grave que el licenciado Carlos Salinas de Gortari haya dicho que el Estado moderno es aquel que mantiene trasparencia y moderniza su relación con la Iglesia, sabiendo que para el Estado mexicano la Iglesia no existe jurídicamente. Estaríamos ante el caso de violación intencional, clara y abierta a la Constitución del país, situación que por elemental sentido de respeto a la investidura de esta soberanía, no debe permitirse ni tolerarse.
(Voces.)
¡Sí soy fanático, señores de la derecha, en la defensa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos!
Aquí en esta asamblea hay diputados que conocen a fondo la Constitución y están convencidos que sólo su observancia más escrupulosa mantendrá el respecto entre los mexicanos, aun manteniendo o teniendo en cuenta sus legítimas diferencias político- ideológicas. No puede esta soberanía permitir que ante los ojos de todos y frente a los representantes de la nación se viole así nuestro código político fundamental.
(Voces.)
La C. Presidenta: Orden para atender al orador.
El C. Alfredo Reyes Contreras: -Muchas gracias, señorita presidenta por callar a los diputados de la reacción.
Además, en la ceremonia del 1o. de diciembre en este recinto de la Patria mexicana, estuvieron presentes personas que ostentan el carácter de ministros religiosos, representando a una institución que por mandato constitucional no tiene personalidad de ningún tipo; sería muy grave y sería una tremenda irresponsabilidad que el Poder Legislativo Mexicano o cualquiera de las Cámaras que lo integran hubiera girado invitación a cualquiera a esas personas: los señores Guillermo Shulemburg, Gerónimo Prigioni, Adolfo Suárez Rivera, Ernesto Corripio Ahumada, Juan Jesús Posadas Ocampo y Manuel Pérez Gil, cuyos nombres menciono para que consten en el Diario de los Debates también como violadores de la Constitución y de las leyes mexicanas.
Los ministros de los cultos en México no tienen derechos políticos, así lo establece la Constitución, no tiene ni voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.
¿Qué, también este mandato lo ignoran los que invitaron a los ministros de cultos a un acto oficial de Estado cuando en México no existe separación existe separación del Estado y la Iglesia, sino la inexistencia de ésta?
El C. Américo Ramírez Rodríguez (desde su curul): - Señora presidenta: ¿Aceptaría el orador una interpelación?
La C. Presidenta: - Un momento, señor diputado Alfredo Reyes Contreras, ¿acepta usted la interpelación del ciudadano diputado Américo Ramírez Rodríguez?
El C. Alfredo Reyes Contreras: - si quiere, que suba a la tribuna y que responda.
La C. Presidenta: -No la acepta, señor diputado.
El C. Alfredo Reyes Contreras: -¿Cómo es posible que se haya consentido la violación a la Ley de Cultos al permitir la entrada a este recinto parlamentario a unos individuos con ropas talares que los identifica como ministros de un culto?
¿Quienes son en realidad los nostálgicos que miran al pasado, que quieren volver a él, restableciendo fueros y privilegios, si no los que añoran el poder material, aquellos que gobernaron con intolerancia y con una gran inmoralidad en el siglo pasado?
¿Quienes, señoras y señores diputados, quiénes con espíritu de revancha, pretenden ahora nuevos enfrentamientos entre los mexicanos por una cuestión que el pueblo resolvió a un alto costo de vidas?
Si se abren las heridas que ocasionó la intolerancia del clero, heridas ya cerradas, ahora por la pretensión de recuperar fueros y privilegios, sería única y exclusiva responsabilidad del gobierno, que olvidándose de la historia vuelve a abrir un capítulo ya cerrado y resuelto plenamente.
Aquí, en esta Patria nuestra, cada mexicano puede tener la creencia religiosa que más le convenga, o no tener ninguna. Este derecho lo garantiza la propia Constitución y es un derecho plenamente vigente. En este país nuestro no hay problema religioso y si en el pasado lo hubo, fue porque lo creó el clero, que nunca ha cejado en su empeño de querer conducir los destinos de los mexicanos. Cuando en el siglo pasado se nacionalizaron los bienes del clero, cuando se expidieron las Leyes de Reforma, estableciendo la separación Estado Iglesia, cuando la Constitución de 1917 estableció en su texto la inexistencia de la Iglesia, el clero presentó esas medidas como antirreligiosas, trató de confundir al pueblo y en esos tres casos, hizo criminales alianzas contra la nación mexicana. No dudó nunca en derramar la sangre de los mexicanos para mantener fueros y privilegios, y no dudó en hacerlo para recuperarlos.
La modernización del Estado, señoras y señores diputados, no puede tener como base el olvido de nuestra historia, no puede tener como cimiento la violación del orden constitucional. Es respetable la creencia religiosa que cada mexicano tenga, incluyendo la que tenga el propio Presidente de la República.
El Partido Socialista, desde esta elevada tribuna, expresa su más absoluto respeto a quienes creen desde el punto de vista religioso y a quienes no creen, pero otra cosa distinta es la de permitir que una institución ajena a los intereses de la nación y del pueblo, intervenga en la vida política de la nación.
El Presidente de la República, todos los funcionarios del gobierno, deberán poner por encima de su inclinación clerical su más escrupuloso respeto a la historia nacional; deben tener presente la conducta y firmeza, el patriotismo que presidió siempre la conducta de Benito Juárez, que tanta comezón le causa a los reaccionarios.(Aplausos.)
El Partido Popular Socialista llama a todos los diputados del campo democrático presentes en esta Cámara, a los que todavía se encuentran dentro del Partido Revolucionario Institucional, a mantenerse alertas porque se inicia en México, desde las altas esferas del gobierno, una grosera agresión contra las normas fundamentales del país, que surgieron de la Revolución, que se mantienen vigentes y que presidirán la vida de los mexicanos.
Desde esta tribuna el Partido Popular Socialista expresa su más enérgico rechazo a quienes, por tener el poder en sus manos, promueven o consienten que se violente el orden constitucional.
Que no piensen los gobernantes de este país, que el pueblo mexicano carece de memoria histórica; que no piensen, que no olviden que este pueblo, forjador de una hermosa historia -por encima y en contra de los enemigos internos y externos- no se dejará sojuzgar más; que recuerden los gobernantes que el espíritu y el mandato de Benito Juárez sigue vigente, y que los emisarios del pasado, los retardatarios y contrarrevolucionarios, no echen las campanas al vuelo porque, como el pasado, el pueblo mexicano los volverá a derrotar.
Honorable asamblea:
Por las consideraciones expuestas, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, solicita a la presidencia de esta Cámara ordene una investigación a fondo sobre los hechos aquí denunciados para saber: primero, ¿quién o quiénes tienen la responsabilidad de haber invitado a los ministros de cultos que estuvieron presentes en el recinto parlamentario el pasado primero de diciembre?
Segundo, que se demande a las autoridades competentes la aplicación de las sanciones a que se han hecho acreedores quienes violaron la Constitución y la Ley de Cultos.
Firman por la fracción del Partido Socialista, los diputados Alfredo Reyes Contreras y Jesús Luján Gutiérrez. Muchas gracias.
La C. Presidenta: -Se turna esta petición de investigación del Partido Popular Socialista a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. (Versión estenográfica)
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Año I México D. F., martes 6 de diciembre de 1988 No. 31
SE ACUSA A CARLOS SALINAS POR VIOLAR LA CONSTITUCIÓN
La C. Presidenta: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista
El C. Alfredo Reyes Contreras: -Con la venia de la presidencia.
Honorable asamblea: el primero de diciembre, formalmente se hizo el cambio del titular del Poder Ejecutivo Federal; al tomar posesión de su cargo el nuevo titular protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
La protesta no es sólo una fórmula legal, sino un mandato constitucional para respetar y hacer cumplir la propia Constitución y las leyes que sólo tienen fuerza obligatoria si se apegan al contenido y al espíritu de la Carta Magna.
No queda a juicio de ningún funcionario, cualquiera que sea su nivel o competencia, cumplir o no cumplir la Constitución General de la República.
En el discurso pronunciado por Carlos Salinas de Gortari el pasado primero de diciembre, ante una parte de esta soberanía, dijo textualmente: "El estado moderno es aquel que mantiene transparencia y moderniza su relación con los partidos políticos, con los sindicatos, con los grupos empresariales, con la Iglesia, con las nuevas organizaciones en el campo y en las ciudades".
Al incluir como interlocutor del Estado a la Iglesia, al considerarla como la otra parte, se comete una flagrante violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un lamentable olvido de la historia nacional.
Hay que recordar, en consecuencia, el contenido de nuestra Constitución en relación con este tema, porque ella recoge, en sus normas, disposiciones esenciales derivadas de nuestra historia. Ninguna norma constitucional fue incluida por capricho o por equivocación, todas sin excepción tienen plena justificación.
El artículo 130 constitucional es una de las normas más importantes de nuestra Carta Magna, su contenido es muy claro- En su quinto párrafo dice textualmente: "La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias".
Todo mundo aunque no sea estudioso del derecho entiende el contenido de este párrafo. Las agrupaciones religiosas denominadas iglesias, no tienen ni personalidad política ni personalidad jurídica; es decir, jurídicamente, constitucionalmente, la Iglesia como persona moral, no existe en México.
Quien asume la Presidencia de la República tiene la obligación de conocer la Constitución General de la República y, en este caso, saber que para el Estado mexicano la iglesia no existe por expreso y claro mandato constitucional.
Resulta grave que el licenciado Carlos Salinas de Gortari haya dicho que el Estado moderno es aquel que mantiene trasparencia y moderniza su relación con la Iglesia, sabiendo que para el Estado mexicano la Iglesia no existe jurídicamente. Estaríamos ante el caso de violación intencional, clara y abierta a la Constitución del país, situación que por elemental sentido de respeto a la investidura de esta soberanía, no debe permitirse ni tolerarse.
(Voces.)
¡Sí soy fanático, señores de la derecha, en la defensa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos!
Aquí en esta asamblea hay diputados que conocen a fondo la Constitución y están convencidos que sólo su observancia más escrupulosa mantendrá el respecto entre los mexicanos, aun manteniendo o teniendo en cuenta sus legítimas diferencias político- ideológicas. No puede esta soberanía permitir que ante los ojos de todos y frente a los representantes de la nación se viole así nuestro código político fundamental.
(Voces.)
La C. Presidenta: Orden para atender al orador.
El C. Alfredo Reyes Contreras: -Muchas gracias, señorita presidenta por callar a los diputados de la reacción.
Además, en la ceremonia del 1o. de diciembre en este recinto de la Patria mexicana, estuvieron presentes personas que ostentan el carácter de ministros religiosos, representando a una institución que por mandato constitucional no tiene personalidad de ningún tipo; sería muy grave y sería una tremenda irresponsabilidad que el Poder Legislativo Mexicano o cualquiera de las Cámaras que lo integran hubiera girado invitación a cualquiera a esas personas: los señores Guillermo Shulemburg, Gerónimo Prigioni, Adolfo Suárez Rivera, Ernesto Corripio Ahumada, Juan Jesús Posadas Ocampo y Manuel Pérez Gil, cuyos nombres menciono para que consten en el Diario de los Debates también como violadores de la Constitución y de las leyes mexicanas.
Los ministros de los cultos en México no tienen derechos políticos, así lo establece la Constitución, no tiene ni voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.
¿Qué, también este mandato lo ignoran los que invitaron a los ministros de cultos a un acto oficial de Estado cuando en México no existe separación existe separación del Estado y la Iglesia, sino la inexistencia de ésta?
El C. Américo Ramírez Rodríguez (desde su curul): - Señora presidenta: ¿Aceptaría el orador una interpelación?
La C. Presidenta: - Un momento, señor diputado Alfredo Reyes Contreras, ¿acepta usted la interpelación del ciudadano diputado Américo Ramírez Rodríguez?
El C. Alfredo Reyes Contreras: - si quiere, que suba a la tribuna y que responda.
La C. Presidenta: -No la acepta, señor diputado.
El C. Alfredo Reyes Contreras: -¿Cómo es posible que se haya consentido la violación a la Ley de Cultos al permitir la entrada a este recinto parlamentario a unos individuos con ropas talares que los identifica como ministros de un culto?
¿Quienes son en realidad los nostálgicos que miran al pasado, que quieren volver a él, restableciendo fueros y privilegios, si no los que añoran el poder material, aquellos que gobernaron con intolerancia y con una gran inmoralidad en el siglo pasado?
¿Quienes, señoras y señores diputados, quiénes con espíritu de revancha, pretenden ahora nuevos enfrentamientos entre los mexicanos por una cuestión que el pueblo resolvió a un alto costo de vidas?
Si se abren las heridas que ocasionó la intolerancia del clero, heridas ya cerradas, ahora por la pretensión de recuperar fueros y privilegios, sería única y exclusiva responsabilidad del gobierno, que olvidándose de la historia vuelve a abrir un capítulo ya cerrado y resuelto plenamente.
Aquí, en esta Patria nuestra, cada mexicano puede tener la creencia religiosa que más le convenga, o no tener ninguna. Este derecho lo garantiza la propia Constitución y es un derecho plenamente vigente. En este país nuestro no hay problema religioso y si en el pasado lo hubo, fue porque lo creó el clero, que nunca ha cejado en su empeño de querer conducir los destinos de los mexicanos. Cuando en el siglo pasado se nacionalizaron los bienes del clero, cuando se expidieron las Leyes de Reforma, estableciendo la separación Estado Iglesia, cuando la Constitución de 1917 estableció en su texto la inexistencia de la Iglesia, el clero presentó esas medidas como antirreligiosas, trató de confundir al pueblo y en esos tres casos, hizo criminales alianzas contra la nación mexicana. No dudó nunca en derramar la sangre de los mexicanos para mantener fueros y privilegios, y no dudó en hacerlo para recuperarlos.
La modernización del Estado, señoras y señores diputados, no puede tener como base el olvido de nuestra historia, no puede tener como cimiento la violación del orden constitucional. Es respetable la creencia religiosa que cada mexicano tenga, incluyendo la que tenga el propio Presidente de la República.
El Partido Socialista, desde esta elevada tribuna, expresa su más absoluto respeto a quienes creen desde el punto de vista religioso y a quienes no creen, pero otra cosa distinta es la de permitir que una institución ajena a los intereses de la nación y del pueblo, intervenga en la vida política de la nación.
El Presidente de la República, todos los funcionarios del gobierno, deberán poner por encima de su inclinación clerical su más escrupuloso respeto a la historia nacional; deben tener presente la conducta y firmeza, el patriotismo que presidió siempre la conducta de Benito Juárez, que tanta comezón le causa a los reaccionarios.(Aplausos.)
El Partido Popular Socialista llama a todos los diputados del campo democrático presentes en esta Cámara, a los que todavía se encuentran dentro del Partido Revolucionario Institucional, a mantenerse alertas porque se inicia en México, desde las altas esferas del gobierno, una grosera agresión contra las normas fundamentales del país, que surgieron de la Revolución, que se mantienen vigentes y que presidirán la vida de los mexicanos.
Desde esta tribuna el Partido Popular Socialista expresa su más enérgico rechazo a quienes, por tener el poder en sus manos, promueven o consienten que se violente el orden constitucional.
Que no piensen los gobernantes de este país, que el pueblo mexicano carece de memoria histórica; que no piensen, que no olviden que este pueblo, forjador de una hermosa historia -por encima y en contra de los enemigos internos y externos- no se dejará sojuzgar más; que recuerden los gobernantes que el espíritu y el mandato de Benito Juárez sigue vigente, y que los emisarios del pasado, los retardatarios y contrarrevolucionarios, no echen las campanas al vuelo porque, como el pasado, el pueblo mexicano los volverá a derrotar.
Honorable asamblea:
Por las consideraciones expuestas, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, solicita a la presidencia de esta Cámara ordene una investigación a fondo sobre los hechos aquí denunciados para saber: primero, ¿quién o quiénes tienen la responsabilidad de haber invitado a los ministros de cultos que estuvieron presentes en el recinto parlamentario el pasado primero de diciembre?
Segundo, que se demande a las autoridades competentes la aplicación de las sanciones a que se han hecho acreedores quienes violaron la Constitución y la Ley de Cultos.
Firman por la fracción del Partido Socialista, los diputados Alfredo Reyes Contreras y Jesús Luján Gutiérrez. Muchas gracias.
La C. Presidenta: -Se turna esta petición de investigación del Partido Popular Socialista a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. (Versión estenográfica)
sábado, 21 de enero de 2012
LA “BANDA TIMBIRICHE” INCORPORA A UN GACHUPÍN A GOBERNACIÓN
El 18 de enero de 2008 se publicó este artículo en la prensa local, cuando los medios nacionales daban la noticia del cambio en la Secretaría de Gobernación, asumiendo su titularidad Juan Camilo Mouriño. Es bueno recordarlo porque muestra exactamente de qué están hechos los panistas.
Gachupín amo en hacienda,
siempre es causa de contienda.
Refrán popular
Ya es muy sabido que al equipo cercano de Felipe Calderón se le conoce como la “Banda Timbiriche”, porque se trata de un club de amigos que juegan y le hacen al abusado en la política nacional, un grupo inexperto que ve el poder más como negocio que como un instrumento para gobernar, sin hablar siquiera que gobiernen considerando los intereses populares y los de la nación.
Colocar a los cuates en puestos clave de la administración pública federal, es un ejercicio recurrente de Calderón para agradar y servir a las fuerzas económicas que lo instalaron –violentando la voluntad popular- en la silla presidencial.
El último caso es el del gallego, nacido en Madrid, Juan Camilo Mouriño, ligado estrechamente a los negocios de su padre -algunos de ellos turbios como se sabe desde hace tiempo- colocado en la Secretaría de Gobernación, para profundizar las medidas económicas y políticas que nos han situado en zona de desastre.
Lo más preocupante no es si Mouriño tiene o no madre mexicana, aunque hay quines no lo creen, porque del padre gallego no hay duda, ni de los fuertes vínculos que mantiene con su tierra española, sino la encomienda que ha recibido directamente de Calderón: coordinar a todas las fuerzas que pretenden entregar el petróleo mexicano a las compañías extranjeras, es decir, desnacionalizar el petróleo. También desnacionalizar la industria eléctrica y arrasar con los derechos laborales de los mexicanos. Él lo ha dicho claramente al instalarse en Bucareli. Para eso ni mandado a hacer “el gachupín” como le dicen en el ambiente político. Y claro que The Washington Post tiene toda la razón al sostener que Mouriño llega a gobernación para allanar el camino a las reformas estructurales (sic) que faltan, que son las señaladas en este párrafo, en una actitud de traición a los intereses de la Nación Mexicana a la que, evidentemente, por su origen madrileño, sus intereses económicos y sus afectos gallegos él no pertenece.
¿Qué le puede importar a este gallego, aunque se diga por interés “orgulloso mexicano”, que se remate Pemex y el petróleo de los mexicanos, que se privatice la electricidad o que se despoje a los trabajadores de sus derechos? ¿Qué le puede importar que el campo mexicano sea invadido por productores agrícolas de EE.UU o de Canadá? ¿Qué sabe de la Historia de México un negociante que sólo ha visto a nuestro país como un lugar donde amasó fortuna, con su familia, al instalar negocios por su cercanía al poder? ¿Tendrá alguna idea de lo que fue la lucha heroica de los mexicanos para recuperar su petróleo de manos de las compañías extranjeras?
El caso de Mouriño repite el de otros que se han dado bajo los gobiernos panistas: colocar a los negociantes en el poder para servir a los intereses de su clase, ya sin intermediarios y proyectarlos para otros menesteres, llegado el caso.
Y como quien no quiere la cosa y hasta fingiendo demencia, “el gachupín” dice que no va a gobernación para enfilarse como el posible candidato presidencial en 2012 de los reaccionarios panistas, a sabiendas de que está diciendo mentiras. Se trata, como dice el común de los mortales, de un plan con maña que, ciertamente, puede ser el inicio de la debacle del ya muy desprestigiado gobierno de Calderón.
Lo cierto es que se conjugan las fuerzas derechistas internas, que invariablemente han demostrado tener mentalidad de colonizados y las ambiciones desmedidas de gente como “el gachupín” Mouriño, porque piensan que ha llegado el momento de la reconquista, pues no han podido asimilar la derrota de la colonia española, después de tres siglos de matanzas y saqueos como pocas veces se dieron en el mundo antes de las dos guerras mundiales.
Concluir con las reformas desnacionalizadoras, porque es el mandato que recibió de sus jefes y lograr la reelección de los neoliberales en el 2012 son, evidentemente los objetivos principales de Calderón y, desde luego, del Partido Acción Nacional, que en adelante acentuará su tono españolizado para ser grato a uno de los suyos, y que les garantiza no tener que realizar el viaje hasta Europa para pedir ayuda contra los peligrosos mexicanos, como hicieron en el siglo XIX los conservadores para enfrentar al pueblo encabezado por lo liberales. Y así en medio de gravísimos problemas económicos, sociales y políticos, con el cuate de Calderón instalado cómodamente en gobernación, acaparando todos los reflectores, los panista pueden repetir la fórmula sagrada: gachupín habemus.
Gachupín amo en hacienda,
siempre es causa de contienda.
Refrán popular
Ya es muy sabido que al equipo cercano de Felipe Calderón se le conoce como la “Banda Timbiriche”, porque se trata de un club de amigos que juegan y le hacen al abusado en la política nacional, un grupo inexperto que ve el poder más como negocio que como un instrumento para gobernar, sin hablar siquiera que gobiernen considerando los intereses populares y los de la nación.
Colocar a los cuates en puestos clave de la administración pública federal, es un ejercicio recurrente de Calderón para agradar y servir a las fuerzas económicas que lo instalaron –violentando la voluntad popular- en la silla presidencial.
El último caso es el del gallego, nacido en Madrid, Juan Camilo Mouriño, ligado estrechamente a los negocios de su padre -algunos de ellos turbios como se sabe desde hace tiempo- colocado en la Secretaría de Gobernación, para profundizar las medidas económicas y políticas que nos han situado en zona de desastre.
Lo más preocupante no es si Mouriño tiene o no madre mexicana, aunque hay quines no lo creen, porque del padre gallego no hay duda, ni de los fuertes vínculos que mantiene con su tierra española, sino la encomienda que ha recibido directamente de Calderón: coordinar a todas las fuerzas que pretenden entregar el petróleo mexicano a las compañías extranjeras, es decir, desnacionalizar el petróleo. También desnacionalizar la industria eléctrica y arrasar con los derechos laborales de los mexicanos. Él lo ha dicho claramente al instalarse en Bucareli. Para eso ni mandado a hacer “el gachupín” como le dicen en el ambiente político. Y claro que The Washington Post tiene toda la razón al sostener que Mouriño llega a gobernación para allanar el camino a las reformas estructurales (sic) que faltan, que son las señaladas en este párrafo, en una actitud de traición a los intereses de la Nación Mexicana a la que, evidentemente, por su origen madrileño, sus intereses económicos y sus afectos gallegos él no pertenece.
¿Qué le puede importar a este gallego, aunque se diga por interés “orgulloso mexicano”, que se remate Pemex y el petróleo de los mexicanos, que se privatice la electricidad o que se despoje a los trabajadores de sus derechos? ¿Qué le puede importar que el campo mexicano sea invadido por productores agrícolas de EE.UU o de Canadá? ¿Qué sabe de la Historia de México un negociante que sólo ha visto a nuestro país como un lugar donde amasó fortuna, con su familia, al instalar negocios por su cercanía al poder? ¿Tendrá alguna idea de lo que fue la lucha heroica de los mexicanos para recuperar su petróleo de manos de las compañías extranjeras?
El caso de Mouriño repite el de otros que se han dado bajo los gobiernos panistas: colocar a los negociantes en el poder para servir a los intereses de su clase, ya sin intermediarios y proyectarlos para otros menesteres, llegado el caso.
Y como quien no quiere la cosa y hasta fingiendo demencia, “el gachupín” dice que no va a gobernación para enfilarse como el posible candidato presidencial en 2012 de los reaccionarios panistas, a sabiendas de que está diciendo mentiras. Se trata, como dice el común de los mortales, de un plan con maña que, ciertamente, puede ser el inicio de la debacle del ya muy desprestigiado gobierno de Calderón.
Lo cierto es que se conjugan las fuerzas derechistas internas, que invariablemente han demostrado tener mentalidad de colonizados y las ambiciones desmedidas de gente como “el gachupín” Mouriño, porque piensan que ha llegado el momento de la reconquista, pues no han podido asimilar la derrota de la colonia española, después de tres siglos de matanzas y saqueos como pocas veces se dieron en el mundo antes de las dos guerras mundiales.
Concluir con las reformas desnacionalizadoras, porque es el mandato que recibió de sus jefes y lograr la reelección de los neoliberales en el 2012 son, evidentemente los objetivos principales de Calderón y, desde luego, del Partido Acción Nacional, que en adelante acentuará su tono españolizado para ser grato a uno de los suyos, y que les garantiza no tener que realizar el viaje hasta Europa para pedir ayuda contra los peligrosos mexicanos, como hicieron en el siglo XIX los conservadores para enfrentar al pueblo encabezado por lo liberales. Y así en medio de gravísimos problemas económicos, sociales y políticos, con el cuate de Calderón instalado cómodamente en gobernación, acaparando todos los reflectores, los panista pueden repetir la fórmula sagrada: gachupín habemus.
ES NECESARIO ENJUICIAR Y CASTIGAR A CARLOS SALINAS.
La Dirección del Partido Popular Socialista de la que formé parte, cuando el dirigente nacional era el Ingeniero Jorge Cruickshank García, mantuvo un enfrentamiento permanente con Carlos Salinas de Gortari, desde que fue Secretario de Programación y Presupuesto y ya siendo titular del ejecutivo federal.
En este artículo, escrito en 1995 con el título que lo encabeza, se describen algunas de las actitudes cínicas de Salinas, ese negro personaje en la historia de México y responsable de muchos de los daños que sufre México. El repudio de que es objeto este sujeto por el pueblo le dan, históricamente, la razón a la política del PPS de entonces.
El texto de ese artículo es el siguiente:
Los últimos días se han caracterizado por un verdadero escándalo político, que tiene su origen en la conducta constitutiva de delitos de varios miembros de la familia Salinas de Gortari que incluye, desde luego, la del ex presidente.
El pueblo mexicano recuerda su decisión, expresada en las urnas en 1988, de no votar mayoritariamente por el entonces candidato presidencial del PRI, porque era bien conocida su tendencia neoliberal, sus excesivas ambiciones personales y, seguramente, sus desajustes psíquicos, que merecieron grandes espacios en los medios de comunicación escritos, como el muy comentado asesinato de la niña de 13 años que trabajaba en su casa como sirvienta, hecho ante el cual, y según las versiones de la prensa de ese tiempo, Salinas se proclamó héroe, cuando él apenas tenía 7 años de edad.
Seguramente en el partido del gobierno no recuerdan a ningún otro candidato presidencial que haya sido tan repudiado por el pueblo mexicano, como Carlos Salinas, a grado tal que en la Laguna fue agredido físicamente, y no logró superar el rencor que le produjo ese hecho, por lo que declaró, en Necaxa, Puebla, que sus amigos recibirían todo su apoyo y advirtió a sus enemigos para que se atuvieran a las consecuencias.
No tardó ni un mes, después de asumir el poder, cuando la emprendió violentamente contra el sindicato de los petroleros y se pasó todo el sexenio agrediendo, en una actitud enfermiza, al movimiento obrero y a las fuerzas progresistas del país. De manera especial inició un severo ataque contra los postulados avanzados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el acto mismo de la protesta, Carlos Salinas violó la Constitución nacional al tener como invitado al clero católico, como representante de la Iglesia, cuando la norma constitucional no les reconocía personalidad jurídica.
Recuerdo que, siendo diputado federal, en la LIV legislatura del Congreso de la Unión, y en nombre de la fracción parlamentaria del PPS, el 6 de diciembre de 1988 denuncié a Carlos Salinas, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, como violador de la Constitución, a la que había jurado respetar apenas hacía una semana. Y recuerdo también la conducta sumamente violenta de la diputación panista, que para entonces ya estaba muy comprometida con Salinas, y las majaderías que partían desde las curules de la reacción, cuyas diputadas se quitaron los zapatos y amenazantes los querían lanzar contra mí, como consta en una fotografía que apareció, al otro día, en La Jornada.
Durante los seis años de gobierno de Salinas, profundizó la política económica iniciada con Miguel de la Madrid, mediante el llamado cambio estructural, que en realidad era un abandono vergonzante del camino trazado por la Revolución Mexicana, a la que el propio Salinas, en uno de sus informes no tuvo empacho en calificar como un mito.
Salinas, desde la Presidencia de la República, despojó al pueblo mexicano de su patrimonio al poner en remate cientos de empresas propiedad de la nación, en cuya dirección puso a los enemigos del sector estatal de la economía y, después, las sometió a una violenta campaña de desprestigio, previa reducción de recursos para profundizar los problemas financieros que muchas de ellas tenían.
Si se investigara un poco el llamado proceso de privatización, mediante el cual se desnacionalizó una gran parte de las empresas estatales, se destaparía otra cloaca que permitiría fincar claras responsabilidades de orden penal contra el ex presidente y los funcionarios que intervinieron.
Así como están las cosas es muy probable que mucho del dinero producto de las privatizaciones se encuentre en bancos extranjeros, y que “la venta de los bienes para remediar males”, como cínicamente lo sostuvo el propio Salinas, se hayan utilizado para aumentar fortunas personales.
Hoy queda a la vista de todos los mexicanos el alto grado de corrupción no sólo del gobierno de Salinas, sino de la llamada presuntuosamente generación del cambio, verdadera banda de asaltantes, estafadores y forajidos, frente a los cuales palidecen los reaccionarios que ocuparon el gobierno en otros tiempos.
Por todo el daño que le ocasionó a la nación y al pueblo, Carlos Salinas, debe comparecer ante los tribunales judiciales para declarar lo que sabe respecto a los asesinatos o los múltiples actos de corrupción de sus familiares y protegidos, pero sobre todo para ser juzgado y castigado como un traidor a la patria. Sin embargo esto no será posible si en la Procuraduría General de la República sigue un leguleyo como Lozano Gracia, pues parece que fue puesto ahí para brindarle protección a Carlos Salinas, en recompensa de las múltiples concesiones que recibieron los panistas y la íntima relación que mantuvieron con él lo que, dicho sea una vez más, hace al PAN cómplice de todas las atrocidades cometidas durante el sexenio de Salinas.
Pero además, ya basta de circo para entretener a los mexicanos, porque en medio del escándalo, el gobierno está rematando la petroquímica, los puertos y aeropuertos, los ferrocarriles; busca privatizar el Seguro Social y otras empresas y actividades. Y esto hay que decirlo ahora, y no a toro pasado.
En este artículo, escrito en 1995 con el título que lo encabeza, se describen algunas de las actitudes cínicas de Salinas, ese negro personaje en la historia de México y responsable de muchos de los daños que sufre México. El repudio de que es objeto este sujeto por el pueblo le dan, históricamente, la razón a la política del PPS de entonces.
El texto de ese artículo es el siguiente:
Los últimos días se han caracterizado por un verdadero escándalo político, que tiene su origen en la conducta constitutiva de delitos de varios miembros de la familia Salinas de Gortari que incluye, desde luego, la del ex presidente.
El pueblo mexicano recuerda su decisión, expresada en las urnas en 1988, de no votar mayoritariamente por el entonces candidato presidencial del PRI, porque era bien conocida su tendencia neoliberal, sus excesivas ambiciones personales y, seguramente, sus desajustes psíquicos, que merecieron grandes espacios en los medios de comunicación escritos, como el muy comentado asesinato de la niña de 13 años que trabajaba en su casa como sirvienta, hecho ante el cual, y según las versiones de la prensa de ese tiempo, Salinas se proclamó héroe, cuando él apenas tenía 7 años de edad.
Seguramente en el partido del gobierno no recuerdan a ningún otro candidato presidencial que haya sido tan repudiado por el pueblo mexicano, como Carlos Salinas, a grado tal que en la Laguna fue agredido físicamente, y no logró superar el rencor que le produjo ese hecho, por lo que declaró, en Necaxa, Puebla, que sus amigos recibirían todo su apoyo y advirtió a sus enemigos para que se atuvieran a las consecuencias.
No tardó ni un mes, después de asumir el poder, cuando la emprendió violentamente contra el sindicato de los petroleros y se pasó todo el sexenio agrediendo, en una actitud enfermiza, al movimiento obrero y a las fuerzas progresistas del país. De manera especial inició un severo ataque contra los postulados avanzados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el acto mismo de la protesta, Carlos Salinas violó la Constitución nacional al tener como invitado al clero católico, como representante de la Iglesia, cuando la norma constitucional no les reconocía personalidad jurídica.
Recuerdo que, siendo diputado federal, en la LIV legislatura del Congreso de la Unión, y en nombre de la fracción parlamentaria del PPS, el 6 de diciembre de 1988 denuncié a Carlos Salinas, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, como violador de la Constitución, a la que había jurado respetar apenas hacía una semana. Y recuerdo también la conducta sumamente violenta de la diputación panista, que para entonces ya estaba muy comprometida con Salinas, y las majaderías que partían desde las curules de la reacción, cuyas diputadas se quitaron los zapatos y amenazantes los querían lanzar contra mí, como consta en una fotografía que apareció, al otro día, en La Jornada.
Durante los seis años de gobierno de Salinas, profundizó la política económica iniciada con Miguel de la Madrid, mediante el llamado cambio estructural, que en realidad era un abandono vergonzante del camino trazado por la Revolución Mexicana, a la que el propio Salinas, en uno de sus informes no tuvo empacho en calificar como un mito.
Salinas, desde la Presidencia de la República, despojó al pueblo mexicano de su patrimonio al poner en remate cientos de empresas propiedad de la nación, en cuya dirección puso a los enemigos del sector estatal de la economía y, después, las sometió a una violenta campaña de desprestigio, previa reducción de recursos para profundizar los problemas financieros que muchas de ellas tenían.
Si se investigara un poco el llamado proceso de privatización, mediante el cual se desnacionalizó una gran parte de las empresas estatales, se destaparía otra cloaca que permitiría fincar claras responsabilidades de orden penal contra el ex presidente y los funcionarios que intervinieron.
Así como están las cosas es muy probable que mucho del dinero producto de las privatizaciones se encuentre en bancos extranjeros, y que “la venta de los bienes para remediar males”, como cínicamente lo sostuvo el propio Salinas, se hayan utilizado para aumentar fortunas personales.
Hoy queda a la vista de todos los mexicanos el alto grado de corrupción no sólo del gobierno de Salinas, sino de la llamada presuntuosamente generación del cambio, verdadera banda de asaltantes, estafadores y forajidos, frente a los cuales palidecen los reaccionarios que ocuparon el gobierno en otros tiempos.
Por todo el daño que le ocasionó a la nación y al pueblo, Carlos Salinas, debe comparecer ante los tribunales judiciales para declarar lo que sabe respecto a los asesinatos o los múltiples actos de corrupción de sus familiares y protegidos, pero sobre todo para ser juzgado y castigado como un traidor a la patria. Sin embargo esto no será posible si en la Procuraduría General de la República sigue un leguleyo como Lozano Gracia, pues parece que fue puesto ahí para brindarle protección a Carlos Salinas, en recompensa de las múltiples concesiones que recibieron los panistas y la íntima relación que mantuvieron con él lo que, dicho sea una vez más, hace al PAN cómplice de todas las atrocidades cometidas durante el sexenio de Salinas.
Pero además, ya basta de circo para entretener a los mexicanos, porque en medio del escándalo, el gobierno está rematando la petroquímica, los puertos y aeropuertos, los ferrocarriles; busca privatizar el Seguro Social y otras empresas y actividades. Y esto hay que decirlo ahora, y no a toro pasado.
viernes, 20 de enero de 2012
LA DEPENDENCIA ECONÓMICA DE MÉXICO, UN PELIGRO
Desde hace tiempo las fuerzas progresistas del país han demandado que se diversifiquen las relaciones económicas de México con el resto del mundo, porque la dependencia que la economía mexicana tiene respecto a la norteamericana constituye un peligro para nuestro desarrollo soberano.
Esa demanda no fue escuchada. Al contrario, la política económica aplicada en el último cuarto de siglo por los neoliberales profundizaron esa dependencia, y el capital yanqui ocupa hoy posiciones estratégicas de la economía nacional. Es más, con un alto grado de irresponsabilidad los peones que aquí tiene el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el capital extranjero afirmaron que en la época de la globalización, lo mejor para países como el nuestro es abrir, de par en par, sus fronteras para recibir las “carretilladas” de dólares de la inversión extranjera directa. Y no sólo lo dijeron, sino que pusieron manos a la obra y, entre otras cosas, firmaron con Canadá y Estados Unidos de Norteamérica el Tratado de Libre Comercio.
La inmensa mayoría de economistas mexicanos que no comparten o que de plano rechazan el neoliberalismo han señalado, una y otra vez, las funestas consecuencias que esa política ha tenido en la economía mexicana y para nuestro pueblo.
Ha crecido peligrosamente la dependencia económica de México. Conservadoramente se calcula que el 90% de las exportaciones manufactureras mexicanas van a EE.UU. México importa de allá el 60% de los alimentos que consumen los mexicanos. Capitales y empresas extranjeras ejercen un fuerte dominio en el mercado bancario mexicano.
Con la entrega del sistema bancario al capital extranjero, México perdió la capacidad para administrar el dinero, que como afirman algunos estudiosos del tema, “está en el centro de todo el proceso económico”. Ahora las decisiones, en esa materia, se toman en Nueva York, en Madrid, en Canadá o en Honk Kong.
A capitales norteamericanos regresaron parte de los ferrocarriles, que la Revolución Mexicana rescató para nuestra nación. Ya tienen inversión considerable en la generación y venta de electricidad. Es una empresa yanqui, metida en líos internacionales, la que ha recibido un trato privilegiado por los gobiernos panistas en materia de exploración petrolera.
Además, capitales norteamericanos tienen presencia dominante en la industria automotriz y de autopartes, en comercio, construcción, seguros, electrónica, minería, telecomunicaciones, industria textil, industria farmacéutica, hotelería, informática, etc. etc.
Los efectos sociales están a la vista de todos : el aumento de los mexicanos que viven en la miseria; el crecimiento, jamás visto, del número de compatriotas que son materialmente expulsados de la ciudad y del campo y que se van a territorio norteamericano en busca de trabajo; la pérdida de la soberanía alimentaria que obliga a comprar en EE:UU aproximadamente el 25 % del maíz y más del 30 % de la carne que se consumen en México; la desnutrición que afecta a millones de nuestros compatriotas; la crisis recurrente del campo mexicano; el desempleo masivo y el crecimiento del número de mexicanos dedicados al mal llamado comercio informal; el crecimiento alarmante del crimen organizado, de manera particular el narcotráfico.
Se mantiene el círculo vicioso de vender materias primas baratas y comprar productos caros del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Y ya ni hablar del incremento de la deuda externa y otras cosas que por ser tan cotidianas no advertimos como efectos de la dependencia económica.
En su inconciencia, o más bien en su clara conciencia neoliberal, los de aquí y los de allá, los del PAN y los del PRI, pregonaron a los cuatro vientos que el imperialismo ya había desaparecido, que nuevos rasgos económicos caracterizaban la economía global, que ahora la interdependencia económica lo abarcaba todo. Pero la realidad es la realidad: el dominio brutal que ejerce la economía yanqui sobre la mexicana es un rasgo del imperialismo, entendido como un fenómeno económico que se proyecta al campo político.
Finalmente, este breve recuento de la dependencia económica mexicana, que no agota todas sus manifestaciones, nos indica –y para ello no es necesario ser economista o experto en comercio internacional- que cualquier problema que se presente en la economía norteamericana tiene efectos multiplicadores aquí. La recesión o desaceleración económica en ese país del norte nos causan severos daños.
Ahora ya no es una bandera sólo de los sectores progresistas del país la urgente necesidad de diversificar nuestras relaciones económicas con todo el mundo, sino una medida de sobrevivencia como nación independiente. A ese grado nos ha conducido el neoliberalismo.
Esa demanda no fue escuchada. Al contrario, la política económica aplicada en el último cuarto de siglo por los neoliberales profundizaron esa dependencia, y el capital yanqui ocupa hoy posiciones estratégicas de la economía nacional. Es más, con un alto grado de irresponsabilidad los peones que aquí tiene el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el capital extranjero afirmaron que en la época de la globalización, lo mejor para países como el nuestro es abrir, de par en par, sus fronteras para recibir las “carretilladas” de dólares de la inversión extranjera directa. Y no sólo lo dijeron, sino que pusieron manos a la obra y, entre otras cosas, firmaron con Canadá y Estados Unidos de Norteamérica el Tratado de Libre Comercio.
La inmensa mayoría de economistas mexicanos que no comparten o que de plano rechazan el neoliberalismo han señalado, una y otra vez, las funestas consecuencias que esa política ha tenido en la economía mexicana y para nuestro pueblo.
Ha crecido peligrosamente la dependencia económica de México. Conservadoramente se calcula que el 90% de las exportaciones manufactureras mexicanas van a EE.UU. México importa de allá el 60% de los alimentos que consumen los mexicanos. Capitales y empresas extranjeras ejercen un fuerte dominio en el mercado bancario mexicano.
Con la entrega del sistema bancario al capital extranjero, México perdió la capacidad para administrar el dinero, que como afirman algunos estudiosos del tema, “está en el centro de todo el proceso económico”. Ahora las decisiones, en esa materia, se toman en Nueva York, en Madrid, en Canadá o en Honk Kong.
A capitales norteamericanos regresaron parte de los ferrocarriles, que la Revolución Mexicana rescató para nuestra nación. Ya tienen inversión considerable en la generación y venta de electricidad. Es una empresa yanqui, metida en líos internacionales, la que ha recibido un trato privilegiado por los gobiernos panistas en materia de exploración petrolera.
Además, capitales norteamericanos tienen presencia dominante en la industria automotriz y de autopartes, en comercio, construcción, seguros, electrónica, minería, telecomunicaciones, industria textil, industria farmacéutica, hotelería, informática, etc. etc.
Los efectos sociales están a la vista de todos : el aumento de los mexicanos que viven en la miseria; el crecimiento, jamás visto, del número de compatriotas que son materialmente expulsados de la ciudad y del campo y que se van a territorio norteamericano en busca de trabajo; la pérdida de la soberanía alimentaria que obliga a comprar en EE:UU aproximadamente el 25 % del maíz y más del 30 % de la carne que se consumen en México; la desnutrición que afecta a millones de nuestros compatriotas; la crisis recurrente del campo mexicano; el desempleo masivo y el crecimiento del número de mexicanos dedicados al mal llamado comercio informal; el crecimiento alarmante del crimen organizado, de manera particular el narcotráfico.
Se mantiene el círculo vicioso de vender materias primas baratas y comprar productos caros del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Y ya ni hablar del incremento de la deuda externa y otras cosas que por ser tan cotidianas no advertimos como efectos de la dependencia económica.
En su inconciencia, o más bien en su clara conciencia neoliberal, los de aquí y los de allá, los del PAN y los del PRI, pregonaron a los cuatro vientos que el imperialismo ya había desaparecido, que nuevos rasgos económicos caracterizaban la economía global, que ahora la interdependencia económica lo abarcaba todo. Pero la realidad es la realidad: el dominio brutal que ejerce la economía yanqui sobre la mexicana es un rasgo del imperialismo, entendido como un fenómeno económico que se proyecta al campo político.
Finalmente, este breve recuento de la dependencia económica mexicana, que no agota todas sus manifestaciones, nos indica –y para ello no es necesario ser economista o experto en comercio internacional- que cualquier problema que se presente en la economía norteamericana tiene efectos multiplicadores aquí. La recesión o desaceleración económica en ese país del norte nos causan severos daños.
Ahora ya no es una bandera sólo de los sectores progresistas del país la urgente necesidad de diversificar nuestras relaciones económicas con todo el mundo, sino una medida de sobrevivencia como nación independiente. A ese grado nos ha conducido el neoliberalismo.
UNA CATÁSTROFE ANUNCIADA
La crisis económica mundial está profundizando la crisis de la economía nacional, pero hay elementos estructurales que la han provocado desde hace varios años y no se localizan en el tsunami económico que detonó en los Estados Unidos.
Está dicho y repetido que el modelo neoliberal, impuesto por el llamado Consenso de Washington, y aplicado por los gobiernos de ese tipo, en México, a partir de 1982, provocaron la quiebra de la economía mexicana, el desempleo persistente, la desigualdad social a niveles antes no conocidos, el aumento inusitado del la pobreza, la aparición desastrosa de la delincuencia organizada, el incremento de la corrupción, el despojo del patrimonio nacional, bajo el señuelo de la democratización del capital, y la consecuente privatización de las empresas estatales o de participación estatal, el surgimiento de multimillonarios que empezaron a aparecer en la revista Forbes.
El dinero público se canalizó a financiar los grandes negocios privados que se dedicaron a especular y a quebrar las empresas obtenidas a precio de ganga, para ser rescatados nuevamente. El Fobaproa fue la expresión más cruda de esta política antipopular, que benefició a los grandes tiburones de los negocios y empobreció al pueblo. Con gran cinismo Zedillo presentó esa ominosa medida como la más cuantiosa en la historia mundial, muy por arriba del rescate que aplicó Obama en Norteamérica, y Calderón de mala fe, por ignorancia o por inconciente demandó que en el mundo se apliquen varios fobaproas en estos tiempos de crisis global.
Todos los problemas económicos se han acentuado bajo los gobiernos panistas, que se comprometieron a privatizar lo que quedaba del menguado patrimonio de los mexicanos, sobre todo el petróleo y la electricidad. Ante el repudio popular insisten, en medio de la crisis, en sus pretendidas reformas estructurales, es decir, en privatizar lo último que queda para entregarlo al capital extranjero.
La tesis central del neoliberalismo impuesto, es que el Estado era obeso, había que disminuirlo y dejar que las salvajes leyes del mercado condujeran, sin limitaciones de ningún tipo, toda la economía. Nosotros hemos experimentado sus efectos catastróficos en el ámbito económico, social y político, como los han sufrido el resto de los países sometidos a la economía de los países capitalistas dominantes.
Los graves problemas padecidos por los países pobres tuvieron que presentarse en la economía más poderosa de la Tierra, para que se entendiera que el modelo neoliberal se encontraba en quiebra. Y así, ante el asombro de los fundamentalistas del mercado, de los neoliberales irredentos, en pleno centro del capitalismo mundial, se anuncio la intervención del Estado, pero para rescatar a los delincuentes y no para cambiar el modelo.
La intervención del Estado en la economía vuelve a renacer con más fuerza porque fracasó el mercado para regular el crecimiento económico y evitar la especulación, a tal grado que Obama ha intentado señalar el límite máximo de ingresos de los dirigentes de las grandes empresas beneficiadas con recursos públicos. Y en Estados Unidos llegó un momento en que sectores sociales de ese país llegaron a pensar que la filosofía de la no intervención del Estado en la economía estaba muriendo.
Hay que insistir: quien invoque, en este momento, las sacrosantas leyes del mercado como condición para promover el desarrollo económico, después del estrepitoso fracaso a nivel nacional y mundial, quizá haya perdido el juicio. Nadie se atrevería a invocar el libre comercio, el libre flujo de los capitales frente a la dimensión jamás vista de la crisis capitalista. Sería un locura oponerse o negar la intervención del Estado, pero no para salvar a los que provocaron la crisis, que al mismo tiempo son los beneficiarios, sino para establecer un nuevo modelo de desarrollo económico.
Pretender, como lo hace Calderón, en las llamadas reformas estructurales, que contemplan la privatización del petróleo, de la electricidad, de los servicios sociales, de seguir poniendo los recursos públicos para que los especuladores sigan amasando fortunas, a costa de la desgracia popular, de acabar con las conquistas de la clase trabajadora significa una irresponsabilidad.
Aquí, en nuestro país, el gobierno panista pretende curarse en salud y justificar su inexperiencia, ineptitud e incapacidad para enfrentar dicho fenómeno, afirmando que la crisis se generó fuera, ocultando que el terreno estaba abonado por el propio modelo neoliberal para que se propagara como lo ha hecho, adquiriendo la dimensión que ya alcanzó y que tendrá en el futuro inmediato, como frecuentemente lo están repitiendo ahora en varias partes del mundo.
Está dicho y repetido que el modelo neoliberal, impuesto por el llamado Consenso de Washington, y aplicado por los gobiernos de ese tipo, en México, a partir de 1982, provocaron la quiebra de la economía mexicana, el desempleo persistente, la desigualdad social a niveles antes no conocidos, el aumento inusitado del la pobreza, la aparición desastrosa de la delincuencia organizada, el incremento de la corrupción, el despojo del patrimonio nacional, bajo el señuelo de la democratización del capital, y la consecuente privatización de las empresas estatales o de participación estatal, el surgimiento de multimillonarios que empezaron a aparecer en la revista Forbes.
El dinero público se canalizó a financiar los grandes negocios privados que se dedicaron a especular y a quebrar las empresas obtenidas a precio de ganga, para ser rescatados nuevamente. El Fobaproa fue la expresión más cruda de esta política antipopular, que benefició a los grandes tiburones de los negocios y empobreció al pueblo. Con gran cinismo Zedillo presentó esa ominosa medida como la más cuantiosa en la historia mundial, muy por arriba del rescate que aplicó Obama en Norteamérica, y Calderón de mala fe, por ignorancia o por inconciente demandó que en el mundo se apliquen varios fobaproas en estos tiempos de crisis global.
Todos los problemas económicos se han acentuado bajo los gobiernos panistas, que se comprometieron a privatizar lo que quedaba del menguado patrimonio de los mexicanos, sobre todo el petróleo y la electricidad. Ante el repudio popular insisten, en medio de la crisis, en sus pretendidas reformas estructurales, es decir, en privatizar lo último que queda para entregarlo al capital extranjero.
La tesis central del neoliberalismo impuesto, es que el Estado era obeso, había que disminuirlo y dejar que las salvajes leyes del mercado condujeran, sin limitaciones de ningún tipo, toda la economía. Nosotros hemos experimentado sus efectos catastróficos en el ámbito económico, social y político, como los han sufrido el resto de los países sometidos a la economía de los países capitalistas dominantes.
Los graves problemas padecidos por los países pobres tuvieron que presentarse en la economía más poderosa de la Tierra, para que se entendiera que el modelo neoliberal se encontraba en quiebra. Y así, ante el asombro de los fundamentalistas del mercado, de los neoliberales irredentos, en pleno centro del capitalismo mundial, se anuncio la intervención del Estado, pero para rescatar a los delincuentes y no para cambiar el modelo.
La intervención del Estado en la economía vuelve a renacer con más fuerza porque fracasó el mercado para regular el crecimiento económico y evitar la especulación, a tal grado que Obama ha intentado señalar el límite máximo de ingresos de los dirigentes de las grandes empresas beneficiadas con recursos públicos. Y en Estados Unidos llegó un momento en que sectores sociales de ese país llegaron a pensar que la filosofía de la no intervención del Estado en la economía estaba muriendo.
Hay que insistir: quien invoque, en este momento, las sacrosantas leyes del mercado como condición para promover el desarrollo económico, después del estrepitoso fracaso a nivel nacional y mundial, quizá haya perdido el juicio. Nadie se atrevería a invocar el libre comercio, el libre flujo de los capitales frente a la dimensión jamás vista de la crisis capitalista. Sería un locura oponerse o negar la intervención del Estado, pero no para salvar a los que provocaron la crisis, que al mismo tiempo son los beneficiarios, sino para establecer un nuevo modelo de desarrollo económico.
Pretender, como lo hace Calderón, en las llamadas reformas estructurales, que contemplan la privatización del petróleo, de la electricidad, de los servicios sociales, de seguir poniendo los recursos públicos para que los especuladores sigan amasando fortunas, a costa de la desgracia popular, de acabar con las conquistas de la clase trabajadora significa una irresponsabilidad.
Aquí, en nuestro país, el gobierno panista pretende curarse en salud y justificar su inexperiencia, ineptitud e incapacidad para enfrentar dicho fenómeno, afirmando que la crisis se generó fuera, ocultando que el terreno estaba abonado por el propio modelo neoliberal para que se propagara como lo ha hecho, adquiriendo la dimensión que ya alcanzó y que tendrá en el futuro inmediato, como frecuentemente lo están repitiendo ahora en varias partes del mundo.
¡Y DALE CON LAS REFORMAS ESTRUCTURALES!
A pesar de los desastres sociales provocados, en muchos países del mundo y no sólo en México, por la aplicación de las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, esas instituciones financieras y los neoliberales criollos insisten en continuar con las llamadas reformas estructurales, que no son otra cosa que privatizaciones simple y llanamente.
Ya la amarga experiencia sufrida por nuestros pueblos nos dice que las reformas estructurales han significado el despojo de la riqueza pública, para entregarla en bandeja de plata a los grupos minoritarios, que mantienen una relación estrecha con los gobernantes, lo que les permite gobernar desde la sombra del poder.
Quienes insisten en llevar a cabo las reformas estructurales saben su cuento, pero el pueblo tiene que advertir el daño severo que esa política ha causado. Una simple enumeración de todo lo que ha provocado el estado neoliberal, nos impone la obligación de estar alertas y combatir, con firmeza, esas reformas que buscan hundir al país.
Se ha dicho con razón que México, y los países que viven bajo el neoliberalismo, sufren un proceso neocolonial de ocupación que ha degradado la política y ha cancelado la democracia. Se trata de un modelo que violenta permanentemente los derechos humanos, establece como norma la impunidad y acelera a niveles jamás conocidos la corrupción de los gobernantes. Los datos y la información que aparecen todos los días sobre los gobiernos de Fox y Calderón, y los inmediatos anteriores, confirman esta aseveración.
Ha sido el neoliberalismo el que ha degradado las instituciones políticas y sociales que surgieron en México como fruto de la Revolución Mexicana. Esas instituciones hoy se encuentran en una crisis profunda, particularmente la institución de la presidencia de la República que se ha puesto al servicio incondicional de la minoría adinerada.
Los neoliberales mexicanos, desde Miguel de la Madrid hasta Calderón son los responsables ante la historia y ante el pueblo de permitir el saqueo de la riqueza nacional, de permitir el proceso de neocolonización, proceso que empieza fuera del país y que termina fuera de él, porque ahora la política económica de México se decide en el extranjero. No sólo se ha cedido soberanía, sino que se ha perdido peligrosamente parte de ella.
Se trata de esa política que tiene abandonado al campo mexicano, al que ha degradado; que aplica una política monetaria grata y favorable a las instituciones financieras del imperialismo norteamericano; que está privatizando, mediante procedimientos violatorios de la ley, el petróleo y la electricidad; que malbarató, en beneficio de unos pocos, las empresas estatales y transfirió a los particulares gran parte de la riqueza nacional a pretexto de democratizar el capital; que empobreció al pueblo mexicano y a su clase trabajadora, estableciendo los salarios más bajos del mundo, también con el pretexto de convertir a México en una potencia exportadora, y manteniendo salarios bajos, que hacen imposible la subsistencia de la inmensa mayoría de la clase trabajadora. Esa política neoliberal ha despojado a los trabajadores del 70% de su poder adquisitvo en los últimos años.
Es la política que expulsa materialmente a millones de mexicanos del campo y de la ciudad, que desintegra familias y que manda a la muerte a cientos de jóvenes mexicanos. Es el modelo que tiene como filosofía el más grosero individualismo; que ha mercantilizado la educación y que pretende por todos los medios privatizar, para beneficio de los intereses minoritarios, los servicios médicos y otros servicios sociales.
Han sido los neoliberales los responsables directos de la aparición y el crecimiento del crimen organizado, en distintos niveles, y muchos de los funcionarios gubernamentales están involucrados directamente en las mafias criminales, y utilizan el poder para agredir a la sociedad mexicana y a quienes legítimamente luchan por los intereses populares.
El sistema político mexicano, hasta donde lo han llevado los neoliberales, ya no sirve al nuestro pueblo para conseguir sus objetivos de democracia, desarrollo social y justicia. Muchos sectores populares lo han advertido, se están organizando, porque saben perfectamente que de continuar por el camino impuesto por el neoliberalismo todos los problemas se agudizarán y otros aspectos de la vida de los mexicanos que, por hoy no son un problema, pronto lo serán.
Por lo tanto la lucha para impedir que la mafia neoliberal remate lo que queda del patrimonio nacional se convierte en una necesidad vital.
Ya la amarga experiencia sufrida por nuestros pueblos nos dice que las reformas estructurales han significado el despojo de la riqueza pública, para entregarla en bandeja de plata a los grupos minoritarios, que mantienen una relación estrecha con los gobernantes, lo que les permite gobernar desde la sombra del poder.
Quienes insisten en llevar a cabo las reformas estructurales saben su cuento, pero el pueblo tiene que advertir el daño severo que esa política ha causado. Una simple enumeración de todo lo que ha provocado el estado neoliberal, nos impone la obligación de estar alertas y combatir, con firmeza, esas reformas que buscan hundir al país.
Se ha dicho con razón que México, y los países que viven bajo el neoliberalismo, sufren un proceso neocolonial de ocupación que ha degradado la política y ha cancelado la democracia. Se trata de un modelo que violenta permanentemente los derechos humanos, establece como norma la impunidad y acelera a niveles jamás conocidos la corrupción de los gobernantes. Los datos y la información que aparecen todos los días sobre los gobiernos de Fox y Calderón, y los inmediatos anteriores, confirman esta aseveración.
Ha sido el neoliberalismo el que ha degradado las instituciones políticas y sociales que surgieron en México como fruto de la Revolución Mexicana. Esas instituciones hoy se encuentran en una crisis profunda, particularmente la institución de la presidencia de la República que se ha puesto al servicio incondicional de la minoría adinerada.
Los neoliberales mexicanos, desde Miguel de la Madrid hasta Calderón son los responsables ante la historia y ante el pueblo de permitir el saqueo de la riqueza nacional, de permitir el proceso de neocolonización, proceso que empieza fuera del país y que termina fuera de él, porque ahora la política económica de México se decide en el extranjero. No sólo se ha cedido soberanía, sino que se ha perdido peligrosamente parte de ella.
Se trata de esa política que tiene abandonado al campo mexicano, al que ha degradado; que aplica una política monetaria grata y favorable a las instituciones financieras del imperialismo norteamericano; que está privatizando, mediante procedimientos violatorios de la ley, el petróleo y la electricidad; que malbarató, en beneficio de unos pocos, las empresas estatales y transfirió a los particulares gran parte de la riqueza nacional a pretexto de democratizar el capital; que empobreció al pueblo mexicano y a su clase trabajadora, estableciendo los salarios más bajos del mundo, también con el pretexto de convertir a México en una potencia exportadora, y manteniendo salarios bajos, que hacen imposible la subsistencia de la inmensa mayoría de la clase trabajadora. Esa política neoliberal ha despojado a los trabajadores del 70% de su poder adquisitvo en los últimos años.
Es la política que expulsa materialmente a millones de mexicanos del campo y de la ciudad, que desintegra familias y que manda a la muerte a cientos de jóvenes mexicanos. Es el modelo que tiene como filosofía el más grosero individualismo; que ha mercantilizado la educación y que pretende por todos los medios privatizar, para beneficio de los intereses minoritarios, los servicios médicos y otros servicios sociales.
Han sido los neoliberales los responsables directos de la aparición y el crecimiento del crimen organizado, en distintos niveles, y muchos de los funcionarios gubernamentales están involucrados directamente en las mafias criminales, y utilizan el poder para agredir a la sociedad mexicana y a quienes legítimamente luchan por los intereses populares.
El sistema político mexicano, hasta donde lo han llevado los neoliberales, ya no sirve al nuestro pueblo para conseguir sus objetivos de democracia, desarrollo social y justicia. Muchos sectores populares lo han advertido, se están organizando, porque saben perfectamente que de continuar por el camino impuesto por el neoliberalismo todos los problemas se agudizarán y otros aspectos de la vida de los mexicanos que, por hoy no son un problema, pronto lo serán.
Por lo tanto la lucha para impedir que la mafia neoliberal remate lo que queda del patrimonio nacional se convierte en una necesidad vital.
LA INTOLERANCIA CLERICAL EN PLENO SIGLO XXI
Este artículo lo escribí cuando se legalizó el aborto en el Distrito federal, decisión que provocó la ira clerical y revivió la intolerancia que lo caracteriza.
Parece increíble que en el siglo XXI, después que la ciencia y la tecnología han posado al hombre en la superficie de la Luna y están cerca de colocarlo en Marte; después de los portentosos cambios científicos revolucionarios en casi todas las esferas de la actividad humana que lo alejan, cada vez más, de la ignorancia y la incertidumbre, salgan algunos representantes de las ideas más atrasadas, invocadas allá por el siglo XVI, y desde el púlpito pretendan el castigo de quienes no piensan como ellos y, lo peor, los amenacen con el fuego eterno. ¡Verdaderamente increíble!
A pretexto de una nueva legislación que despenaliza el aborto en el Distrito Federal, el clero se ha embarcado en otra cruzada de dimensiones provocadoras, a grado tal que, en su incapacidad para movilizar a su favor la opinión pública del país, ha llamado abiertamente a desobedecer la ley, invocando una supuesta defensa de la vida, que nadie cree si se recuerdan los horrores de la Santa Inquisición o, en su momento, del Santo Oficio.
Desde que se conoció el proyecto sobre el tema del aborto, cada misa fue convertida en un mitin político descalificando, a diestra y siniestra, a los legisladores del Distrito Federal. Y una vez que se aprobó, hicieron su aparición en el escenario político personajes clericales del pasado. La ignorancia, la intolerancia, la grosería, la blasfemia fueron sus únicos “argumentos”.
Esta actitud retadora del clero, francamente violatorio del régimen legal, en mucho se debe a la abierta complicidad del gobierno de Felipe Calderón, que lo deja hacer y deshacer, pues parten de las mismas ideas sobre el tema, como se comprobó con lo dicho por la esposa de Calderón.
Otra vez, como en el siglo XVI, el clero dio rienda suelta al odio que siente por toda manifestación de libertad. Se vuelve a sentir, como hace 500 años, amo y señor de personas y conciencias sólo para hacer, hay que decirlo claramente, el ridículo, porque por más que vocifera, muy pocos le hacen caso.
Lo que le ocurrió al clero en el tema del aborto, ya le había sucedido con los anticonceptivos. Se opuso y se opone a ellos, pero millones de mujeres católicas los utilizan. Y en el colmo del cinismo –como lo denunció hace muchos años, el investigador David Yallop- la iglesia era la principal accionista de laboratorios que producían anticonceptivos. Esa es la estatura moral del clero.
Pero volviendo a la intolerancia, hay que decir que esta es una característica propia e inconfundible del clero a través de su historia. Causa indignación releer el decreto de excomunión contra el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, lanzado por el obispo Manuel Abad y Queipo, obispo de Michoacán, no en el siglo XVI, sino a principios del XIX, es decir, hace aproximadamente 200 años, documento que ha sido tan recordado en estos días de excomuniones. Reproduzco textualmente parte de ese decreto:
“Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, en dondequiera que esté, en la casa o en el campo, en el camino o en las veredas, en los bosques o en el agua, y aún en la iglesia. Que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber, en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado; estando acostado o andando, mingiendo o cancando, y en toda sangría. Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes; en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos”.
“Que sea condenado en su boca, en su pecho y en su corazón y en todas las vísceras de su cuerpo. Que sea condenado en sus venas y en sus muslos, en sus caderas, en sus rodillas, en sus piernas, pies, y en las uñas de sus pies. Que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo, desde arriba de su cabeza hasta la planta de su pie; que no haya nada bueno en él…” Hasta aquí porque da asco.
Este decreto, que contiene una enorme crueldad, un fanatismo enfermizo y un odio increíble, pero que es un documento oficial de la iglesia católica, redactado seguramente por un desquiciado, es el que sirve de base a los nuevos Abad y Queipo del siglo XXI. Es un verdadero monumento a la estupidez.
Y es Miguel Hidalgo, junto a Juárez y Morelos, el héroe nacional más querido y respetado del pueblo mexicano.
Parece increíble que en el siglo XXI, después que la ciencia y la tecnología han posado al hombre en la superficie de la Luna y están cerca de colocarlo en Marte; después de los portentosos cambios científicos revolucionarios en casi todas las esferas de la actividad humana que lo alejan, cada vez más, de la ignorancia y la incertidumbre, salgan algunos representantes de las ideas más atrasadas, invocadas allá por el siglo XVI, y desde el púlpito pretendan el castigo de quienes no piensan como ellos y, lo peor, los amenacen con el fuego eterno. ¡Verdaderamente increíble!
A pretexto de una nueva legislación que despenaliza el aborto en el Distrito Federal, el clero se ha embarcado en otra cruzada de dimensiones provocadoras, a grado tal que, en su incapacidad para movilizar a su favor la opinión pública del país, ha llamado abiertamente a desobedecer la ley, invocando una supuesta defensa de la vida, que nadie cree si se recuerdan los horrores de la Santa Inquisición o, en su momento, del Santo Oficio.
Desde que se conoció el proyecto sobre el tema del aborto, cada misa fue convertida en un mitin político descalificando, a diestra y siniestra, a los legisladores del Distrito Federal. Y una vez que se aprobó, hicieron su aparición en el escenario político personajes clericales del pasado. La ignorancia, la intolerancia, la grosería, la blasfemia fueron sus únicos “argumentos”.
Esta actitud retadora del clero, francamente violatorio del régimen legal, en mucho se debe a la abierta complicidad del gobierno de Felipe Calderón, que lo deja hacer y deshacer, pues parten de las mismas ideas sobre el tema, como se comprobó con lo dicho por la esposa de Calderón.
Otra vez, como en el siglo XVI, el clero dio rienda suelta al odio que siente por toda manifestación de libertad. Se vuelve a sentir, como hace 500 años, amo y señor de personas y conciencias sólo para hacer, hay que decirlo claramente, el ridículo, porque por más que vocifera, muy pocos le hacen caso.
Lo que le ocurrió al clero en el tema del aborto, ya le había sucedido con los anticonceptivos. Se opuso y se opone a ellos, pero millones de mujeres católicas los utilizan. Y en el colmo del cinismo –como lo denunció hace muchos años, el investigador David Yallop- la iglesia era la principal accionista de laboratorios que producían anticonceptivos. Esa es la estatura moral del clero.
Pero volviendo a la intolerancia, hay que decir que esta es una característica propia e inconfundible del clero a través de su historia. Causa indignación releer el decreto de excomunión contra el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, lanzado por el obispo Manuel Abad y Queipo, obispo de Michoacán, no en el siglo XVI, sino a principios del XIX, es decir, hace aproximadamente 200 años, documento que ha sido tan recordado en estos días de excomuniones. Reproduzco textualmente parte de ese decreto:
“Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, en dondequiera que esté, en la casa o en el campo, en el camino o en las veredas, en los bosques o en el agua, y aún en la iglesia. Que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber, en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado; estando acostado o andando, mingiendo o cancando, y en toda sangría. Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes; en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos”.
“Que sea condenado en su boca, en su pecho y en su corazón y en todas las vísceras de su cuerpo. Que sea condenado en sus venas y en sus muslos, en sus caderas, en sus rodillas, en sus piernas, pies, y en las uñas de sus pies. Que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo, desde arriba de su cabeza hasta la planta de su pie; que no haya nada bueno en él…” Hasta aquí porque da asco.
Este decreto, que contiene una enorme crueldad, un fanatismo enfermizo y un odio increíble, pero que es un documento oficial de la iglesia católica, redactado seguramente por un desquiciado, es el que sirve de base a los nuevos Abad y Queipo del siglo XXI. Es un verdadero monumento a la estupidez.
Y es Miguel Hidalgo, junto a Juárez y Morelos, el héroe nacional más querido y respetado del pueblo mexicano.
sábado, 14 de enero de 2012
CRISIS DEL NEOLIBERALISMO EN LATINOAMÉRICA
No hay mucha diferencia entre lo que ocurría en 2007 y lo que sucede al iniciar el 2012 en México. Cambian algunas personas, escenarios y porcentajes, pero la tendencia y los desastres provocados por los panistas, en México, son cada día más agudos, mientas Latinoamérica se va deshaciendo de ese lastre. Cuando se cumplían 25 años del modelo neoliberal depredador, los mexicanos estábamos leyendo, en parte, lo que ocurre cuando ese modelo cumple más de tres décadas: crece el número de pobres, crece la población joven sin empleo, y el dato dramático: casi 60 mil mexicanos muertos en la guerra que los yanquis le impusieron a Calderón, por lo cual, tarde o temprano, tendrá que responder ante el pueblo y la humanidad.
En los últimos 25 años la economía mexicana ha experimentado una crisis permanente y recurrente, que se ha expresado, entre otras cosas, en inflación alta, como ocurrió con el gobierno de Miguel de la Madrid, en un crecimiento artificial como sucedió con Salinas y, también, en un aparente crecimiento con Zedillo, después de la tremenda crisis desatada por el llamado “error de diciembre”, responsabilidad de ambos gobiernos, es decir, el de Carlos Salinas y el de Ernesto Zedillo. Y hablo de crecimiento artificial y aparente, porque en los hechos la pobreza de amplios sectores populares siguió creciendo y la concentración de la riqueza en pocas manos se acentúo.
Con Fox –al que ahora se le están “descubriendo” las trapacerías y corruptelas en que incurrió su gobierno- el crecimiento se redujo de tal manera que casi atina a conseguir su sueño guajiro del 7%, pero no anual sino sexenal, porque se entregó al sector empresarial y golpeó rudamente al pueblo. Con Vicente Fox –un proyanqui convencido, calificado merecidamente por el presidente venezolano Hugo Chávez como el “cachorro del imperialismo”, por su actitud entreguista y antipatriota- la dependencia de nuestra economía respecto de la norteamericana creció, y la crisis se profundizó al aislar intencionalmente a México del resto de América Latina. Pero, además, la economía mexicana perdió frente a la economía china, primero porque la potencia asiática, que mantiene porcentajes de crecimiento arriba del 10% anual desde hace varios años, desplazó a México como el principal socio comercial de los Estados Unidos y, segundo, porque la economía mexicana fue penetrada por la economía china.
El bajo, o mejor dicho, el nulo crecimiento de la economía con Fox continuará en el actual sexenio, pues los gobiernos panistas no han querido entender que el neoliberalismo ha entrado en una crisis profunda e irreversible; que ese modelo ya no tiene ningún porvenir, y menos en Latinoamérica; que de manera destacada los pueblos de América Latina, a través de una lucha a fondo, se están sacudiendo tanto el modelo neoliberal como las secuelas de miseria, pobreza, atraso, analfabetismo, crecimiento inusitado de la delincuencia y otras lacras sociales, que se generaron o crecieron bajo los criminales gobiernos neoliberales de toda la zona.
Y son esos pueblos los que han logrado desplazar a los neoliberales del poder, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela, y hasta en el mismo Perú. Hoy el mapa político y económico latinoamericano se ha modificado de manera muy importante, y todos esos países están logrando –algunos de ellos ya por varios años consecutivos- un crecimiento económico alto que no se logró, como no se podía conseguir, bajo el neoliberalismo. Lo que explica ese crecimiento de sus economías –cuyas cifras se pueden comprobar consultando los estudios de la CEPAL- es el abandono del modelo neoliberal. En tanto que los gobiernos, como el de los panistas en México, que se mantienen tercamente aplicando la política del neoliberalismo, lo que han conseguido es el estancamiento económico, el crecimiento del desempleo y el agravamiento de otros fenómenos sociales.
Precisamente los datos recientes de la CEPAL, colocan a la economía de México en el último lugar de crecimiento en América Latina durante 2007, abajo ya no digamos de países como Brasil, Argentina, Chile y Venezuela, sino muy por abajo del crecimiento que lograrán países como Panamá (8.5%), República Dominicana (7.5%), Perú (7.3%), Colombia (6.8%), Costa Rica (6.0%), Honduras (5.5%), Uruguay (5.2%), Guatemala (5.0%). Y también por abajo del crecimiento que lograrán El Salvador (4.5%), Nicaragua (4.3%), Bolivia (4.2%), Paraguay (4.0%), Ecuador (3.5%), y Haití (3.5%).
La economía mexicana, según las previsiones de la CEPAL, sólo crecerá al 3.2%, el más bajo de América Latina. Y todavía los panistas neoliberales en el poder insisten en sus famosas reformas estructurales, es decir, reformas neoliberales, que conducirían a México, en las actuales circunstancias latinoamericanas, a una verdadera catástrofe. Cuando la gran mayoría de países latinoamericanos han abandonado paulatinamente las políticas impuestas por los yanquis a través de sus agencias financieras, y orientan su desarrollo hacia el crecimiento y bienestar general, aquí con un gobierno reaccionario se insiste en aplicar el modelo que ya fracasó, no ahora sino desde hace tiempo, que no genera crecimiento, que no crea empleos, que no combate la pobreza, y que sí profundiza la desigualdad social a niveles jamás conocidos.
Con los panistas, México ha dejado de ser el hermano mayor de América Latina, se transformó en el hermano menor, y es ya el hijo adoptivo del imperialismo.
En los últimos 25 años la economía mexicana ha experimentado una crisis permanente y recurrente, que se ha expresado, entre otras cosas, en inflación alta, como ocurrió con el gobierno de Miguel de la Madrid, en un crecimiento artificial como sucedió con Salinas y, también, en un aparente crecimiento con Zedillo, después de la tremenda crisis desatada por el llamado “error de diciembre”, responsabilidad de ambos gobiernos, es decir, el de Carlos Salinas y el de Ernesto Zedillo. Y hablo de crecimiento artificial y aparente, porque en los hechos la pobreza de amplios sectores populares siguió creciendo y la concentración de la riqueza en pocas manos se acentúo.
Con Fox –al que ahora se le están “descubriendo” las trapacerías y corruptelas en que incurrió su gobierno- el crecimiento se redujo de tal manera que casi atina a conseguir su sueño guajiro del 7%, pero no anual sino sexenal, porque se entregó al sector empresarial y golpeó rudamente al pueblo. Con Vicente Fox –un proyanqui convencido, calificado merecidamente por el presidente venezolano Hugo Chávez como el “cachorro del imperialismo”, por su actitud entreguista y antipatriota- la dependencia de nuestra economía respecto de la norteamericana creció, y la crisis se profundizó al aislar intencionalmente a México del resto de América Latina. Pero, además, la economía mexicana perdió frente a la economía china, primero porque la potencia asiática, que mantiene porcentajes de crecimiento arriba del 10% anual desde hace varios años, desplazó a México como el principal socio comercial de los Estados Unidos y, segundo, porque la economía mexicana fue penetrada por la economía china.
El bajo, o mejor dicho, el nulo crecimiento de la economía con Fox continuará en el actual sexenio, pues los gobiernos panistas no han querido entender que el neoliberalismo ha entrado en una crisis profunda e irreversible; que ese modelo ya no tiene ningún porvenir, y menos en Latinoamérica; que de manera destacada los pueblos de América Latina, a través de una lucha a fondo, se están sacudiendo tanto el modelo neoliberal como las secuelas de miseria, pobreza, atraso, analfabetismo, crecimiento inusitado de la delincuencia y otras lacras sociales, que se generaron o crecieron bajo los criminales gobiernos neoliberales de toda la zona.
Y son esos pueblos los que han logrado desplazar a los neoliberales del poder, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela, y hasta en el mismo Perú. Hoy el mapa político y económico latinoamericano se ha modificado de manera muy importante, y todos esos países están logrando –algunos de ellos ya por varios años consecutivos- un crecimiento económico alto que no se logró, como no se podía conseguir, bajo el neoliberalismo. Lo que explica ese crecimiento de sus economías –cuyas cifras se pueden comprobar consultando los estudios de la CEPAL- es el abandono del modelo neoliberal. En tanto que los gobiernos, como el de los panistas en México, que se mantienen tercamente aplicando la política del neoliberalismo, lo que han conseguido es el estancamiento económico, el crecimiento del desempleo y el agravamiento de otros fenómenos sociales.
Precisamente los datos recientes de la CEPAL, colocan a la economía de México en el último lugar de crecimiento en América Latina durante 2007, abajo ya no digamos de países como Brasil, Argentina, Chile y Venezuela, sino muy por abajo del crecimiento que lograrán países como Panamá (8.5%), República Dominicana (7.5%), Perú (7.3%), Colombia (6.8%), Costa Rica (6.0%), Honduras (5.5%), Uruguay (5.2%), Guatemala (5.0%). Y también por abajo del crecimiento que lograrán El Salvador (4.5%), Nicaragua (4.3%), Bolivia (4.2%), Paraguay (4.0%), Ecuador (3.5%), y Haití (3.5%).
La economía mexicana, según las previsiones de la CEPAL, sólo crecerá al 3.2%, el más bajo de América Latina. Y todavía los panistas neoliberales en el poder insisten en sus famosas reformas estructurales, es decir, reformas neoliberales, que conducirían a México, en las actuales circunstancias latinoamericanas, a una verdadera catástrofe. Cuando la gran mayoría de países latinoamericanos han abandonado paulatinamente las políticas impuestas por los yanquis a través de sus agencias financieras, y orientan su desarrollo hacia el crecimiento y bienestar general, aquí con un gobierno reaccionario se insiste en aplicar el modelo que ya fracasó, no ahora sino desde hace tiempo, que no genera crecimiento, que no crea empleos, que no combate la pobreza, y que sí profundiza la desigualdad social a niveles jamás conocidos.
Con los panistas, México ha dejado de ser el hermano mayor de América Latina, se transformó en el hermano menor, y es ya el hijo adoptivo del imperialismo.
NEOLIBERALISMO CLERICAL
Este artículo lo escribí en 2007, cuando el clero se volvió a pronunciar abiertamente en defensa de Calderón y demandó las reformas estructurales (léase: neoliberal) que hoy mantienen como cantaleta los neoliberales, sobre todo el grupo compacto autodenominado “La generación del Cambio”, a los que les queda mejor la denominación de vendepatrias. Se advierte claramente la complicidad del clero con ese grupo faccioso.
Con sus cómplices en el poder, el clero político ha retomado activamente el papel de violador contumaz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que los partidos distintos al PAN, con su indiferencia, o a lo mejor también con su complicidad, propician que el clero viole permanentemente las disposiciones del artículo 130 constitucional, que en otros tiempos –con una redacción clara y precisa- logró contener los ímpetus políticos de un sector mayoritario de los ministros de la iglesia católica.
El inciso e) de dicho artículo, al referirse a los ministros de culto religioso, dice textualmente: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma, los símbolos patrios”
Desde Los Pinos se auspicia que la alta jerarquía del clero católico sistemáticamente haga declaraciones políticas: defiende a Calderón, critica a los partidos, se meta con las instituciones del país y asuma, como suyo, el neoliberalismo económico. La complicidad de la Secretaría de Gobernación como autoridad responsable de velar por el respeto y la observancia de la Constitución, salta a la vista.
Hace unos días –y por enésima vez- el clero, a través de una de sus publicaciones periódicas, se fue hasta la cocina, al afirmar que la actual legislatura federal es “una de las más irresponsables de las que se tenga memoria”, haciendo diferencias de matiz entre los partidos mayoritarios en ese órgano colegiado, con la intención de justificar al PAN y defender abiertamente a Calderón.
Se pronunció, como lo hace Calderón y el PAN, por privatizar el petróleo, la energía eléctrica y realizar la reforma fiscal para clavarle más el diente al pueblo mexicano. Pretendiendo justificar su planteamiento mintió al afirmar que “todos los sectores del país están de acuerdo en la urgencia de cambios estructurales en distintos rubros”. Con hipocresía no habla abiertamente de la electricidad, el petróleo y la reforma fiscal, y sólo habla “de cambios estructurales en distintos rubros”, fingiendo padecer demencia, pero todo mundo sabe a qué se refiere cuando habla de cambios estructurales, terminología, por cierto, tomada del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ya se puede hablar, en México, del neoliberalismo clerical.
En dicha publicación, el clero se lanza violentamente contra el Partido de la Revolución Democrática, pues su grupo parlamentario, dicen los “santos señores”, “intentó de manera burda y violenta impedir la toma de posesión del jefe del Ejecutivo”, opinión que lo coloca en favor de Calderón, asumiendo la defensa –evidentemente, no gratuita- del panista. Y en plena coincidencia con los reaccionarios panistas justifica el fraude en las elecciones federales del 2006, que según su “inmaculada” percepción “nadie vio…ni los observadores nacionales ni extranjeros, ni las encuestas, ni las distintas revisiones realizadas”, ubicándose en el papel de máximo órgano electoral del país, por encima del Instituto Federal Electoral, y pretendiendo que sus opiniones tengan carácter definitivo e inatacable.
Como se aprecia, cada una de las declaraciones del clero, puestas entre comillas, se refieren a cuestiones de orden político: el ataque directo a la actividad y las resoluciones del Poder Legislativo son políticas; la defensa del modelo neoliberal, es eminentemente política; la condena a la actitud del PRD es política; la defensa abierta y sin tapujos de Calderón cae en el terreno político, y todas esas opiniones, sin excepción, violan la Constitución General de la República en el artículo que transcribimos inicialmente.
Si tanto hablan los gobernantes del Estado de Derecho, ahí tienen un caso para aplicar las leyes, que no requieren ninguna interpretación, sino su estricta aplicación. El clero debe dedicarse a realizar sus funciones, y todo indica que se impone el restablecimiento de la legislación constitucional anterior a la vigente, en que no se reconocía personalidad jurídica a las instituciones denominadas iglesias.
Por estar tan ocupados en intervenir constantemente en las cuestiones políticas que no les incumben, abandonan las “funciones espirituales” de su iglesia y a sus feligreses que prefieren emigrar a otras religiones.
Hoy muchos creyentes se preguntan cuál fue la posición del clero mexicano cuando se decretó oficialmente la desaparición del purgatorio, o si como dirección de la iglesia católica asumió la defensa de las almas que moraban en el limbo, como también se identificaba a ese lugar ahora inexistente y, por lo tanto vació. También los creyentes quisieran saber si el clero político está o no de acuerdo en que el cielo y el infierno no están ni arriba ni abajo, es decir, que físicamente no existen y que sólo se trata de estados de ánimo de las personas. En fin, quieren saber la posición de la alta jerarquía eclesiástica frente a la Congregación para la Doctrina de la Fe –antigua inquisición de negra memoria- cuando fue presidida por Joseph Alois Ratzinger, o sea el papa Benedicto XVI.
Con sus cómplices en el poder, el clero político ha retomado activamente el papel de violador contumaz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que los partidos distintos al PAN, con su indiferencia, o a lo mejor también con su complicidad, propician que el clero viole permanentemente las disposiciones del artículo 130 constitucional, que en otros tiempos –con una redacción clara y precisa- logró contener los ímpetus políticos de un sector mayoritario de los ministros de la iglesia católica.
El inciso e) de dicho artículo, al referirse a los ministros de culto religioso, dice textualmente: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma, los símbolos patrios”
Desde Los Pinos se auspicia que la alta jerarquía del clero católico sistemáticamente haga declaraciones políticas: defiende a Calderón, critica a los partidos, se meta con las instituciones del país y asuma, como suyo, el neoliberalismo económico. La complicidad de la Secretaría de Gobernación como autoridad responsable de velar por el respeto y la observancia de la Constitución, salta a la vista.
Hace unos días –y por enésima vez- el clero, a través de una de sus publicaciones periódicas, se fue hasta la cocina, al afirmar que la actual legislatura federal es “una de las más irresponsables de las que se tenga memoria”, haciendo diferencias de matiz entre los partidos mayoritarios en ese órgano colegiado, con la intención de justificar al PAN y defender abiertamente a Calderón.
Se pronunció, como lo hace Calderón y el PAN, por privatizar el petróleo, la energía eléctrica y realizar la reforma fiscal para clavarle más el diente al pueblo mexicano. Pretendiendo justificar su planteamiento mintió al afirmar que “todos los sectores del país están de acuerdo en la urgencia de cambios estructurales en distintos rubros”. Con hipocresía no habla abiertamente de la electricidad, el petróleo y la reforma fiscal, y sólo habla “de cambios estructurales en distintos rubros”, fingiendo padecer demencia, pero todo mundo sabe a qué se refiere cuando habla de cambios estructurales, terminología, por cierto, tomada del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ya se puede hablar, en México, del neoliberalismo clerical.
En dicha publicación, el clero se lanza violentamente contra el Partido de la Revolución Democrática, pues su grupo parlamentario, dicen los “santos señores”, “intentó de manera burda y violenta impedir la toma de posesión del jefe del Ejecutivo”, opinión que lo coloca en favor de Calderón, asumiendo la defensa –evidentemente, no gratuita- del panista. Y en plena coincidencia con los reaccionarios panistas justifica el fraude en las elecciones federales del 2006, que según su “inmaculada” percepción “nadie vio…ni los observadores nacionales ni extranjeros, ni las encuestas, ni las distintas revisiones realizadas”, ubicándose en el papel de máximo órgano electoral del país, por encima del Instituto Federal Electoral, y pretendiendo que sus opiniones tengan carácter definitivo e inatacable.
Como se aprecia, cada una de las declaraciones del clero, puestas entre comillas, se refieren a cuestiones de orden político: el ataque directo a la actividad y las resoluciones del Poder Legislativo son políticas; la defensa del modelo neoliberal, es eminentemente política; la condena a la actitud del PRD es política; la defensa abierta y sin tapujos de Calderón cae en el terreno político, y todas esas opiniones, sin excepción, violan la Constitución General de la República en el artículo que transcribimos inicialmente.
Si tanto hablan los gobernantes del Estado de Derecho, ahí tienen un caso para aplicar las leyes, que no requieren ninguna interpretación, sino su estricta aplicación. El clero debe dedicarse a realizar sus funciones, y todo indica que se impone el restablecimiento de la legislación constitucional anterior a la vigente, en que no se reconocía personalidad jurídica a las instituciones denominadas iglesias.
Por estar tan ocupados en intervenir constantemente en las cuestiones políticas que no les incumben, abandonan las “funciones espirituales” de su iglesia y a sus feligreses que prefieren emigrar a otras religiones.
Hoy muchos creyentes se preguntan cuál fue la posición del clero mexicano cuando se decretó oficialmente la desaparición del purgatorio, o si como dirección de la iglesia católica asumió la defensa de las almas que moraban en el limbo, como también se identificaba a ese lugar ahora inexistente y, por lo tanto vació. También los creyentes quisieran saber si el clero político está o no de acuerdo en que el cielo y el infierno no están ni arriba ni abajo, es decir, que físicamente no existen y que sólo se trata de estados de ánimo de las personas. En fin, quieren saber la posición de la alta jerarquía eclesiástica frente a la Congregación para la Doctrina de la Fe –antigua inquisición de negra memoria- cuando fue presidida por Joseph Alois Ratzinger, o sea el papa Benedicto XVI.
domingo, 8 de enero de 2012
HACIA EL 2012: CONSTRUIR EL MUNICIPIO LIBRE
Tuve la oportunidad de participar, en diciembre de 1982, en el debate sobre las reformas al artículo 115 constitucional. En el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se encuentra ese debate. Hubo una gran resistencia en el gobierno federal para dar pasos a favor de la construcción del Municipio Libre. Ahí se localizan las reflexiones, pero sobre todo las propuestas que hice en nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Popular Socialista. Cuando el secretario de la Cámara preguntó a los diputados presentes si eran de aprobarse, la respuesta de la mayoría resolvió: deséchese.
El tiempo daría la razón a los planteamientos y propuestas realizadas por el PPS. De una o de otra manera se fueron incorporando como parte de esa norma constitucional y se tradujeron en beneficio de los municipios de la República. Después de otra reforma a fines del siglo XX, nos encontramos ante la necesidad de ir a fondo en la concepción de un Municipio auténticamente libre, porque el centralismo lo está asfixiando.
En ese sentido están encaminadas las siguientes consideraciones.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, contiene propiamente una definición de lo que es el Municipio, al señalar, que el municipio libre es la base de la división territorial, de la organización política y administrativa de los Estados, y en ocho fracciones contiene las bases de su organización general.
Sin embargo ya casi nadie habla del municipio libre, ni siquiera como término constitucional, menos como aspiración a lograr, a pesar de que esa denominación constituye la base de toda concepción municipal. Es decir, hay que partir de la idea del municipio libre, aún con todas las limitaciones que le fija la propia norma constitucional, para lograr su plena construcción. Esto sí sería realmente un avance sustancial en la tan cacareada reforma del Estado.
El municipio libre se tiene que alcanzar manteniéndolo como base de la división territorial, de la organización política y administrativa de los Estados, pero será necesario agregar un aspecto más: convirtiéndolo, si no en célula, sí en elemento fundamental del desarrollo económico y social de los mexicanos.
En otros términos, el municipio libre no puede continuar como simple prestador de servicios públicos, con el peligro real de que sea despojado hasta de esta función por el hambre insaciable de la privatización, promovida por los neoliberales y sus amanuenses. Es necesario que participe directamente en el desarrollo económico, creando empresas que le permitan obtener recursos para dar satisfacción cabal a las necesidades colectivas en distintos ámbitos, lo cual significa que los ayuntamientos como órganos de gobierno de los municipios se conviertan en promotores del desarrollo económico y del bienestar social.
Restablecer la intervención del Estado en el desarrollo económico, aparte del nivel federal y estatal, para que tenga carácter municipal, para que los tres niveles de gobierno participen en la promoción económica, y lo que habría que precisar con amplitud sería qué renglones del desarrollo económico quedarían en la esfera municipal, aunque se mencionan algunos como la venta de materiales para la construcción, venta de gas doméstico, de las gasolinas y otros productos de Pemex, la comercialización de bienes y servicios básicos, transporte y otros.
Pero además, el municipio libre debe rescatar su papel de célula de la democracia del que ha sido despojado, tanto en su organización como en sus funciones. En su organización, porque debiendo tener los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ha sido privado de éste último, y el legislativo ha sido deformado de tal manera que el cabildo se encuentra colocado bajo el dominio del presidente municipal.
El ayuntamiento no es un órgano de gobierno unipersonal; es un órgano colectivo. Su composición es colegiada, y colegiado debe ser su funcionamiento, colectivos sus acuerdos y resoluciones. El presidente municipal es parte de ese cuerpo, debe convertirse en ejecutor de los acuerdos del Cabildo. Nada más.
Célula de la democracia también, y sobre todo, porque debe ser en el municipio donde el pueblo participe directamente en la resolución de sus problemas y no sólo se le dé oportunidad, la mayoría de las veces restringida, para elegir a funcionarios que, una vez electos no se sienten con responsabilidad frente a sus electores, quienes deberán tener el derecho de revocar el mandato, cuando un ayuntamiento o sus integrantes no cumplan con sus obligaciones.
Es en el Municipio donde la democracia participa debe sustituir a la democracia representativa, porque ésta ya es una verdadera camisa de fuerza que impide la vida democrática.
No hay ninguna disposición en la Constitución nacional, ni tiene por qué haberla en la local, que impida avanzar hacia el auténtico municipio libre, que fortalezca su economía, su hacienda, sin gravar a sus habitantes; que fortalezca la vida democrática de la comunidad que gobierna y que avance con auténtico sentido democrático en su composición y en su funcionamiento. La intervención del pueblo en la estructura y funcionamiento del gobierno municipal debe convertirse en una realidad en el siglo XXI.
Ojalá hubiera la voluntad de los partidos políticos de abordar este tema con el interés superior de avanzar y dejar atrás los obstáculos que impiden el municipio libre que se propusieron los Constituyentes de Querétaro.
El tiempo daría la razón a los planteamientos y propuestas realizadas por el PPS. De una o de otra manera se fueron incorporando como parte de esa norma constitucional y se tradujeron en beneficio de los municipios de la República. Después de otra reforma a fines del siglo XX, nos encontramos ante la necesidad de ir a fondo en la concepción de un Municipio auténticamente libre, porque el centralismo lo está asfixiando.
En ese sentido están encaminadas las siguientes consideraciones.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, contiene propiamente una definición de lo que es el Municipio, al señalar, que el municipio libre es la base de la división territorial, de la organización política y administrativa de los Estados, y en ocho fracciones contiene las bases de su organización general.
Sin embargo ya casi nadie habla del municipio libre, ni siquiera como término constitucional, menos como aspiración a lograr, a pesar de que esa denominación constituye la base de toda concepción municipal. Es decir, hay que partir de la idea del municipio libre, aún con todas las limitaciones que le fija la propia norma constitucional, para lograr su plena construcción. Esto sí sería realmente un avance sustancial en la tan cacareada reforma del Estado.
El municipio libre se tiene que alcanzar manteniéndolo como base de la división territorial, de la organización política y administrativa de los Estados, pero será necesario agregar un aspecto más: convirtiéndolo, si no en célula, sí en elemento fundamental del desarrollo económico y social de los mexicanos.
En otros términos, el municipio libre no puede continuar como simple prestador de servicios públicos, con el peligro real de que sea despojado hasta de esta función por el hambre insaciable de la privatización, promovida por los neoliberales y sus amanuenses. Es necesario que participe directamente en el desarrollo económico, creando empresas que le permitan obtener recursos para dar satisfacción cabal a las necesidades colectivas en distintos ámbitos, lo cual significa que los ayuntamientos como órganos de gobierno de los municipios se conviertan en promotores del desarrollo económico y del bienestar social.
Restablecer la intervención del Estado en el desarrollo económico, aparte del nivel federal y estatal, para que tenga carácter municipal, para que los tres niveles de gobierno participen en la promoción económica, y lo que habría que precisar con amplitud sería qué renglones del desarrollo económico quedarían en la esfera municipal, aunque se mencionan algunos como la venta de materiales para la construcción, venta de gas doméstico, de las gasolinas y otros productos de Pemex, la comercialización de bienes y servicios básicos, transporte y otros.
Pero además, el municipio libre debe rescatar su papel de célula de la democracia del que ha sido despojado, tanto en su organización como en sus funciones. En su organización, porque debiendo tener los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ha sido privado de éste último, y el legislativo ha sido deformado de tal manera que el cabildo se encuentra colocado bajo el dominio del presidente municipal.
El ayuntamiento no es un órgano de gobierno unipersonal; es un órgano colectivo. Su composición es colegiada, y colegiado debe ser su funcionamiento, colectivos sus acuerdos y resoluciones. El presidente municipal es parte de ese cuerpo, debe convertirse en ejecutor de los acuerdos del Cabildo. Nada más.
Célula de la democracia también, y sobre todo, porque debe ser en el municipio donde el pueblo participe directamente en la resolución de sus problemas y no sólo se le dé oportunidad, la mayoría de las veces restringida, para elegir a funcionarios que, una vez electos no se sienten con responsabilidad frente a sus electores, quienes deberán tener el derecho de revocar el mandato, cuando un ayuntamiento o sus integrantes no cumplan con sus obligaciones.
Es en el Municipio donde la democracia participa debe sustituir a la democracia representativa, porque ésta ya es una verdadera camisa de fuerza que impide la vida democrática.
No hay ninguna disposición en la Constitución nacional, ni tiene por qué haberla en la local, que impida avanzar hacia el auténtico municipio libre, que fortalezca su economía, su hacienda, sin gravar a sus habitantes; que fortalezca la vida democrática de la comunidad que gobierna y que avance con auténtico sentido democrático en su composición y en su funcionamiento. La intervención del pueblo en la estructura y funcionamiento del gobierno municipal debe convertirse en una realidad en el siglo XXI.
Ojalá hubiera la voluntad de los partidos políticos de abordar este tema con el interés superior de avanzar y dejar atrás los obstáculos que impiden el municipio libre que se propusieron los Constituyentes de Querétaro.
¿POR QUÉ SURGIÓ EL FOBAPROA?
Los mexicanos que hayan nacido hace 20, 18 o 15 años si acaso habrán oído, entre penumbras, el término Fobaproa y algunos que sean mayores ya no recordarán por qué surgió este instrumento, a través del cual los neoliberales despojaron al pueblo de enormes recursos que debieron aplicarse a la atención de la salud, a la educación, a la construcción de carreteras, a promover la producción del campo, en fin al desarrollo de la economía nacional. Creo que es necesario mantener, estos hechos, en la memoria colectiva., por eso rescato este articulo escrito en 1998.
En medio del escándalo provocado por el Fobaproa, casi nadie -y mucho menos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión- ha planteado la verdadera alternativa frente a los abusos cometidos a través del Fondo, instrumento que, finalmente, sirvió para rescatar a la Banca privada en quiebra y cargar todos sus costos sobre el pueblo mexicano, que será quien al final pague los platos rotos.
Los principales partidos en la Cámara de Diputados o en el Senado han centrado su atención, y hacia allá han desviado el interés de los mexicanos, sobre los montos del Fobaproa, sobre los nombres de los más beneficiados con créditos voluminosos, sobre las condiciones en que operó ese instrumento financiero y sobre otros aspectos técnicos y jurídicos.
Pero nadie ha señalado, ni ha mencionado siquiera, que con el Fobaproa, que por lo demás fue un instrumento insuficiente para atender los problemas bancarios derivados de la crisis de 1994, el gobierno neoliberal se negó a recuperar para el pueblo lo que ya le pertenecía de hecho y por derecho, y rechazó la nacionalización de los bancos, con el falso argumento de que el costo sería mayor, que se fugarían capitales del país, y que no entrarían los que se requieren, y porque, además, dicen los que tomaron la decisión de la no nacionalización bancaria, se daría una reacción adversa de los mercados internacionales ahora que vivimos en plena globalización.
Los tres partidos que tienen el poder en México -el PRI, el PAN y el PRD- al igual que el gobierno, le han ocultado muy bien al pueblo que la decisión más sana, desde todos los puntos de vista, hubiera sido la nacionalización de la banca privada en quiebra, y que el costo económico no hubiera sido tan distinto al que ahora tenemos que pagar a través del Fobaproa, con la diferencia fundamental de que en estos momentos -de haberse nacionalizado la banca- las instituciones serían del pueblo y no de un grupo reducidísimo de magnates de las finanzas que siguen haciendo negocios, muchos de ellos turbios.
Y es que frente a la crisis bancaria de 1995 existían dos caminos perfectamente delimitados: o se rescataba para el pueblo la Banca y el Crédito, es decir, se nacionalizaba esa actividad que resulta de primer orden en la economía de cualquier país, o se rescataba al breve grupo de adinerados que la habían llevado a la quiebra por incapacidad, inexperiencia y excesiva ambición de riqueza. El gobierno optó por el segundo camino y en la práctica despojó a los mexicanos de algo que ya les pertenecía.
Las cosas no son tan sencillas como las han visto y planteado los tres partidos que están discutiendo el tema del Fobaproa. No es tan importante si se reduce o aumenta el porcentaje de los activos que el Fobaproa recuperará hasta dentro de diez años; no resulta de primer orden si a los pequeños y medianos deudores, rescatados por el Fobaproa, les perdonan más o menos intereses o les reducen en un porcentaje determinado su deuda. No, la discusión real no debe versar sobre los montos perdidos o a recuperar.
Lo que realmente interesa a los mexicanos, y es lo que debe discutirse y aclararse, es que el gobierno, para proteger a los bancos y a los banqueros, y sólo de manera secundaria a los deudores -y hasta eso no a todos los deudores, porque la preferencia la tienen los grandes - es que el Fobaproa fue un instrumento que se utilizó para impedir la nacionalización de los bancos, es decir, fue un instrumento para proteger los negocios de los bancos y de los banqueros.
Con el Fobaproa -digan lo que digan y oculten lo que oculten- se consumó un despojo incalificable y de grandes dimensiones contra el pueblo mexicano. Y cualquiera que sea el futuro del Fobaproa, lo apruebe o no el Congreso, ya nada podrá reparar el grave daño que se le ha ocasionado al desarrollo autónomo de México, precisamente si se tienen en cuenta los tiempos de globalización, fenómeno que no debe significar la entrega incondicional de los intereses nacionales a los tiburones económicos del país y del extranjero.
Por lo tanto, un tratamiento adecuado del Fobaproa es reabrir el tema sobre la urgencia de nacionalizar la banca. No hay otra.
En medio del escándalo provocado por el Fobaproa, casi nadie -y mucho menos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión- ha planteado la verdadera alternativa frente a los abusos cometidos a través del Fondo, instrumento que, finalmente, sirvió para rescatar a la Banca privada en quiebra y cargar todos sus costos sobre el pueblo mexicano, que será quien al final pague los platos rotos.
Los principales partidos en la Cámara de Diputados o en el Senado han centrado su atención, y hacia allá han desviado el interés de los mexicanos, sobre los montos del Fobaproa, sobre los nombres de los más beneficiados con créditos voluminosos, sobre las condiciones en que operó ese instrumento financiero y sobre otros aspectos técnicos y jurídicos.
Pero nadie ha señalado, ni ha mencionado siquiera, que con el Fobaproa, que por lo demás fue un instrumento insuficiente para atender los problemas bancarios derivados de la crisis de 1994, el gobierno neoliberal se negó a recuperar para el pueblo lo que ya le pertenecía de hecho y por derecho, y rechazó la nacionalización de los bancos, con el falso argumento de que el costo sería mayor, que se fugarían capitales del país, y que no entrarían los que se requieren, y porque, además, dicen los que tomaron la decisión de la no nacionalización bancaria, se daría una reacción adversa de los mercados internacionales ahora que vivimos en plena globalización.
Los tres partidos que tienen el poder en México -el PRI, el PAN y el PRD- al igual que el gobierno, le han ocultado muy bien al pueblo que la decisión más sana, desde todos los puntos de vista, hubiera sido la nacionalización de la banca privada en quiebra, y que el costo económico no hubiera sido tan distinto al que ahora tenemos que pagar a través del Fobaproa, con la diferencia fundamental de que en estos momentos -de haberse nacionalizado la banca- las instituciones serían del pueblo y no de un grupo reducidísimo de magnates de las finanzas que siguen haciendo negocios, muchos de ellos turbios.
Y es que frente a la crisis bancaria de 1995 existían dos caminos perfectamente delimitados: o se rescataba para el pueblo la Banca y el Crédito, es decir, se nacionalizaba esa actividad que resulta de primer orden en la economía de cualquier país, o se rescataba al breve grupo de adinerados que la habían llevado a la quiebra por incapacidad, inexperiencia y excesiva ambición de riqueza. El gobierno optó por el segundo camino y en la práctica despojó a los mexicanos de algo que ya les pertenecía.
Las cosas no son tan sencillas como las han visto y planteado los tres partidos que están discutiendo el tema del Fobaproa. No es tan importante si se reduce o aumenta el porcentaje de los activos que el Fobaproa recuperará hasta dentro de diez años; no resulta de primer orden si a los pequeños y medianos deudores, rescatados por el Fobaproa, les perdonan más o menos intereses o les reducen en un porcentaje determinado su deuda. No, la discusión real no debe versar sobre los montos perdidos o a recuperar.
Lo que realmente interesa a los mexicanos, y es lo que debe discutirse y aclararse, es que el gobierno, para proteger a los bancos y a los banqueros, y sólo de manera secundaria a los deudores -y hasta eso no a todos los deudores, porque la preferencia la tienen los grandes - es que el Fobaproa fue un instrumento que se utilizó para impedir la nacionalización de los bancos, es decir, fue un instrumento para proteger los negocios de los bancos y de los banqueros.
Con el Fobaproa -digan lo que digan y oculten lo que oculten- se consumó un despojo incalificable y de grandes dimensiones contra el pueblo mexicano. Y cualquiera que sea el futuro del Fobaproa, lo apruebe o no el Congreso, ya nada podrá reparar el grave daño que se le ha ocasionado al desarrollo autónomo de México, precisamente si se tienen en cuenta los tiempos de globalización, fenómeno que no debe significar la entrega incondicional de los intereses nacionales a los tiburones económicos del país y del extranjero.
Por lo tanto, un tratamiento adecuado del Fobaproa es reabrir el tema sobre la urgencia de nacionalizar la banca. No hay otra.
LOS TECNÓCRATAS EMPOBRECIERON AL PUEBLO MEXICANO
Los estragos causados por el neoliberalismo han dejado un pueblo sumido en la pobreza y la desesperación. En poco tiempo los tecnócratas lograron lo que en América del Sur consiguieron los regímenes militares. Ya en 1996, año en que escribí este artículo, los efectos de ese modelo eran desastrosos, y para las grandes masas populares quedaba claro que se trataba de un modelo impuesto desde el exterior, y no concebido por los irresponsables funcionarios que presumían sus títulos obtenidos en universidades de Estados Unidos o Europa, donde les lavaron el cerebro para que –como peones- lo aplicaran en México. Para desgracia de nuestro país esos tecnócratas, dentro de los que se cuentan Carlos Salinas, Guillermo Ortiz, Ángel Gurría, Pedro Aspe, Ernesto Zedillo, Ángel Gurría, Jaime Serra Puche, Patricio Chirinos, Luis Téllez, entre otros, conservan posiciones relevantes y se han agrupado para influir, a fondo, en el candidato presidencial del PRI.
Resulta claro que los tecnócratas no podrán eludir la responsabilidad política de haber hundido a México en la mayor y más peligrosa dependencia económica respecto del mercado norteamericano, pero tampoco podrán eludir la responsabilidad política, moral e histórica de haber sumido a nuestro pueblo en la pobreza y en la miseria.
La única política responsable de este desastre nacional es el conjunto de medidas aplicadas desde 1982. Esas “políticas jóvenes”, léase neoliberales, con plena conciencia de quienes las aplicaron, empobrecieron al pueblo, al establecer salarios de hambre, dizque para convertir la economía mexicana en exportadora, para lo cual no dudaron en deprimir, hasta los niveles más bajos, el poder adquisitivo de los trabajadores.
Ricardo García Sáinz, ex funcionario público y al que evidentemente no se le puede acusar de comunista o algo por el estilo, nos recuerda en una ponencia que presentó en el foro Compromisos por la Nación, que la remuneración en Ginebra es 20 veces mayor que la de México; la de Buenos Aires, 2.5 veces, la de Sao Paulo, 2.4 veces, y en las remuneraciones promedio de 48 ciudades del mundo, sólo Manila, Laos, Jakarta y El Cairo están por debajo de las mexicanas.
Y proporciona otros datos: frente a un incremento de la productividad del 27% en los últimos años, el salario tuvo un incremento de 11%.
¿Esta criminal política de contención salarial se debe a la intervención del Estado en la economía? ¿Fueron los gobiernos anteriores a 1982 los que establecieron salarios de hambre que colocaron a México casi como campeón mundial de los salarios más bajos?
La situación de los campesinos se está volviendo catastrófica. Allí se concentra el 80% de los pobres que el neoliberalismo ha creado en México. Pero la caída de la producción agrícola -lo recuerda el propio García Sáinz- cayó entre 1985 y 1994 en un 6%, y la producción de básicos en un 9%, como resultado de las políticas neoliberales. Y finalmente, para no abundar en más cifras al alcance de los mexicanos en los datos nada confiables de INEGI: el índice general de precios aumentó, entre 1990 y 1995, en 239%, en tanto que el precio de los productos agropecuarios se elevó 105%.
Como se conoce y sabe, los gobiernos neoliberales de México, particularmente el de Salinas de Gortari, han sido colocados en los primerísimos lugares en el proceso privatizador que, hay que repetirlo una vez más, ha sido un proceso desnacionalizador, concentrador de la riqueza en manos de unos cuantos privilegiados, generador de desempleo y graves desajustes económicos, y también ha significado un despojo, a plena luz del día, del patrimonio del pueblo mexicano. Se trata de otro campeonato mundial avalado por los órganos financieros y económicos del imperialismo mundial, como el Fondo Monetario Internacional y en Banco Mundial.
Los resultados sociales del neoliberalismo han sido verdaderamente catastróficos: de 93 millones de mexicanos, más de 60 millones viven en la pobreza, por abajo de los niveles de subsistencia, y un poco más de la mitad de los sesenta, es decir más de 30 millones de compatriotas se debaten en la miseria, que los tecnicismos neoliberales no pueden ocultar.
Todo este cuadro social lleno de dramatismo se ha creado entre 1982 y 1996, cuando ya no gobernaba al país Adolfo López Mateos, Días Ordaz, Luis Echeverría o José López Portillo, es decir los gobiernos representativos de la intervención del Estado en la vida económica, sino cuando han gobernado Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
Las palabras o las cifras manipuladas no pueden cambiar la realidad de millones y millones de mexicanos: hay, por la propia naturaleza injusta del neoliberalismo, total incapacidad para atender las necesidades humanas como ha quedado plenamente demostrado en los 14 últimos años, aunque el propio titular del ejecutivo federal quiera cargar la culpa de los estragos del neoliberalismo al Estado interventor, que él califica despectivamente de estatismo.
¿Con qué elementos, con qué argumentos considera Zedillo que puede derrotar los avances alcanzados por el pueblo mexicano bajo la intervención del Estado? Y sobre todo, ¿cómo podrá probar las bondades que él atribuye al neoliberalismo, cuando todos los mexicanos, a excepción de los beneficiarios de esa política, hemos sido, de una manera o de otra, víctimas de esa política que mata a un mayor número de mexicanos, les ha reducido su nivel de vida, los deja sin empleo, sin educación, sin vivienda y sin atención médica, y los obliga a pasar la frontera norte para no morir de hambre?
Una patria dependiente, sometida a intereses del exterior y un pueblo pobre y en la miseria es el legado del neoliberalismo. ¿Hasta cuándo?
Resulta claro que los tecnócratas no podrán eludir la responsabilidad política de haber hundido a México en la mayor y más peligrosa dependencia económica respecto del mercado norteamericano, pero tampoco podrán eludir la responsabilidad política, moral e histórica de haber sumido a nuestro pueblo en la pobreza y en la miseria.
La única política responsable de este desastre nacional es el conjunto de medidas aplicadas desde 1982. Esas “políticas jóvenes”, léase neoliberales, con plena conciencia de quienes las aplicaron, empobrecieron al pueblo, al establecer salarios de hambre, dizque para convertir la economía mexicana en exportadora, para lo cual no dudaron en deprimir, hasta los niveles más bajos, el poder adquisitivo de los trabajadores.
Ricardo García Sáinz, ex funcionario público y al que evidentemente no se le puede acusar de comunista o algo por el estilo, nos recuerda en una ponencia que presentó en el foro Compromisos por la Nación, que la remuneración en Ginebra es 20 veces mayor que la de México; la de Buenos Aires, 2.5 veces, la de Sao Paulo, 2.4 veces, y en las remuneraciones promedio de 48 ciudades del mundo, sólo Manila, Laos, Jakarta y El Cairo están por debajo de las mexicanas.
Y proporciona otros datos: frente a un incremento de la productividad del 27% en los últimos años, el salario tuvo un incremento de 11%.
¿Esta criminal política de contención salarial se debe a la intervención del Estado en la economía? ¿Fueron los gobiernos anteriores a 1982 los que establecieron salarios de hambre que colocaron a México casi como campeón mundial de los salarios más bajos?
La situación de los campesinos se está volviendo catastrófica. Allí se concentra el 80% de los pobres que el neoliberalismo ha creado en México. Pero la caída de la producción agrícola -lo recuerda el propio García Sáinz- cayó entre 1985 y 1994 en un 6%, y la producción de básicos en un 9%, como resultado de las políticas neoliberales. Y finalmente, para no abundar en más cifras al alcance de los mexicanos en los datos nada confiables de INEGI: el índice general de precios aumentó, entre 1990 y 1995, en 239%, en tanto que el precio de los productos agropecuarios se elevó 105%.
Como se conoce y sabe, los gobiernos neoliberales de México, particularmente el de Salinas de Gortari, han sido colocados en los primerísimos lugares en el proceso privatizador que, hay que repetirlo una vez más, ha sido un proceso desnacionalizador, concentrador de la riqueza en manos de unos cuantos privilegiados, generador de desempleo y graves desajustes económicos, y también ha significado un despojo, a plena luz del día, del patrimonio del pueblo mexicano. Se trata de otro campeonato mundial avalado por los órganos financieros y económicos del imperialismo mundial, como el Fondo Monetario Internacional y en Banco Mundial.
Los resultados sociales del neoliberalismo han sido verdaderamente catastróficos: de 93 millones de mexicanos, más de 60 millones viven en la pobreza, por abajo de los niveles de subsistencia, y un poco más de la mitad de los sesenta, es decir más de 30 millones de compatriotas se debaten en la miseria, que los tecnicismos neoliberales no pueden ocultar.
Todo este cuadro social lleno de dramatismo se ha creado entre 1982 y 1996, cuando ya no gobernaba al país Adolfo López Mateos, Días Ordaz, Luis Echeverría o José López Portillo, es decir los gobiernos representativos de la intervención del Estado en la vida económica, sino cuando han gobernado Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
Las palabras o las cifras manipuladas no pueden cambiar la realidad de millones y millones de mexicanos: hay, por la propia naturaleza injusta del neoliberalismo, total incapacidad para atender las necesidades humanas como ha quedado plenamente demostrado en los 14 últimos años, aunque el propio titular del ejecutivo federal quiera cargar la culpa de los estragos del neoliberalismo al Estado interventor, que él califica despectivamente de estatismo.
¿Con qué elementos, con qué argumentos considera Zedillo que puede derrotar los avances alcanzados por el pueblo mexicano bajo la intervención del Estado? Y sobre todo, ¿cómo podrá probar las bondades que él atribuye al neoliberalismo, cuando todos los mexicanos, a excepción de los beneficiarios de esa política, hemos sido, de una manera o de otra, víctimas de esa política que mata a un mayor número de mexicanos, les ha reducido su nivel de vida, los deja sin empleo, sin educación, sin vivienda y sin atención médica, y los obliga a pasar la frontera norte para no morir de hambre?
Una patria dependiente, sometida a intereses del exterior y un pueblo pobre y en la miseria es el legado del neoliberalismo. ¿Hasta cuándo?
sábado, 7 de enero de 2012
HACIA EL 2012: URGENTES REFORMAS CONSTITUCIONALES
En este año de elecciones federales, es necesario insistir en el carácter de la Constitución que rige la vida de los mexicanos y convocar al debate sobre el tipo y la naturaleza de los cambios que necesita nuestra Constitución para garantizar el progreso social y la democracia del pueblo.
En México, y en otras partes del mundo, la revolución es fuente del Derecho y, particularmente de la Constitución. Las tres constituciones que han regido la vida independiente de México, fueron resultado de una revolución: la Constitución de 1824 de la Revolución de Independencia; la Constitución de 1857 de la Revolución de Ayutla y del movimiento revolucionario sostenido por los liberales, y la Constitución de 1917 de la Revolución Mexicana.
Tanto en los periodos revolucionarios como en las etapas posteriores, el interés de las fuerzas que participan del lado de la revolución o de la contrarrevolución se concentra en la Constitución: los revolucionarios para incorporar las demandas de la corriente victoriosa y después para mantener su vigencia, y los enemigos de la revolución para impedir la elaboración de una Constitución revolucionaria y obstruir su aplicación y, por lo tanto, detener el avance del país.
A través de la Historia de México nuestras constituciones han sido cuerpos jurídicos revolucionarios. Las constituciones de 1824 y la de 1857 incorporaron a su texto disposiciones anticoloniales, en tanto que la de 1917 tuvo y mantiene normas antiimperialistas, antifeudales y otras muy importantes de contenido social.
La vida de la Constitución de 1824 fue azarosa, y durante breves periodos fue sustituida por leyes centralistas, es decir, de corte colonialista; la Constitución de 1857 que debió estar vigente durante el porfiriato, quedó en letra muerta aunque formalmente vigente. Y la Constitución de 1917, que conserva su vigencia, con diversas reformas y adiciones, ha estado en el centro del debate político en los últimos 95 años.
El clero político es el responsable directo de la revuelta cristera contra la Carta Magna. Poderosos intereses nativos y extranjeros la han combatido con saña, y los contrarrevolucionarios la denominaron despectivamente el “almodrote” de Querétaro. El Partido Acción Nacional surgió para oponerse a las disposiciones más avanzadas de la Constitución de 1917. Parte de su programa y su proyecto reaccionario de nación se oponen a lo más avanzado de nuestra Ley Fundamental, porque el PAN surgió y se mantiene como un partido contrarrevolucionario.
La Revolución Mexicana fue un movimiento antiimperialista, antifeudal, democrático y popular. Por eso no prevaleció, en los debates del Constituyente de Querétaro, el proyecto constitucional de Venustiano Carranza, porque en mucho era una repetición de la de 1857, como si no se hubiera dado la Revolución de 1910.
Hasta la fecha pocos han valorado la trascendental importancia, económica, social y política del mandato constitucional que establece la propiedad originaria de la Nación sobre el suelo y subsuelo.
El artículo 27 constitucional fue la base jurídica de la expropiación petrolera y de que el petróleo se mantenga como propiedad de la Nación, a pesar de los esfuerzos y compromisos inconfesables de los reaccionarios por privatizarlo.
Esa norma constitucional es también la base del ejido, entendido como propiedad social, propiedad que entrega la Nación a núcleos de población, no como propiedad privada. A través del reparto de la tierra, es decir, a través del ejido se rompió el régimen feudal en el cual aproximadamente 800 hacendados –auténticos señores feudales- detentaban el territorio nacional, se liberó a los campesinos y se generó el mercado interno, inexistente en la hacienda porfiriana.
Y gracias a las disposiciones del artículo 27 de la Constitución de 1917 y a la existencia del ejido ha sido posible, hasta hoy, defender y preservar la integridad del territorio nacional, sobre todo en la frontera norte y las costas, siempre en la mira de los grandes intereses económicos. Cualquier intento de colonización del territorio mexicano, al estilo yanqui del siglo XIX, también ha sido frustrado por las disposiciones específicas del 27 constitucional que prohíben a los extranjeros tener propiedad en una franja de 100 kilómetros en la frontera y de 50 en las costas.
Otra disposición de enorme importancia, al lado del 27, es la que se refiere a la educación. El articulo 3º. de la Constitución quebró la pretensión del clero de monopolizar la educación, y no sólo le dio, a la elemental, el carácter de obligatoria y gratuita, sino a la educación en general el carácter de laica (“se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”, según el texto constitucional), democrática y científica. El rechazo a estos postulados constitucionales sigue siendo una bandera de los reaccionarios y del clero, pero no han logrado modificarlos, y menos cuando la ciencia alcanza cada día nuevos y sorprendentes conocimientos.
La educación científica, como lo ordena el artículo 3º. de la Constitución “luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Los ministros de culto que impartan educación anticientífica, están al margen de la Constitución, y los funcionarios que toleran la violación adquieren responsabilidades públicas.
Y qué decir de las conquistas laborales de los trabajadores, que nuestra Constitución reconoce en su artículo 123, que los neoliberales y reaccionarios de todo tipo vienen atacando con furia desde hace tiempo, para permitir al capital mayores ganancias. Derechos elementales, como la jornada máxima, el salario mínimo, el contrato colectivo de trabajo, el derecho a la sindicalización, el derecho de huelga, etc. fueron ganados a sangre y fuego, y no otorgados por concesión gratuita.
A 95 años de vigencia de la Constitución de 1917 sigue causando ardor en las filas reaccionarias el conjunto de garantías sociales otorgadas por nuestra Constitución en los artículos señalados. Los que consideran que la Carta Magna debe ser sustituida por otra, tienen en mente borrar de sus preceptos todo lo relativo a las garantías, como la educación, la propiedad social, los derechos laborales, la sujeción del clero a la ley, hasta dejar un código sin importancia.
A pesar de la ofensiva reaccionaria contra la Constitución de 1917 desde su promulgación, como la revuelta clerical de los cristeros, el levantamiento contra la expropiación petrolera, el otorgamiento del derecho de amparo a los terratenientes para detener la reforma agraria, con Miguel Alemán, y de los embates violentos de los neoliberales, a partir de 1982, con el gobierno de Miguel de la Madrid; a pesar de las reformas contrarrevolucionarias para acabar con el ejido y revitalizar la presencia política del clero de Carlos Salinas; a pesar de las constantes e innumerables violaciones cometidas por el locuaz Vicente Fox y ahora por Calderón, que agraden el principio de la propiedad originaria de la Nación, al entregar contratos a empresas extranjeras en materia de explotación del petróleo, la Constitución vigente sigue siendo, no sólo el conjunto de normas que nos organizan políticamente, sino un programa revolucionario cuyo cumplimiento garantiza la independencia y soberanía nacionales, avanza hacia la democracia y organiza el desarrollo económico para bienestar de los mexicanos.
Las garantías sociales y las individuales que otorga la Carta Magna deben ser intocables. Con los panistas en el poder se ha iniciado una brutal ofensiva contra las garantías individuales de seguridad, que protegen al individuo frente al Estado. Se busca elevar a rango de ley la arbitrariedad, a pretexto de la supuesta lucha contra el crimen organizado, algo similar a lo que ocurrió en los Estados Unidos, dizque para combatir el terrorismo.
Al contrario, deben enriquecerse, tanto garantías sociales como individuales, con los aportes que otras constituciones están realizando, como la que rige la vida de Ecuador, que eleva sustancialmente los derechos de las personas, o tomar lo que instituciones internacionales, como la ONU y sus organismos especializados, han incorporado en el nuevo catálogo de lo que llaman derechos humanos, pero que para los mexicanos encuadran perfectamente dentro de nuestros derechos sociales e individuales.
Desde luego, en las circunstancias actuales, hay que examinar con detenimiento la organización política y las instituciones que han demostrado su inutilidad, o que son un obstáculo para el desarrollo democrático nacional, entre ellas el presidencialismo exacerbado e irresponsable que se niega a rendir cuentas al pueblo, o la estructura bicameral del Congreso de la Unión que demuestra, a cada momento, su inoperancia.
Urge legislar a nivel constitucional para establecer, con amplitud, las causas por las que un presidente de la República puede ser removido del cargo, y las sanciones que se deben aplicar cuando viole la Constitución o las leyes, durante su mandato y después de él.
Debe incorporarse en el texto constitucional el principio según el cual los delitos o daños cometidos contra la Nación no prescriben, para que sean castigados y reparados en cualquier momento.
La Cámara de Senadores debe desaparecer para dejar exclusivamente la de diputados, con el auténtico carácter de representantes populares, mediante una serie de condiciones, requisitos y exigencias para que se cumpla con ese papel, y para que no se convierta en un centro de cabildeo a través del cual se protejan los intereses de unos cuantos potentados y se olviden los de la Nación.
Llegó el momento de establecer, a nivel constitucional, como requisito para aspirar a un cargo de representación popular el haber prestado servicios reconocidos a la Nación, al Estado o al Municipio, según la elección de que se trate, porque ahora quedan abiertas las puertas para que cualquier rufián o acaudalado, aspire a esos cargos, con los consiguientes riesgos para el pueblo.
La democracia representativa reflejada en todos los puestos de elección popular debe ser consecuente hasta el final. Es decir, la doctrina de la representación, como está ahora, es incompleta, porque el mandante, que es el pueblo, no puede casi bajo ninguna circunstancia, destituir al mandatario, pues se le ha negado sistemáticamente el derecho de revocarle el mandato.
En las condiciones actuales y por salud de la República, no es posible que las autoridades electas, teóricamente por voluntad popular, se mantengan cuando han demostrado ineficiencia, incapacidad o han caído en la corrupción y se mantienen en la impunidad.
De manera urgente hay que transitar de la democracia representativa que ha perdido su esencia, a una democracia participativa, donde el pueblo se convierta en la verdadera fuente de poder, porque como están las cosas ahora ha dejado de serlo, y sus representantes usan y abusan del poder sin control alguno.
En materia religiosa es necesario restituir las normas que garanticen la supremacía del poder del Estado y sujeten al clero a la ley, porque la contrarreforma de Salinas desató las ambiciones del clero para restablecer los fueros y privilegios de la etapa colonial, como lo hemos señalado con claridad en otros artículos publicados en el blog.
Si la campaña electoral que se avecina en México girara, por lo menos, en torno a estas reflexiones que no agotan de ninguna manera el tema y sólo apuntan algunas cuestiones generales en materia constitucional, el pueblo saldría ganando, y los candidatos que participen tendrían que pronunciarse sobre aspectos esenciales de la vida de los mexicanos.
En México, y en otras partes del mundo, la revolución es fuente del Derecho y, particularmente de la Constitución. Las tres constituciones que han regido la vida independiente de México, fueron resultado de una revolución: la Constitución de 1824 de la Revolución de Independencia; la Constitución de 1857 de la Revolución de Ayutla y del movimiento revolucionario sostenido por los liberales, y la Constitución de 1917 de la Revolución Mexicana.
Tanto en los periodos revolucionarios como en las etapas posteriores, el interés de las fuerzas que participan del lado de la revolución o de la contrarrevolución se concentra en la Constitución: los revolucionarios para incorporar las demandas de la corriente victoriosa y después para mantener su vigencia, y los enemigos de la revolución para impedir la elaboración de una Constitución revolucionaria y obstruir su aplicación y, por lo tanto, detener el avance del país.
A través de la Historia de México nuestras constituciones han sido cuerpos jurídicos revolucionarios. Las constituciones de 1824 y la de 1857 incorporaron a su texto disposiciones anticoloniales, en tanto que la de 1917 tuvo y mantiene normas antiimperialistas, antifeudales y otras muy importantes de contenido social.
La vida de la Constitución de 1824 fue azarosa, y durante breves periodos fue sustituida por leyes centralistas, es decir, de corte colonialista; la Constitución de 1857 que debió estar vigente durante el porfiriato, quedó en letra muerta aunque formalmente vigente. Y la Constitución de 1917, que conserva su vigencia, con diversas reformas y adiciones, ha estado en el centro del debate político en los últimos 95 años.
El clero político es el responsable directo de la revuelta cristera contra la Carta Magna. Poderosos intereses nativos y extranjeros la han combatido con saña, y los contrarrevolucionarios la denominaron despectivamente el “almodrote” de Querétaro. El Partido Acción Nacional surgió para oponerse a las disposiciones más avanzadas de la Constitución de 1917. Parte de su programa y su proyecto reaccionario de nación se oponen a lo más avanzado de nuestra Ley Fundamental, porque el PAN surgió y se mantiene como un partido contrarrevolucionario.
La Revolución Mexicana fue un movimiento antiimperialista, antifeudal, democrático y popular. Por eso no prevaleció, en los debates del Constituyente de Querétaro, el proyecto constitucional de Venustiano Carranza, porque en mucho era una repetición de la de 1857, como si no se hubiera dado la Revolución de 1910.
Hasta la fecha pocos han valorado la trascendental importancia, económica, social y política del mandato constitucional que establece la propiedad originaria de la Nación sobre el suelo y subsuelo.
El artículo 27 constitucional fue la base jurídica de la expropiación petrolera y de que el petróleo se mantenga como propiedad de la Nación, a pesar de los esfuerzos y compromisos inconfesables de los reaccionarios por privatizarlo.
Esa norma constitucional es también la base del ejido, entendido como propiedad social, propiedad que entrega la Nación a núcleos de población, no como propiedad privada. A través del reparto de la tierra, es decir, a través del ejido se rompió el régimen feudal en el cual aproximadamente 800 hacendados –auténticos señores feudales- detentaban el territorio nacional, se liberó a los campesinos y se generó el mercado interno, inexistente en la hacienda porfiriana.
Y gracias a las disposiciones del artículo 27 de la Constitución de 1917 y a la existencia del ejido ha sido posible, hasta hoy, defender y preservar la integridad del territorio nacional, sobre todo en la frontera norte y las costas, siempre en la mira de los grandes intereses económicos. Cualquier intento de colonización del territorio mexicano, al estilo yanqui del siglo XIX, también ha sido frustrado por las disposiciones específicas del 27 constitucional que prohíben a los extranjeros tener propiedad en una franja de 100 kilómetros en la frontera y de 50 en las costas.
Otra disposición de enorme importancia, al lado del 27, es la que se refiere a la educación. El articulo 3º. de la Constitución quebró la pretensión del clero de monopolizar la educación, y no sólo le dio, a la elemental, el carácter de obligatoria y gratuita, sino a la educación en general el carácter de laica (“se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”, según el texto constitucional), democrática y científica. El rechazo a estos postulados constitucionales sigue siendo una bandera de los reaccionarios y del clero, pero no han logrado modificarlos, y menos cuando la ciencia alcanza cada día nuevos y sorprendentes conocimientos.
La educación científica, como lo ordena el artículo 3º. de la Constitución “luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Los ministros de culto que impartan educación anticientífica, están al margen de la Constitución, y los funcionarios que toleran la violación adquieren responsabilidades públicas.
Y qué decir de las conquistas laborales de los trabajadores, que nuestra Constitución reconoce en su artículo 123, que los neoliberales y reaccionarios de todo tipo vienen atacando con furia desde hace tiempo, para permitir al capital mayores ganancias. Derechos elementales, como la jornada máxima, el salario mínimo, el contrato colectivo de trabajo, el derecho a la sindicalización, el derecho de huelga, etc. fueron ganados a sangre y fuego, y no otorgados por concesión gratuita.
A 95 años de vigencia de la Constitución de 1917 sigue causando ardor en las filas reaccionarias el conjunto de garantías sociales otorgadas por nuestra Constitución en los artículos señalados. Los que consideran que la Carta Magna debe ser sustituida por otra, tienen en mente borrar de sus preceptos todo lo relativo a las garantías, como la educación, la propiedad social, los derechos laborales, la sujeción del clero a la ley, hasta dejar un código sin importancia.
A pesar de la ofensiva reaccionaria contra la Constitución de 1917 desde su promulgación, como la revuelta clerical de los cristeros, el levantamiento contra la expropiación petrolera, el otorgamiento del derecho de amparo a los terratenientes para detener la reforma agraria, con Miguel Alemán, y de los embates violentos de los neoliberales, a partir de 1982, con el gobierno de Miguel de la Madrid; a pesar de las reformas contrarrevolucionarias para acabar con el ejido y revitalizar la presencia política del clero de Carlos Salinas; a pesar de las constantes e innumerables violaciones cometidas por el locuaz Vicente Fox y ahora por Calderón, que agraden el principio de la propiedad originaria de la Nación, al entregar contratos a empresas extranjeras en materia de explotación del petróleo, la Constitución vigente sigue siendo, no sólo el conjunto de normas que nos organizan políticamente, sino un programa revolucionario cuyo cumplimiento garantiza la independencia y soberanía nacionales, avanza hacia la democracia y organiza el desarrollo económico para bienestar de los mexicanos.
Las garantías sociales y las individuales que otorga la Carta Magna deben ser intocables. Con los panistas en el poder se ha iniciado una brutal ofensiva contra las garantías individuales de seguridad, que protegen al individuo frente al Estado. Se busca elevar a rango de ley la arbitrariedad, a pretexto de la supuesta lucha contra el crimen organizado, algo similar a lo que ocurrió en los Estados Unidos, dizque para combatir el terrorismo.
Al contrario, deben enriquecerse, tanto garantías sociales como individuales, con los aportes que otras constituciones están realizando, como la que rige la vida de Ecuador, que eleva sustancialmente los derechos de las personas, o tomar lo que instituciones internacionales, como la ONU y sus organismos especializados, han incorporado en el nuevo catálogo de lo que llaman derechos humanos, pero que para los mexicanos encuadran perfectamente dentro de nuestros derechos sociales e individuales.
Desde luego, en las circunstancias actuales, hay que examinar con detenimiento la organización política y las instituciones que han demostrado su inutilidad, o que son un obstáculo para el desarrollo democrático nacional, entre ellas el presidencialismo exacerbado e irresponsable que se niega a rendir cuentas al pueblo, o la estructura bicameral del Congreso de la Unión que demuestra, a cada momento, su inoperancia.
Urge legislar a nivel constitucional para establecer, con amplitud, las causas por las que un presidente de la República puede ser removido del cargo, y las sanciones que se deben aplicar cuando viole la Constitución o las leyes, durante su mandato y después de él.
Debe incorporarse en el texto constitucional el principio según el cual los delitos o daños cometidos contra la Nación no prescriben, para que sean castigados y reparados en cualquier momento.
La Cámara de Senadores debe desaparecer para dejar exclusivamente la de diputados, con el auténtico carácter de representantes populares, mediante una serie de condiciones, requisitos y exigencias para que se cumpla con ese papel, y para que no se convierta en un centro de cabildeo a través del cual se protejan los intereses de unos cuantos potentados y se olviden los de la Nación.
Llegó el momento de establecer, a nivel constitucional, como requisito para aspirar a un cargo de representación popular el haber prestado servicios reconocidos a la Nación, al Estado o al Municipio, según la elección de que se trate, porque ahora quedan abiertas las puertas para que cualquier rufián o acaudalado, aspire a esos cargos, con los consiguientes riesgos para el pueblo.
La democracia representativa reflejada en todos los puestos de elección popular debe ser consecuente hasta el final. Es decir, la doctrina de la representación, como está ahora, es incompleta, porque el mandante, que es el pueblo, no puede casi bajo ninguna circunstancia, destituir al mandatario, pues se le ha negado sistemáticamente el derecho de revocarle el mandato.
En las condiciones actuales y por salud de la República, no es posible que las autoridades electas, teóricamente por voluntad popular, se mantengan cuando han demostrado ineficiencia, incapacidad o han caído en la corrupción y se mantienen en la impunidad.
De manera urgente hay que transitar de la democracia representativa que ha perdido su esencia, a una democracia participativa, donde el pueblo se convierta en la verdadera fuente de poder, porque como están las cosas ahora ha dejado de serlo, y sus representantes usan y abusan del poder sin control alguno.
En materia religiosa es necesario restituir las normas que garanticen la supremacía del poder del Estado y sujeten al clero a la ley, porque la contrarreforma de Salinas desató las ambiciones del clero para restablecer los fueros y privilegios de la etapa colonial, como lo hemos señalado con claridad en otros artículos publicados en el blog.
Si la campaña electoral que se avecina en México girara, por lo menos, en torno a estas reflexiones que no agotan de ninguna manera el tema y sólo apuntan algunas cuestiones generales en materia constitucional, el pueblo saldría ganando, y los candidatos que participen tendrían que pronunciarse sobre aspectos esenciales de la vida de los mexicanos.
LA IGLESIA TIENE MUCHOS PRIVILEGIOS, PERO QUIERE MÁS.
En México históricamente se ha dado un enfrentamiento entre el poder religioso y el poder civil. Este enfrentamiento tiene su origen en el dominio que ejerció durante 300 años el Estado-iglesia español, es decir, durante toda la etapa colonial.
La lucha por la independencia y los primeros años del México independiente orientados a consolidar una nueva estructura, diferente a la impuesta por los españoles, fue difícil, entre otras cosas, por el obstáculo permanente del poder religioso, representado por los altos dirigentes de la iglesia católica. No se pueden olvidar los pasajes de la propia declaración de independencia, la consolidación de la República por los liberales y la Revolución de 1910, así como los principales frutos jurídico-constitucionales que marcan la vida nacional: la Constitución de 1824, la de 1857 y la de 1917. Dichos ordenamiento fueron y son atacadas sin excepción por la alta jerarquía eclesiástica.
Hasta la fecha, a pesar de que la contrarreforma de Salinas le reconoció personalidad jurídica a las instituciones denominadas iglesias y, con ello el carácter de ciudadanos a los ministros de culto religioso y el consecuente derecho a votar en las elecciones, la iglesia, sobre todo la católica, quiere más. Por eso no se exagera cuando se afirma que lo que busca es recuperar los fueros y privilegios que tuvo y que le daban fuerza para combatir al Estado mexicano.
Por ejemplo “El Chato” Norberto Rivera Carrera no quita el dedo del renglón y sostiene que las reformas constitucionales que reconocieron personalidad jurídica a las iglesias son insuficientes; que se le debe otorgar al clero el derecho de participar en la educación y tener acceso a los medios de información.
Lo que no dijo es que, a pesar de esas reformas y las limitaciones que legalmente tienen los ministros de culto religioso para intervenir en la vida política nacional, la alta jerarquía eclesiástica de la iglesia católica viola la ley todos los días y a toda hora. De hecho se conduce como un partido político, sin las obligaciones legales que tienen las agrupaciones políticas, y cuentan con la complicidad de las autoridades panistas de gobernación que incumplen sus obligaciones, y se hacen de la vista gorda frente a las reiteradas violaciones del clero a las leyes mexicanas.
En realidad los miembros del clero -sobre todo los del alto clero- viven una situación de excepción en materia política. Fiscalmente viven en el paraíso; penalmente gozan de impunidad; constitucionalmente son violadores contumaces y se conducen al margen de la norma superior.
Por cierto, los constitucionalistas tienen materia para la reflexión ante la designación que de los jerarcas católicos hace el Estado Vaticano, que se sujetan así al poder de un Estado extranjero y de hecho renuncian a la nacionalidad mexicana, pero ninguna autoridad los toca.
Cuando las iglesias no tenían personalidad y los ministros de culto religioso no eran reconocidos ciudadanos por haber jurado sumisión a un poder extranjero, como efectivamente es el Vaticano, su status jurídico era distinto al que tienen al adquirir la ciudadanía. Cierto que es una ciudadanía restringida, porque sólo tienen el derecho político de votar, y carecen de los demás, sobre todo del derecho de reunión y de asociación política, pero también, de hecho, han convertido a las iglesias en verdaderos centros de actividad política.
Ahora como ciudadanos, aunque sea a medias, deben abstenerse de jurar obediencia a los representantes de un poder transnacional, que es un deber de todos los mexicanos. Y en esta materia como en otras no debe haber ningún tipo de excepción.
Jurídica y políticamente no tiene ninguna validez el título, denominación, reconocimiento o funciones que un Estado extranjero, cualquiera que sea, otorgue a un ciudadano mexicano, sino cumpliendo los requisitos que la norma constitucional contiene. Lo mismo debe pasar con los ministros de culto, a los que otorga reconocimiento el jefe del Estado Vaticano; desempeñan funciones en virtud de la jerarquía que les otorga la Romana Iglesia, como dijo Karol Wojtyla al elevar a rango de Cardenal a Rivera Carrera, que a su vez juró, si era necesario, el derramamiento de su sangre para cumplir la misión que le encomendó un jefe de Estado extranjero, como es el jefe del Estado Vaticano. ¿Acaso no es fuero mantenerse en estado de excepción?
Cuando afirmo que la iglesia quiere más (no me refiero a la morena de la canción, en México, que quiere otro tipo de cosas), es porque su ambición terrenal no tienen límites. La reciente contrarreforma al artículo 24 constitucional, aprobada por la mayoría de los miembros de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, muestra su insaciable apetito de poder, muy lejos de las funciones supuestamente espirituales que dice representar.
En este sentido está la visita programada, para el mes de marzo, de Joseph Aloisius Ratzinger, el Papa alemán. Este señor viene a México con fines políticos: apoyar al alicaído, y seguramente derrotado, Partido Acción Nacional y de pasada intentar detener la caída libre de la iglesia católica que, cada año pierde, en nuestro país, a miles de feligreses.
La lucha por la independencia y los primeros años del México independiente orientados a consolidar una nueva estructura, diferente a la impuesta por los españoles, fue difícil, entre otras cosas, por el obstáculo permanente del poder religioso, representado por los altos dirigentes de la iglesia católica. No se pueden olvidar los pasajes de la propia declaración de independencia, la consolidación de la República por los liberales y la Revolución de 1910, así como los principales frutos jurídico-constitucionales que marcan la vida nacional: la Constitución de 1824, la de 1857 y la de 1917. Dichos ordenamiento fueron y son atacadas sin excepción por la alta jerarquía eclesiástica.
Hasta la fecha, a pesar de que la contrarreforma de Salinas le reconoció personalidad jurídica a las instituciones denominadas iglesias y, con ello el carácter de ciudadanos a los ministros de culto religioso y el consecuente derecho a votar en las elecciones, la iglesia, sobre todo la católica, quiere más. Por eso no se exagera cuando se afirma que lo que busca es recuperar los fueros y privilegios que tuvo y que le daban fuerza para combatir al Estado mexicano.
Por ejemplo “El Chato” Norberto Rivera Carrera no quita el dedo del renglón y sostiene que las reformas constitucionales que reconocieron personalidad jurídica a las iglesias son insuficientes; que se le debe otorgar al clero el derecho de participar en la educación y tener acceso a los medios de información.
Lo que no dijo es que, a pesar de esas reformas y las limitaciones que legalmente tienen los ministros de culto religioso para intervenir en la vida política nacional, la alta jerarquía eclesiástica de la iglesia católica viola la ley todos los días y a toda hora. De hecho se conduce como un partido político, sin las obligaciones legales que tienen las agrupaciones políticas, y cuentan con la complicidad de las autoridades panistas de gobernación que incumplen sus obligaciones, y se hacen de la vista gorda frente a las reiteradas violaciones del clero a las leyes mexicanas.
En realidad los miembros del clero -sobre todo los del alto clero- viven una situación de excepción en materia política. Fiscalmente viven en el paraíso; penalmente gozan de impunidad; constitucionalmente son violadores contumaces y se conducen al margen de la norma superior.
Por cierto, los constitucionalistas tienen materia para la reflexión ante la designación que de los jerarcas católicos hace el Estado Vaticano, que se sujetan así al poder de un Estado extranjero y de hecho renuncian a la nacionalidad mexicana, pero ninguna autoridad los toca.
Cuando las iglesias no tenían personalidad y los ministros de culto religioso no eran reconocidos ciudadanos por haber jurado sumisión a un poder extranjero, como efectivamente es el Vaticano, su status jurídico era distinto al que tienen al adquirir la ciudadanía. Cierto que es una ciudadanía restringida, porque sólo tienen el derecho político de votar, y carecen de los demás, sobre todo del derecho de reunión y de asociación política, pero también, de hecho, han convertido a las iglesias en verdaderos centros de actividad política.
Ahora como ciudadanos, aunque sea a medias, deben abstenerse de jurar obediencia a los representantes de un poder transnacional, que es un deber de todos los mexicanos. Y en esta materia como en otras no debe haber ningún tipo de excepción.
Jurídica y políticamente no tiene ninguna validez el título, denominación, reconocimiento o funciones que un Estado extranjero, cualquiera que sea, otorgue a un ciudadano mexicano, sino cumpliendo los requisitos que la norma constitucional contiene. Lo mismo debe pasar con los ministros de culto, a los que otorga reconocimiento el jefe del Estado Vaticano; desempeñan funciones en virtud de la jerarquía que les otorga la Romana Iglesia, como dijo Karol Wojtyla al elevar a rango de Cardenal a Rivera Carrera, que a su vez juró, si era necesario, el derramamiento de su sangre para cumplir la misión que le encomendó un jefe de Estado extranjero, como es el jefe del Estado Vaticano. ¿Acaso no es fuero mantenerse en estado de excepción?
Cuando afirmo que la iglesia quiere más (no me refiero a la morena de la canción, en México, que quiere otro tipo de cosas), es porque su ambición terrenal no tienen límites. La reciente contrarreforma al artículo 24 constitucional, aprobada por la mayoría de los miembros de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, muestra su insaciable apetito de poder, muy lejos de las funciones supuestamente espirituales que dice representar.
En este sentido está la visita programada, para el mes de marzo, de Joseph Aloisius Ratzinger, el Papa alemán. Este señor viene a México con fines políticos: apoyar al alicaído, y seguramente derrotado, Partido Acción Nacional y de pasada intentar detener la caída libre de la iglesia católica que, cada año pierde, en nuestro país, a miles de feligreses.
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